Cuatro ingresos a prisión no bastaron para mantener tras las rejas a Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido como ‘El Montañero’. Su historial reúne condenas por homicidio, concierto para delinquir, hurto, cohecho, falsedad en documento público y porte ilegal de armas. En cada caso, los registros muestran un mismo desenlace: salidas anticipadas antes de cumplir la totalidad de las penas.
Dentro del expediente judicial aparece como uno de los integrantes del grupo delincuencial organizado El Mesa con mayor tiempo de condena: 26 años y 8 meses de prisión. El delito que concentra el peso de esa sentencia es el homicidio agravado.
Los archivos de la Policía y de la Rama Judicial permiten reconstruir parte de su recorrido. En 1998 fue procesado por tentativa de homicidio, tentativa de hurto agravado y cohecho por dar u ofrecer. Dos años después, el 7 de octubre del 2000, se fugó de la cárcel de San Quintín. A ese episodio se suman otros diez procesos relacionados con delitos contra la seguridad pública.
El rastro de ‘El Mesa’ en Bogotá. Foto:Policía.
En las bases de datos y registros judiciales, este hombre figura con tres identidades: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez —su nombre de nacimiento—, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña, con el que ingresó en 2023 a la ‘paz total’ con el Gobierno nacional.
Su nombre volvió a aparecer en decisiones recientes del Gobierno. Días atrás fue designado gestor de paz y se le levantó la orden de captura. La medida fue revertida esta semana, junto con otras 15 resoluciones similares que cobijaban a integrantes de bandas en Medellín.
El rastro de la organización a la que ha estado vinculado se remonta a varias décadas. Según reportes de las autoridades, el grupo surgió en el barrio El Mesa, en Bello, hace entre 35 y 40 años. Desde entonces ha ampliado su presencia y consolidado distintas fuentes de financiación.
Alias El Montañero durante una de las sesiones de vocería de la mesa de paz urbana. Foto:Suministrada.
Uno de los primeros hechos documentados ocurrió el 3 de noviembre de 2003, en Bogotá. Ese día, integrantes del grupo intentaron asaltar un camión de valores de la empresa Wackenhut de Colombia S.A. en el barrio Las Flores. Siete personas fueron capturadas y luego condenadas, entre ellas Pérez Peña, señalado entonces como cabecilla.
Las investigaciones ubican el centro de sus ingresos en el microtráfico de estupefacientes, junto con otras actividades como hurto, fleteo y extorsión. A esto se suma la presión sobre comerciantes, transportadores y residentes, a quienes se les exige pagos periódicos. También se registran casos de venta de licor adulterado y desplazamientos forzados.
El funcionamiento de la estructura se apoya en el control territorial. De acuerdo con informes oficiales, la organización regula la distribución de droga, impone cobros y recurre a la intimidación con armas de fuego para mantener dominio en los sectores donde opera. Ese control incluye la intervención en la venta de predios y la ejecución de homicidios selectivos.
Otro componente identificado es el manejo de bienes de consumo básico. La estructura adquiere o produce alimentos y los comercializa en las zonas bajo su influencia, obligando a la población a comprarlos dentro de ese circuito. Este esquema le permite asegurar ingresos diarios a partir de distintas rentas.
El dinero obtenido por estas actividades es incorporado a circuitos legales mediante la compra de inmuebles, fincas, vehículos, motocicletas y negocios como chatarrerías. Con esa base, la organización sostiene su operación y extiende su presencia.
La estructura también distribuye funciones entre distintos componentes. Cada uno cumple tareas específicas que permiten responder ante operativos y reorganizarse con rapidez. Ese diseño, según las autoridades, busca proteger el núcleo central y mantener en funcionamiento las rentas ilegales.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
Deja una respuesta