En el país, todos los días se registran al menos 11 protestas o conflictos sociales, atomizados en las regiones y con diferentes arengas. Precisamente, este 9 de abril hubo un paro nacional convocado, entre otras razones, en rechazo al incremento en los avalúos catastrales y, en simultáneo, se registraron protestas de taxistas en el aeropuerto El Dorado.
EL TIEMPO accedió en primicia a un informe de la Defensoría del Pueblo que desde enero de 2022, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, viene siguiendo el pulso de las protestas y manifestaciones que estallan en los territorios.
Los usuarios de la Nueva EPS en Providencia aseguran sentirse abandonados por el Estado. Foto:Cortesía Clara Ramírez
Lo que muestran los datos más recientes es un panorama en ebullición: en 2025 se registraron 4.039 eventos de conflictividad social en Colombia, lo que equivale a 11 eventos diarios y representa un aumento del 5 % frente a 2024, cuando se reportaron 3.832.
En el comparativo, la cifra es un 97 % más que en 2023, cuando se registraron 2.046 eventos, y un 183 % más que en 2022, cuando se observaron 1.427.
Los manifestantes acudieron principalmente a los bloqueos o cortes de ruta, que concentraron el 41 % de los casos, seguidos por los plantones o concentraciones (39 %), las marchas o movilizaciones (5 %) y otras formas de expresión (15 %).
Detrás de este gráfico, según la Defensoría, hay problemas que no se resuelven o que escalan hasta el punto en que terminan en demandas colectivas que exigen respuesta, sobre todo del Estado.
El mapa de la conflictividad en 2025 deja ver que los temas laborales siguen siendo el principal detonante, con el 18 % de los casos.
Le siguen las inconformidades con los servicios públicos domiciliarios (13 %), los reclamos por mayor inversión o presencia estatal (12 %), las exigencias por acceso a la educación —incluidos los paros estudiantiles— (11 %) y las preocupaciones por afectaciones a derechos como la vida, la libertad, la integridad y la seguridad (11 %).
Los conflictos se extendieron a 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá (11 %), pero hubo muchos más en Valle del Cauca, Santander, Bolívar, Antioquia, Atlántico, Magdalena y Córdoba, que encabezaron el mapa.
Los conflictos por el derecho a la salud, aunque ocupan el quinto lugar, con el 8 %, aumentaron un 81 % frente a 2024: pasaron de 175 a 317 casos.
Pacientes, familiares y cuidadores salieron a las calles a reclamar desde medicamentos hasta citas con especialistas, tratamientos y traslados. A esto se sumaron las inconformidades específicas con el régimen especial de maestros y de pensionados de la fuerza pública.
En paralelo, los trabajadores de la salud mantuvieron protestas constantes por la inestabilidad laboral, la falta de pagos, de insumos y, en general, por condiciones precarias para ejercer su trabajo.
En la Ruta del Sol, en San Alberto (Cesar), afectados por el catastro, bloquearon la vía. Foto:X @periodispublico.
Después aparecen las controversias por políticas de transporte (6 %) y las disputas por tierra y vivienda (4 %).
A estos se suman, en menor proporción, reclamos por ambiente y protección animal (3 %), violencias de género o contra la diversidad sexual (3 %), conflictos de sectores productivos (2 %) y otras múltiples demandas (2 %). El 7 % restante corresponde a otros tipos de conflictividad.
El año también estuvo atravesado por la polarización política. En plena antesala de las elecciones presidenciales y de Congreso, las calles fueron escenario tanto de movilizaciones en respaldo al Gobierno como de protestas en contra de sus reformas.
Pero hay un factor que se repite: el incumplimiento de acuerdos.
Según la Defensoría, durante 2025 persistieron las dificultades para materializar compromisos pactados en conflictos sociales, tanto de este como de gobiernos anteriores.
Eso reactivó tensiones en distintos sectores, desde mineros informales y arroceros hasta transportadores, comunidades de los páramos y poblaciones históricamente vulnerables que no ven avances concretos.
«Aunque fue positiva la disposición al diálogo del Gobierno nacional para atender las necesidades de diferentes sectores, desafortunadamente en algunos casos se observó el desgaste de estos espacios, la desconfianza de las comunidades y el poco avance o incumplimiento de acuerdos, lo que generó una serie de manifestaciones de inconformidad que podrían continuar presentándose y escalando durante 2026, dependiendo, principalmente, del cumplimiento de los distintos compromisos suscritos», dice el informe.
La radiografía de la conflictividad
Haciendo zoom sobre cada causa, la Defensoría señaló que detrás de las reclamaciones laborales están la falta de contratación, los problemas en los nombramientos públicos y los retrasos en salarios y prestaciones, especialmente en sectores como minas y energía, educación y salud.
Precisamente, el sistema de salud es uno de los focos de atención por la disparada de las reclamaciones, que hace espejo al aumento de las tutelas, ambos casos reflejan una vulneración a este derecho fundamental.
Otro foco en crecimiento fueron las reclamaciones por la tierra. Los conflictos por propiedad, vivienda y territorio aumentaron un 40 %, impulsados por demoras en la entrega de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras, ocupaciones de bienes en procesos de extinción de dominio y tensiones por adjudicación a poblaciones externas.
¿Quiénes están detrás de estas movilizaciones?
El abanico es amplio. La ciudadanía en general lidera con el 25 % de los eventos, seguida de la comunidad educativa —estudiantes, docentes y padres— con el 15 %. Luego aparecen usuarios de servicios públicos (11 %), trabajadores y sindicatos (10 %), usuarios de salud (6 %), transportadores (5 %), comunidades indígenas (5 %) y el sector agropecuario (4 %), entre otros.
Las razones también varían según el actor. La ciudadanía reclama, sobre todo, por seguridad, presencia estatal, servicios públicos y acceso a tierra y vivienda. La comunidad educativa concentra sus demandas en seis frentes: derecho a la educación, condiciones laborales de los docentes, infraestructura, seguridad, salud y casos de violencia de género.
Por su parte, los usuarios de servicios públicos reclaman fallas o desabastecimiento de agua y energía. Y en las pancartas del sector trabajador y sindical aparecen exigencias como la formalización del empleo y condiciones dignas.
Protestas por masacres en Colombia Foto:Néstor Gómez / EL TIEMPO
La Defensoría prevé que para 2026 las calles continúen como la tarima en la que el “Gobierno nacional, a pocos meses de terminar su mandato, busque defender sus reformas, proyectos y programas, en un escenario electoral altamente polarizado”.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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