En medio de la campaña presidencial, que hoy se roba todas las miradas del país político, varios proyectos intentan sobrevivir en esta recta final del Congreso, que concluye el 20 de julio.
LEA TAMBIÉN
Uno de los principales proyectos en trámite, y que agoniza, es la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria. Si bien el presidente de la Cámara, Julián López, dijo a este diario que esa iniciativa es una de las prioridades, luego de la reanudación de la legislatura sigue quieta.
Aunque la sanción presidencial de la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural —la que creó la estructura de esta forma especializada de justicia— ya se dio la semana pasada, todavía está pendiente la aprobación de la ley ordinaria, indispensable para que esta estructura pueda operar plenamente.
Sobre este proyecto, el presidente de la Cámara, Julián López, señaló: “Hay ambiente en todas las bancadas de gobierno, en las independientes y también en sectores de oposición conscientes de cómo se ha socializado este importante proyecto”. A la presión del tiempo se suman los llamados desde el Gobierno y otros sectores para acelerar el trámite. “La Corte Constitucional ya reconoció que esta jurisdicción tiene función estructural en la Rama Judicial. Su operación no puede quedar frenada indefinidamente a la espera de una ley ordinaria”, dijo a inicios de marzo el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.
LEA TAMBIÉN
Otra de las iniciativas clave es la ley de competencias, que, al igual que la anterior, reglamenta un acto legislativo ya aprobado: la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), que elevó gradualmente la participación de las regiones en el presupuesto nacional del 26 % al 39,5 % en un plazo de 12 años.
Esta ley debe definir cómo se distribuirán y en qué podrán invertir departamentos y municipios los recursos que se irán incrementando a nivel regional en los próximos años. Sin esta ley, varios de los cambios previstos en la reforma constitucional no podrían entrar en vigor. El retraso en su presentación fue, de hecho, uno de los primeros puntos de controversia. Aunque inicialmente se había dicho que el texto sería radicado en junio, la iniciativa apenas llegó al Congreso el 15 de diciembre de 2025, luego de varios meses de cuestionamientos por la demora del Gobierno. Su primer filtro estará en la Comisión Primera de la Cámara, donde hay mayorías petristas y, como es una ley que les interesa a varios partidos, podría salir adelante. Si no se aprueba en su primer debate, se hundiría por falta de trámite y habría que presentarla nuevamente, bien sea por este gobierno o por el próximo.
Una tercera iniciativa que sigue en el radar del Congreso es la reforma de la salud, aunque por ahora su futuro inmediato depende de la apelación que presentó el parlamentario Fabián Díaz, de Alianza Verde y aliado del oficialismo. Esa reforma ya fue hundida dos veces por la Comisión VII del Senado, y ahora esperan que corra con la misma suerte de la reforma laboral, archivada en esa célula legislativa y revivida por la plenaria. Pero lo cierto es que hoy no hay ambiente para esa resurrección.
LEA TAMBIÉN
Finalmente, entre los proyectos clave para el Gobierno también está la ‘ley de sometimiento’. La iniciativa busca establecer el marco jurídico para el sometimiento a la justicia de estructuras criminales sin carácter político, al definir beneficios, condiciones y procedimientos para quienes decidan hacer parte de los diálogos sociojurídicos con el Estado.
La discusión aún no ha sido agendada para iniciar su primer debate y el ambiente no es favorable. “No permitiremos que el Gobierno siga promoviendo la impunidad de las bandas criminales”, dijo el representante Julio César Triana hace varias semanas. A esto se suma el concepto negativo que emitió la Defensoría del Pueblo, así como otros reparos desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Esta ley está rondando de escritorio en escritorio desde que comenzó el Gobierno, pero es poco probable que este Congreso la tramite, y más en medio de la polémica por la resolución de la Fiscalía que ordena levantar las órdenes de captura a 23 cabecillas de las bandas criminales de Medellín, herederas del paramilitarismo.
LEA TAMBIÉN
Son 55 días en los que, además, los congresistas que salen buscarán dejar sus últimas leyes, por lo que el calendario, con campaña presidencial encima, no dará abasto.
Así van las alianzas Foto:
PAULA VALENTINA RODRÍGUEZ MORA
Redacción política
Deja una respuesta