Ante la Sala Especial de Primera Instancia, la Fiscalía radicó la acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, procesados por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, por su presunto rol en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Desde diciembre pasado, por solicitud del ente acusador, los exministros se encuentran en centros de reclusión, «pues la Fiscalía acreditó que las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas y operaban a través de terceros».
La decisión se tomó luego de que «no se sustentara una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o que continúen las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado».
Corte Suprema de Justicia. Foto:EL TIEMPO
Velasco y Bonilla habrían sido las cabezas del «pacto criminal» que describió la fiscal María Cristina Patiño en las audiencias, en las que anotó que ambos habrían intentado corromper al Congreso para pasar las reformas sociales del Ejecutivo. A cambio de sumar apoyos, habrían ofrecido 79 proyectos de la UNGRD e Invías por más de medio billón de pesos, de los cuales solo siete se ejecutaron.
Para la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, envió a la cárcel «los imputados no actuaron de manera episódica o aislada, sino que habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública».
La fiscalía también entrará en materia de investigación Foto:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
También consideró que «la Fiscalía acreditó más allá de un mero antecedente causal la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, en tanto los imputados desde su posición funcional, jerárquica, instrumentalizaron la función administrativa y presupuestal para fines ajenos al interés público, alterando deliberadamente la independencia del Congreso y pervirtiendo la contratación estatal como un mecanismo de intercambio político, lo cual excede por completo el ámbito de la interlocución institucional legítima».
Redacción Justicia
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