A la par de la polémica resolución de la Fiscalía que levantó las órdenes de captura de 23 capos de las bandas criminales de Medellín que hoy están sentados con el Gobierno negociando la paz, y sin una ley que reglamente los beneficios jurídicos de su sometimiento, el Ejecutivo plantea proferir una serie de garantías que sostengan los acuerdos que se han pactado en las mesas de diálogo vía decreto.
En diálogo con EL TIEMPO, la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta aseguró que una de estas políticas, aún en planeación, pretende extender los beneficios administrativos que reciben los desmovilizados de los grupos armados a los delincuentes comunes, miembros de bandas criminales, que decidan someterse.
Tampoco se ha definido su alcance y estaría en discusión a quiénes cobijaría. Si a los jefes o exclusivamente a sus bases.
“En este momento estamos trabajando con el ministro de Justicia en un decreto que amplíe la posibilidad de que lo que hoy conocemos como reinserción también aplique a grupos del crimen organizado de alto impacto. Todo proceso de paz tiene que tener un capítulo de beneficios. Es decir, cuando exista una ley y se firme la paz, quienes se acojan deben tener claridad sobre qué van a recibir: acceso a educación, proyectos productivos, vivienda. Así ocurrió con las Farc, y eso mismo debe existir en el contexto de la paz urbana. Eso no es en materia judicial, sino administrativa”, dijo la congresista, vocera de los llamados ‘espacios de diálogo sociojurídico’ con las bandas criminales de Medellín y el valle de Aburrá.
La senadora Isabel Cristina Zuleta. Foto:Cortesía.
¿De qué se trata?
La vocera de esta mesa especificó que se trata de becas, acceso a viviendas y programas sociales que hoy solo existen para los excombatientes de los grupos insurgentes, a los que se les da un estatus político. “La ley ya abre la puerta y las facultades del ministro permiten avanzar en un decreto que los incluya. Se trata de dar seguridad jurídica sobre qué van a obtener si firman la paz. En eso estamos trabajando”, agregó Zuleta.
El decreto está en construcción y le permitiría al Gobierno tener un margen de maniobra para, por las vías ordinarias, entregarles gabelas a los delincuentes, condenados por delitos como homicidio, desaparición forzada, secuestro y extorsión, pertenecientes a bandas criminales, y que están negociando una serie de acuerdos para bajar los índices de violencia urbana en ciudades como Barranquilla, Medellín y Buenaventura.
Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia. Foto:Minjusticia.
Habla minjusticia
Como faltan apenas cuatro meses para terminar el gobierno Petro y con la ley de sometimiento empantanada en la Comisión Primera de Cámara, desde el Ejecutivo estarían tramitando estas gabelas a través de este decreto, que no descarta la modificación del que ya existe. “Cuando haya borradores más avanzados, el ministro (de Justicia) definirá qué otros actores entran en la discusión de este decreto”, concluyó Zuleta.
Este diario se comunicó con el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien señaló que “no es un decreto de beneficios jurídicos, es de medidas de desmovilización pensando en integrantes rasos que no están privados de la libertad”.
De igual forma, EL TIEMPO contactó a Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación, otra de las entidades intervinientes, quien confirmó el avance de un “Programa de Inclusión Social” orientado a atender a las personas que dejen las armas en el marco de los espacios de Conversación Sociojurídica (ECSJ) para la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Foto:X: @CGRuizMassieu
“Desde la ARN hemos indicado que se requieren ajustes normativos para habilitar la creación e implementación de dicho programa. Hasta el momento, dicha discusión no ha sido formalmente agendada dentro del ECSJ, por lo que no cuenta aún con una fecha definida. Asimismo, se precisa que estas personas no podrían ser atendidas a través del actual programa de reincorporación, en tanto este está dirigido exclusivamente a quienes dejaron las armas en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016. El ajuste normativo efectivamente obedecerá a un decreto que dependerá del sector justicia, pero apenas se dará inicio a esa conversación”, señaló la funcionaria.
Sara Quevedo – @JustiticiaET – sarque@eltiempo.com
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