En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, este 9 de abril, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) dio a conocer la nueva actualización del Universo de personas dadas por desaparecidas en Colombia.
Y bajo este panorama, Antioquia es el territorio donde el silencio de la desaparición se siente con más fuerza.
Con corte a marzo de 2026, las cifras de la UBPD revelan una realidad abrumadora: 29.044 personas han desaparecido en este departamento.
Imágenes del reencuentro. Foto:UBPD
Para ponerlo en perspectiva, este ejército de ausentes equivale a llenar casi 100 vagones del Metro de Medellín a su máxima capacidad o a ocupar el 64% de las tribunas del Estadio Atanasio Girardot. No es solo estadística; es como si los habitantes de municipios enteros como Jardín y Jericó sumados fueran borrados simbólicamente por el conflicto.
La complejidad de este fenómeno en la región muestra que Antioquia actúa como un imán y, a la vez, como un punto de expulsión en las dinámicas de la guerra.
De los casos registrados, 16.915 corresponden a personas nacidas en tierras antioqueñas, pero hay un dato revelador: 13.500 víctimas nacieron en otros departamentos y fueron reportadas como desaparecidas en suelo paisa.
Proceso de entrega digna. Foto:UBPD
Esta movilidad evidencia el carácter estratégico de la zona, donde el rastro de 3.263 personas se pierde en corredores críticos que conectan el norte del departamento con el Darién chocoano, el sur de Córdoba y el Magdalena Medio santandereano.
El aumento en la cifra nacional, que pasó de 99.235 en 2021 a 136.010 en 2026, no debe leerse como un recrudecimiento reciente del flagelo, sino como un ejercicio de honestidad histórica.
Gracias a la depuración de bases de datos y al contraste con la Registraduría, la UBPD ha logrado que historias que antes estaban dispersas hoy tengan un registro oficial. Como explica Luz Janeth Forero Martínez, directora de la entidad, no se trata de números, sino de la recuperación de identidades y del derecho fundamental de las familias a saber qué pasó con los suyos.
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