En la segunda jornada de debate de control político a la Secretaría de Seguridad y Justicia, el Concejo Distrital de Cali reveló cifras alarmantes sobre el impacto del multicrimen en la población joven.
Según el balance presentado en la plenaria, Cali registra una tasa de 45,6 muertes por cada 100 mil habitantes, consolidándose como la ciudad principal más violenta de Colombia.
Hay preocupación por el aumento de homicidios en lo que va del 2026. Foto:Mario Caicedo / EFE
De los 1.067 homicidios ocurridos en 2025, 479 víctimas eran menores de 28 años, lo que ha reactivado la propuesta de implementar un toque de queda sectorizado y focalizado para proteger a la niñez y la juventud en las comunas más críticas.
El mapa de la exclusión coincide con el de la muerte
El concejal Sergio Mauricio Zamora Betancur inició el análisis señalando que la violencia en Cali no es un fenómeno aislado, sino que está intrínsecamente ligada a la falta de oportunidades.
Las comunas 13, 14, 15 y 21 concentran la mayor cantidad de hechos de sangre, coincidiendo con sectores de pobreza extrema y deserción escolar.
Zamora advirtió que la economía del crimen se sustenta en actividades como la minería ilegal en los Farallones y el narcotráfico, motores que financian el armamento de estructuras ilegales que ya registran presencia visual mediante pancartas en zonas rurales y periféricas.
Las ‘Megatomas’ en sectores críticos de la ciudad, entre las estrategias de seguridad. Foto:Policía Metropolitana de Cali
Crisis en la infraestructura tecnológica y operativa
El debate puso bajo la lupa la eficacia de las herramientas de vigilancia de la ciudad, revelando preocupantes hallazgos sobre su operatividad real.
El concejal Roberto Ortiz Urueña denunció la aparición de mensajes alusivos a las ‘Autodefensas Unidas de Nariño’ en sectores críticos como Siloé y la avenida Circunvalar, cuestionando directamente la inoperatividad de las cámaras de seguridad para prevenir y registrar este tipo de expresiones que alteran la convivencia y generan zozobra en la comunidad.
En la corporación también cuestionaron las capacidades de la Fuerza Pública. Foto:Concejo de Cali.
En materia de infraestructura tecnológica, se reveló que cerca de la mitad de la red de fibra óptica destinada a soportar el sistema de cámaras de vigilancia no se encuentra en funcionamiento.
Esta falla estructural limita significativamente la capacidad de monitoreo continuo en tiempo real, reduciendo la efectividad de las estrategias de seguridad que dependen de la información visual para la toma de decisiones operativas.
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Asimismo, el debate abordó el estado de proyectos emblemáticos que permanecen estancados. Concejales como Juan Felipe Murgueitio cuestionaron el avance de la prometida Megaestación del Sur, una infraestructura clave para fortalecer la presencia institucional en una zona de alta complejidad.
La demora en su consolidación no solo representa un retraso en la inversión pública, sino que prolonga la vulnerabilidad de las comunidades que esperan una respuesta integral del Estado.
Por otro lado, se criticó la subutilización de recursos en un contexto de presupuestos históricos.
El concejal Flower Enrique Rojas señaló que, pese a contar con la asignación financiera más alta de la historia para seguridad, efectivos de la Policía son desviados con frecuencia a funciones de control de tránsito, en lugar de concentrarse en la ejecución de planes estratégicos como los ‘planes candado’ diseñados para contrarrestar el hurto y el fleteo.
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Esta situación evidencia una brecha entre la disponibilidad de recursos y su impacto efectivo en la reducción de la criminalidad.
De esta manera, el debate dejó en evidencia la necesidad de articular una gestión más eficiente de la tecnología, la infraestructura y el talento humano, garantizando que las inversiones en seguridad se traduzcan en resultados tangibles para la protección de la ciudadanía y la recuperación de la confianza en el espacio público.
Plan de seguridad para el servicio de transporte MIO de Cali. Foto:Policía Metropolitana de Cali
Cuestionamientos a la inversión social y liderazgo
La efectividad de programas sociales como ‘En la Buena’ fue duramente criticada por el concejal Rodrigo Salazar Sarmiento, quien reveló que 9 de cada 10 jóvenes desertan del programa.
Por su parte, la concejal Tania Fernández instó al secretario Javier Garcés a articularse con las carteras de Educación y Desarrollo Económico para ofrecer alternativas reales al microtráfico, además de exigir claridad sobre el estado del helicóptero ‘Halcón’.
La plenaria coincidió en que la falta de liderazgo y la ausencia del alcalde en la dirección de la estrategia de seguridad han atomizado los esfuerzos institucionales. La concejal Alexandra Hernández urgió la creación de un comando unificado que permita análisis en tiempo real y acciones anticipadas.
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Hacia medidas restrictivas de protección
Ante el fenómeno del ‘guireo’ y el ‘chacaleo’ (enfrentamientos entre pandillas jóvenes), los concejales Marlon Cubillos y Carlos Andrés Arias insistieron en que el toque de queda para menores en zonas vulnerables es una respuesta necesaria frente a la instrumentalización de la juventud por bandas criminales.
El debate continuará este jueves 9 de abril, donde el secretario de Seguridad, Javier Garcés Mosquera, deberá responder a los cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal y la efectividad de las políticas públicas actuales frente al incremento de la tendencia de muerte en la ciudad.
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