El exviceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, es el nuevo miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, una agencia técnica de Naciones Unidas con facultades cuasijudiciales para vigilar y reglamentar la distribución de estupefacientes.
En entrevista con EL TIEMPO, habló sobre su nombramiento —que se dio tras la postulación del Estado colombiano—, la evaluación de la política de drogas del gobierno Petro y los roces con la ONU por el informe de monitoreo de cultivos ilícitos.
El presidente Gustavo Petro trinó a propósito de su nombramiento y aseguró que es una oportunidad para «expresar la posición como país de prohibir las sustancias por razones puramente científicas y de garantizar la máxima cientificidad en las estadísticas que miden las producciones», ¿recibió alguna instrucción o derrotero para poner sobre la mesa de la JIFE?
No. El cargo o la elección como miembro de la JIFE es a título de experto independiente. Los Estados postulan nombres, y el Consejo Económico y Social elige. Pero se elige a título personal, como experto individual e independiente. Entonces no es algo que represente al Gobierno de Colombia, pese a que el Estado colombiano postuló mi nombre.
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes Foto:Archivo
El país ha tenido en la agenda internacional propuestas como la de eliminar la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas. ¿Usted podría hacer algún tipo de gestión desde la Agencia para avanzar en esos temas?
Sobre la desclasificación de la hoja de coca, existió una solicitud antigua de Bolivia para su reconocimiento, sobre todo en relación con usos ancestrales como el ‘acullico’. Colombia coadyuvó esa solicitud y la OMS realizó un estudio que dio un dictamen negativo frente a la posibilidad de desclasificarla. Ese es el estado actual del tema.
¿Se podría insistir en esa iniciativa?
Eso corresponde a los gobiernos. Ellos pueden presentar solicitudes en ese sentido. Pero, por ahora, el procedimiento ya se surtió con el dictamen de la OMS, y ese es el marco vigente.
En el informe de este año, la JIFE insta al Gobierno colombiano a publicar el informe SIMCI de medición de cultivos ilícitos, que por primera vez en 20 años no se publicó en 2024. ¿Qué lectura hace de esta demora y de las mesas de trabajo entre el Gobierno y la UNODC?
Entiendo que el Gobierno ha presentado objeciones frente a la metodología de la UNODC, especialmente en el cálculo del potencial de producción de hoja de coca. Sé que se van a realizar mesas técnicas porque la UNODC también abre ese espacio de discusión. No tengo claridad sobre si hubo o no un retraso puntual en la publicación del informe. Pero sí es claro que las políticas de drogas deben basarse en datos. Esos datos pueden provenir de censos, imágenes satelitales o análisis socio-demográficos, pero siempre debe haber una revisión crítica de las metodologías. Ojalá el Gobierno y la UNODC logren un acuerdo que permita medir con mayor precisión la realidad. Porque el problema no es solo de cifras, sino de lo que está pasando en los territorios y de cómo mejorar la situación de las poblaciones más vulnerables.
¿Cree que debería cambiar la metodología para medir la producción potencial de cocaína?
Es importante que haya diálogo. Toda metodología es susceptible de discusión y mejora. Si se logra una fórmula mejor, bienvenida sea.
Cocaína del Clan del Golfo Foto:Ejército
¿Qué evaluación hace de la política de drogas de este Gobierno, tras su salida del Ministerio de Justicia y en estos meses en los que ha estado ‘viendo los toros desde la barrera’?
Cuando uno lidera estos temas entiende que se trata de un mercado internacional. Por eso, las políticas nacionales, por pertinentes que sean, sin coordinación y cooperación internacional, difícilmente logran una respuesta integral. Además, la economía de las drogas está hoy conectada con otras economías ilícitas: trata de personas, tráfico de otras sustancias, minería ilegal. Todo esto se cruza con dinámicas globales como el precio del dólar, las fronteras y situaciones regionales como las de Ecuador o Venezuela. Es un contexto altamente volátil y complejo. Es difícil hacer un diagnóstico definitivo. Yo creo que es sensato pensar en un viraje hacia un tránsito de economías, articulado con una política de paz; pero el escenario es tan desafiante que siempre quedará mucho por hacer.
¿Cuáles son los principales retos que asume con su llegada a la agencia, viniendo del principal país productor de cocaína del mundo? ¿Cómo va a trasladar la experiencia y los conocimientos técnicos de la lucha antinarcóticos colombiana a ese escenario?
En los escenarios de Naciones Unidas siempre ha sido muy relevante la particularidad de América Latina y el Caribe en el mercado internacional de drogas: fronteras porosas, presencia de actores multicrimen, dinámicas territoriales, rutas marítimas, influencia de Estados Unidos. Pero la JIFE no solo se ocupa de sustancias fiscalizadas, sino también de aquellas de uso científico y médico. Esto es clave en contextos como crisis humanitarias o ambientales, donde hay particularidades importantes en nuestra región.
Sara Valentina Quevedo y Natalia Peláez – Redacción Justicia
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