A pesar de todos los fracasos de la ‘paz total’, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en la misma estrategia que tiene hoy a varias regiones del país reviviendo la pesadilla de los peores años del conflicto y el poder de los narcocarteles.
Sin que hayan entregado información para desmantelar sus organizaciones criminales y sus millonarios aparatos de extorsión y microtráfico, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha pedido –y la Fiscalía de Adriana Camargo lo ha aceptado de manera diligente– que a 23 capos de las bandas de Medellín se les levanten las órdenes de captura para que puedan salir de prisión y asistir a ‘mesas de paz’, incluso a Bogotá.
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No es una libertad total, pues se supone que estarán en todo momento bajo vigilancia del Estado. Pero en la práctica es una nueva gabela, de las varias que han venido recibiendo en los últimos tres años, para las cabezas de organizaciones criminales tan temidas como la ‘Oficina de Envigado’, ‘los Mesa’ y ‘la Terraza’. Es decir, los herederos directos de ‘don Berna’ que a pesar de estar presos hace años siguen mandando sobre combos y ‘oficinas de cobro’ y también los mismos del ‘tarimazo’ de junio del año pasado con el presidente Petro.
El Gobierno argumenta que gracias a sus diálogos el homicidio viene cayendo en todo el Valle de Aburrá y asegura que el nuevo beneficio apunta a la consolidación de un proceso que, como todos los de la ‘paz total’, si por algo se ha caracterizado es por la opacidad de lo que realmente se está negociando.
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Con acierto, las autoridades regionales han advertido sobre los riesgos de esta decisión, mucho más en momentos en los que el país está en la recta final de las elecciones presidenciales.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Ovidio Gonzalez. Presidencia
Las consecuencias de malas decisiones en la ‘paz total’ abundan. La consolidación criminal de las disidencias, especialmente las de ‘Mordisco’, fue producto de la errática intención de tratar de unificar una negociación con bandas que hasta el 2022 estaban disgregadas. ‘Calarcá’, el gran extorsionador en muchas regiones del país, ha aparecido en zonas donde antes no operaban sus esbirros, y la Fiscalía lleva desde noviembre pensando si su larga lista de burlas a la negociación de paz amerita o no el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura.
Y el Catatumbo y Arauca han pagado con sangre el empoderamiento del Eln en los casi tres años en los que el Gobierno mantuvo viva la fracasada mesa de paz de Caracas y La Habana.
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El tufillo político de los beneficios a los capos, que se acentúa si se considera que la representante del Gobierno en esos diálogos es precisamente una senadora del Pacto Histórico que está haciéndole campaña al candidato presidencial del continuismo, es demasiado fuerte. Y vale entonces preguntarse: si realmente es tan definitivo el compromiso de paz de los jefes de las bandas, ¿no pueden esperar hasta después de la segunda vuelta para gozar del privilegio de salir de la cárcel, precisamente hacia las zonas donde sus estructuras tienen mayor poder de coerción?
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En X: @JhonTorresET
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