Otra vez el mismo problema. Otra vez las quejas ciudadanas por el comportamiento de domiciliarios vinculados a plataformas digitales. Y otra vez el foco sobre Rappi, quizá el mayor referente del sector en Colombia, uno de los llamados “unicornios” de América Latina.
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Pero hay una verdad incómoda que ya no se puede seguir ignorando: ese éxito empresarial también está dejando una huella negativa en las ciudades. El problema dejó de ser aislado. Hoy es cotidiano, visible y, sobre todo, creciente.
En múltiples zonas de Bogotá, especialmente donde se concentran restaurantes y comercio, el espacio público ha sido progresivamente ocupado: andenes convertidos en puntos de espera, aglomeraciones de domiciliarios, residuos acumulados y, en muchos casos, ausencia total de condiciones básicas como acceso a baños. Son áreas que no fueron diseñadas para este uso, pero que hoy funcionan como nodos logísticos informales.
Denuncias por aglomeraciones que muchos domiciliarios hacen en zonas residenciales y comerciales. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
Sin embargo, lo más preocupante es que el fenómeno ha escalado. Ya no se trata solo de desorden urbano. Cada vez son más frecuentes los comportamientos de alto riesgo —e incluso agresivos— en la vía: domiciliarios que se pasan semáforos en rojo, circulan por andenes, conducen a alta velocidad o reaccionan de manera violenta cuando son confrontados. Para muchos ciudadanos, esta fue la gota que rebosó el vaso. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué sigue ocurriendo?
La respuesta está en una zona gris que el Estado no ha logrado resolver. El servicio de domicilios mediante plataformas digitales no encaja plenamente en lo formal, pero tampoco es informal. Y en ese limbo prosperan incentivos equivocados.
Ataque de domiciliarios a conductor en Bogotá Foto:Archivo particular
Las plataformas operan bajo lógicas algorítmicas que premian la velocidad. Entregar más rápido significa mejores ingresos, mejor calificación y más pedidos.
En ese contexto, muchos domiciliarios —presionados por la necesidad y por el sistema— asumen riesgos que afectan su seguridad y la de los demás.
No se trata de estigmatizar a quienes trabajan en este sector, sino de reconocer que el modelo tiene fallas estructurales.
Rappitenderos Foto:Archivo particular
Bajo la etiqueta de “economía colaborativa”, se han trasladado costos al espacio público, a la movilidad y a la convivencia urbana.
Mientras tanto, la regulación ha ido rezagada. En Bogotá hubo intentos por ordenar la ocupación del espacio público durante la administración de Claudia López —con el Decreto 082 de 2021—, pero han resultado claramente insuficientes.
Se requieren decisiones de fondo: regular de manera clara la operación de estas plataformas, definir zonas autorizadas, establecer condiciones de uso del espacio público e incluso explorar esquemas de concesión que permitan mayor control.
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Pero, sobre todo, es indispensable exigir corresponsabilidad a las empresas. No pueden limitarse a capturar beneficios económicos mientras externalizan los costos sociales. Si el algoritmo incentiva conductas de riesgo, entonces también debe ser parte de la solución.
Asimismo, es necesario avanzar en mecanismos efectivos de identificación —placa visible, empresa asociada, registro verificable— y reabrir el debate sobre los vehículos utilizados, incluyendo el uso de motores en bicicletas.
Y hay un punto adicional que ya no puede ignorarse: la seguridad ciudadana. El aumento de quejas por comportamientos agresivos no es menor. Este dejó de ser un asunto de convivencia para convertirse en un problema público.
Agresión de rappitendero a conductor en Bogotá Foto:Redes sociales
Regular no es frenar la innovación; es hacerla sostenible. Porque si el “éxito” de estas plataformas sigue construyéndose a costa del espacio público, la seguridad vial y la convivencia, estamos frente a un modelo que ya no puede seguir operando en la ambigüedad regulatoria.
OMAR ORÓSTEGUI
Director del GovLab de la Universidad de La Sabana
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