Durante más de un año, un equipo de investigadores siguió la pista de una estructura criminal que había logrado expandirse desde el Valle de Aburrá hasta Bogotá y varios puntos del país. La operación no fue inmediata. Se construyó a partir de infiltraciones con agente encubierto, interceptaciones telefónicas, cruces de información en bases de datos, análisis de vínculos, entrevistas y declaraciones juradas. A ese trabajo se sumaron inspecciones judiciales a procesos y la revisión de álbumes fotográficos que permitieron identificar rostros, relaciones y patrones de actuación.
El punto de quiebre llegó con una ofensiva simultánea en tres territorios. Quince diligencias de registro y allanamiento, ejecutadas en Suba, Soacha y Chiriguaná, dejaron 18 capturas, 17 por orden judicial y una en flagrancia. Entre los detenidos estaban cuatro hombres identificados como sicarios activos en Bogotá, señalados de ejecutar homicidios selectivos en medio de disputas por control territorial.
El rastro de ‘El Mesa’ en Bogotá. Foto:Policía.
La investigación permitió reconstruir la trayectoria del Grupo de Delincuencia Organizada “El Mesa”, una estructura con raíces en Bello, Antioquia, que se remonta a las dinámicas del narcotráfico de finales del siglo pasado. Sus antecedentes se conectan con las llamadas “oficinas de cobro”, organizaciones que evolucionaron hacia esquemas más complejos de control territorial y rentas ilegales. Con el paso de los años, el grupo consolidó presencia en barrios de Bello y Medellín, y posteriormente extendió su influencia hacia municipios de Cundinamarca y la capital del país.
A partir de la investigación y los resultados operativos alcanzados, las autoridades iniciaron el proceso de extinción de dominio sobre 17 bienes muebles e inmuebles ubicados en Antioquia, Tolima, Cundinamarca y el Eje Cafetero. Según explicó el coronel Elver Alfonso, director de investigación criminal, estos activos están avaluados en más de 20 mil millones de pesos y hacen parte de una estrategia para golpear las finanzas del grupo criminal conocido como “Mesa”. “Se busca atacar directamente el músculo financiero que sostiene su logística criminal”, señaló el oficial.
Dentro de los bienes afectados figuran varios vehículos utilizados para las operaciones de la estructura ilegal. Entre ellos se encuentran “04 camionetas Toyota TXL, una blindada, dos taxis y dos Chevrolet Spark”, que, según las autoridades, eran empleados para facilitar la movilidad y las actividades delictivas del grupo. Con estas medidas, se pretende debilitar su capacidad operativa y limitar su presencia en las regiones donde mantenía influencia.
En Bogotá, la organización se asentó en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y La Candelaria. Allí replicó un modelo basado en la ocupación progresiva de zonas estratégicas, la distribución de funciones dentro de la estructura y el uso de violencia para evitar la entrada de grupos rivales. Cada integrante tenía un rol definido dentro de una jerarquía que permitía sostener el control del territorio y garantizar la continuidad de actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, la extorsión y los homicidios selectivos.
En operativos simultáneos fueron capturados 23 presuntos integrantes de ‘El Mesa’. Foto:Policía Metropolitana de Bogotá
Uno de los hallazgos centrales de la investigación fue el uso sistemático de taxis como fachada. Los vehículos de servicio público eran empleados para transportar cabecillas, movilizar armamento y desplazar sicarios entre distintos puntos de la ciudad. Esta estrategia les permitía circular en zonas de alta afluencia sin generar alertas y dificultaba la acción de las autoridades en entornos urbanos donde el transporte público es constante.
La estructura no delinquía de manera aislada. Las autoridades identificaron vínculos con al menos 80 personas adicionales, relacionadas en calidad de indiciados dentro de 208 procesos judiciales por delitos como homicidio, extorsión, rebelión, lesiones personales y desplazamiento forzado. Este entramado evidencia una red que supera la operación local y que se articula con otras dinámicas criminales en diferentes regiones del país.
El liderazgo de la organización en Bogotá y Soacha recaía en alias Pekus, señalado como el responsable de coordinar la expansión del grupo hacia nuevos territorios. Según la investigación, era quien ordenaba homicidios, definía cobros extorsivos y articulaba las acciones de los distintos frentes. Bajo su mando operaban figuras como alias Pachito, identificado como coordinador de sicarios y encargado del entrenamiento de jóvenes reclutados en Antioquia para operar en la capital, y alias El Mechudo, responsable de la administración de las rentas ilegales.
Los testimonios recogidos durante el proceso describen un esquema de presión constante sobre la población.
Comerciantes, transportadores y residentes eran obligados a pagar cuotas periódicas. El incumplimiento de estas exigencias derivaba en amenazas, desplazamientos o asesinatos. Entre los casos documentados aparecen homicidios ocurridos en barrios de Ciudad Bolívar y Soacha, relacionados con retrasos en pagos extorsivos o con la venta de estupefacientes sin autorización de la organización.
La estructura también consolidó un sistema de financiamiento diversificado. Además del microtráfico, obtenía ingresos a través de la extorsión, el hurto en diferentes modalidades, el control del transporte informal y la comercialización de productos. Parte de estas rentas eran reinvertidas en bienes como inmuebles, vehículos y negocios, lo que permitía sostener su operación y ampliar su alcance territorial.
En paralelo, el grupo mantenía confrontaciones con otras organizaciones criminales. En Bogotá, una de las disputas más visibles se registró con el denominado ‘Tren de Aragua’, en medio de la pugna por el control de economías ilegales. Estos enfrentamientos incidieron en el aumento de hechos violentos en sectores donde ambas estructuras coincidían.
El operativo reportado por las autoridades también incluyó medidas contra la estructura financiera del grupo. Las autoridades iniciaron procesos de extinción de dominio sobre bienes avaluados en más de 20 mil millones de pesos, afectando la logística y la capacidad de sostenimiento de la organización. De manera paralela, se estableció que el grupo exploraba la posibilidad de expandir su operación hacia España, en busca de nuevas rutas y mercados ante la presión de las autoridades en Colombia.
Las capturas de alias Pekus y de varios de sus sicarios fueron presentadas como una afectación directa a la estructura de mando y a los planes de expansión. Con estos resultados, la investigación logró no solo identificar la red criminal, sino documentar su funcionamiento, sus fuentes de financiación y su proyección territorial, elementos que ahora forman parte de los procesos judiciales en curso.
Jesús Blanquicet
Subeditor Justicia
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