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La convocatoria se formalizó mediante los Autos 2026-01-151067 y 2026-01-151056, con los que el ente de control avanza en la revisión de los acuerdos radicados por la promotora de ambas compañías entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Estos documentos cuentan con un respaldo mayoritario de los acreedores: 82% en el caso de Franquicias y Concesiones S.A.S. (Presto) y 76% para Restcafé S.A.S. (OMA).
El proceso se desarrolla en un contexto de alta competencia dentro del sector de alimentos, donde las marcas buscan mantener su operación, proteger su participación en el mercado y ajustar sus estructuras financieras para continuar operando en condiciones sostenibles.
¿Qué se busca en este acuerdo de reorganización?
El dueño de las marcas Presto y OMA está haciendo cierres de locales. Foto:CEntro Comercial Fundadores de Manizales
Los acuerdos presentados por ambas compañías buscan reorganizar pasivos significativos. En el caso de Restcafé S.A.S., la cifra se acerca a los 114.000 millones de pesos, mientras que Franquicias y Concesiones S.A.S. proyecta la reestructuración de cerca de 104.000 millones.
Este volumen de obligaciones refleja los desafíos financieros que enfrentan las empresas en un entorno de consumo ajustado y competencia creciente entre cadenas de alimentos, tanto nacionales como internacionales. En este escenario, la reorganización se convierte en una herramienta para preservar la operación y ajustar las condiciones de pago con sus acreedores.
El respaldo mayoritario de los acreedores a los acuerdos sugiere un interés por mantener la continuidad de ambas compañías dentro del mercado. Sin embargo, el proceso aún depende de la validación judicial, que determinará si los términos cumplen con los requisitos legales establecidos.
Aspectos clave de la evaluación
cafe oma Foto:Oma
Durante la audiencia programada para el 20 de abril, el juez del concurso evaluará la legalidad de los acuerdos y verificará aspectos clave antes de su eventual confirmación. Entre ellos, la existencia de obligaciones relacionadas con seguridad social y retenciones de carácter obligatorio, elementos que deben estar al día para avanzar en el proceso.
Este paso es determinante, ya que la aprobación de los acuerdos permitiría a las empresas continuar con su actividad bajo nuevas condiciones financieras. En caso contrario, el proceso podría tomar otro rumbo dentro del régimen de insolvencia.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó el alcance de este tipo de mecanismos dentro del sistema empresarial. “Este acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite preservar unidades productivas relevantes y proteger el empleo, mediante herramientas que facilitan la recuperación de las empresas”, señaló.
Desde la Superintendencia de Sociedades se reiteró el enfoque institucional frente a estos procesos. “Desde la Superintendencia de Sociedades reiteramos nuestro compromiso con la salvaguarda del tejido empresarial y la promoción de soluciones que contribuyan a la estabilidad económica del país”, agregó Escobar.
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