En el municipio de Calamar, Bolívar, la energía eléctrica estaraía dejado de ser más que un servicio básico para convertirse en el epicentro de una crisis de derechos fundamentales.
José del Carmen Pacheco- actuando en representación de una comunidad que se siente acosada, según ellos, por la facturación y los cortes programados que realiza la empresa Afinia- ha radicado una acción de tutela que busca frenar lo que califica como un «proceder fraudulento» que amenaza la vida digna de sus habitantes.
“Los días martes, jueves y sábado no tenemos servicio en todo el pueblo aproximada 9 horas: de 8 am a 4 pm; antes los cortes eran de 8 am a 2 pm”, asegura el veedor que elevó la tutela.
La acción judicial, interpuesta ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Calamar, no solo apunta a la empresa prestadora del servicio, sino que vincula a la Presidencia de la República y a los ministerios de Salud y Educación, advirtiendo que los cortes de energía están paralizando servicios vitales para la niñez y la población vulnerable.
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Afinia asegura que Calamar genera un 65 por ciento de pérdidas por el no pago del servicio por parte de la comunidad, y eso es verdad; pero es debido a los exagerados costos de las tarifas: hay recibos de 200,300 y 400 mil pesos, en sectores vulnerables. Es imposible para una familia pobre pagar esos costos tan elevados
José del Carmen PachecoVeedor ciudadano.
¿Cobros fraudulentos?
Protestas en Calamar contra Afinia Foto:Archivo particular
Según el documento judicial, Afinia habría implementado maniobras administrativas sin el conocimiento pleno de los suscriptores, derivando en lo que la comunidad percibe como una vulneración sistemática al debido proceso.
La comunidad denuncia que la suspensión del servicio se está realizando de manera arbitraria, afectando el mínimo vital.
“Afinia asegura que Calamar genera un 65 por ciento de pérdidas por el no pago del servicio por parte de la comunidad, y eso es verdad; pero es debido a los exagerados costos de las tarifas: hay recibos de 200,300 y 400 mil pesos, en sectores vulnerables. Es imposible para una familia pobre pagar esos costos tan elevados”, dice José del Carmen Pacheco en diálogo con EL TIEMPO.
En una región, donde el calor que impacta a las condiciones socioeconómicas es implacable, la falta de energía eléctrica se traduciría en la pérdida de alimentos, la imposibilidad de estudiar de cientos de niños y jóvenes y el riesgo para quienes dependen de equipos médicos en sus hogares.
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Cortes programados estarían
impactando aulas y hospitales
Calamar, Bolívar Foto:Archivo particular
Lo que hace que esta tutela sea de alto impacto es la vinculación de carteras nacionales.
El accionante argumenta que la crisis eléctrica en Calamar ha trascendido el ámbito privado para convertirse en un problema de Salud Pública y Educación.
Según la tutela, sin energía, las escuelas rurales y urbanas de Calamar quedan desconectadas, impidiendo el uso de herramientas tecnológicas y afectando el desarrollo pedagógico de los menores, y por lo tanto impactando el derecho a la educación:
Lea y descargue la tutela contra Afinia
La crisis en este servicio público también estaría impactando el derecho a la salud, debido a la falta de refrigeración para medicamentos y el cese de operaciones en centros de atención básica por inestabilidad eléctrica ponen en riesgo la vida de la comunidad.
«Se encuentran vulnerados nuestros derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud y la educación, especialmente en contextos de vulnerabilidad como es el caso de nuestros niños», señala José del Carmen Pacheco.
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Piden frenar más cortes
Ante la inminencia de un perjuicio irremediable, Pacheco ha solicitado al Juez una Medida Provisional.
El objetivo es que Afinia se abstenga de realizar cortes o suspensiones del servicio mientras se resuelve el fondo de la tutela, garantizando que Calamar no quede a oscuras durante el proceso legal.
El accionante, quien cuenta con la certificación de la Secretaría de Gobierno Municipal de Calamar como suscriptor reconocido y representante de la comunidad, ha adjuntado pruebas que incluyen reclamaciones previas ante la empresa y actas de elección comunal que respaldan su legitimidad.
“Venimos luchando desde hace cuatro años con Afinia, porque buscan adelantar un proyecto para la reestructuración de redes. Ellos quieren instalar contadores satélites pero la gente no los acepta. Alcanzaron a instalar varios en un barrio y las tarifas se dispararon”, suma el denunciante.
Colapso del servicio
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Este caso pone nuevamente sobre la mesa la tensa relación entre las empresas de servicios públicos en varios pueblos del Caribe colombiano y sus usuarios.
Mientras Afinia defiende su derecho a la sostenibilidad financiera y el cobro de la cartera, la comunidad de Calamar exige que el servicio se preste bajo los principios de equidad, transparencia y respeto a la dignidad humana.
Los días martes, jueves y sábado no tenemos servicio en todo el pueblo aproximada 9 horas: de 8 am a 4 pm; antes los cortes eran de 8 am a 2 pm
José del Carmen Pachecoveedor ciudadano.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Calamar tiene ahora la responsabilidad histórica de decidir si el flujo eléctrico puede ser utilizado como medida de presión o si, por el contrario, debe protegerse como el soporte vital de una sociedad que se niega a ser desconectada del desarrollo.
Este fallo podría sentar un precedente para cientos de municipios que enfrentan crisis similares con sus respectivos operadores energéticos de sus regiones.
Además, te invitamos
a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
CARTAGENA
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