A 47 días de la primera vuelta presidencial, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia advirtió su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la campaña y reiteró la necesidad de garantizar la seguridad de candidatos y votantes. El mensaje, que incluyó un llamado a construir un entorno electoral libre de estigmatización, quedó consignado en el más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, correspondiente al periodo entre el 27 de diciembre de 2025 y el 26 de marzo de 2026.
Aunque la Misión destacó que las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas se desarrollaron en gran medida de forma pacífica —lo que, según el organismo, evidencia la solidez institucional del país—, subrayó que “es imperativo que las autoridades adopten todas las medidas necesarias para garantizar” el desarrollo ordenado de todo el proceso electoral.
“Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto. Los riesgos fueron especialmente elevados en las regiones vulnerables que cuentan con representación adicional en el Congreso en virtud del Acuerdo Final de Paz”, señala el documento elaborado por la oficina del diplomático eslovaco Miroslav Jenča.
Preconteo en el puesto de votación de Corferias. Foto:Mauricio Moreno EL TIEMPO
En esa línea, el informe instó a todas las partes a contribuir a un entorno electoral libre de violencia y estigmatización.
El reporte consolidado de la ONU indica que en las elecciones del 8 de marzo no se registraron alteraciones graves del orden público y que solo 2 de los 13.746 puestos de votación fueron trasladados de forma preventiva por motivos de seguridad. Sin embargo, en la antesala de los comicios se presentaron varios incidentes que afectaron a candidatos y congresistas, especialmente en zonas rurales: un ataque mortal contra el esquema de seguridad de un senador en Arauca; la desaparición de un candidato al Senado en Cesar; la retención durante varias horas de una senadora indígena por un grupo armado en Cauca, y un hecho similar contra una candidata indígena a las circunscripciones especiales de paz en ese mismo departamento.
La pérdida de personería de Comunes
Miroslav Jenca y Rodrigo Londoño. Foto:Prensa Misión de Verificación de la ONU.
Por otro lado, pese a que Comunes —colectividad surgida de las extintas Farc— no obtuvo escaños ni alcanzó el umbral mínimo para conservar su personería jurídica, la Misión destacó el valor de su participación democrática. “Permitir que los excombatientes participen en la vida política es un elemento clave del Acuerdo Final de Paz y sigue siendo fundamental para su reincorporación en la sociedad”, advierte el informe.
Estas fueron las primeras elecciones legislativas desde la firma del acuerdo en las que Comunes compitió en igualdad de condiciones con los demás partidos. La colectividad respaldó a diez candidatos —tres de ellos mujeres— dentro de la coalición Fuerza Ciudadana, que superó los 114.000 votos, cifra inferior al umbral de 500.000 requerido.
“Los dirigentes de Comunes reconocieron los resultados y la pérdida de su representación en el Congreso, señalando las difíciles condiciones —entre ellas, amenazas en varios territorios— que obstaculizaron su campaña. A pesar de estos contratiempos, reiteraron su compromiso con el Acuerdo y su implementación”, concluye la Misión.
Además, fue la segunda vez que, en virtud del Acuerdo, se eligieron las 16 curules de la Cámara reservadas para víctimas del conflicto, escaños que han perdido fuerza por la cooptación de partidos tradicionales y cuestionamientos por corrupción. Los elegidos ejercerán hasta 2030, año en que estas circunscripciones transitorias dejarán de existir.
Así va la implementación del Acuerdo
Firma del Acuerdo de Paz con las Farc, gestado por el expresidente Juan Manuel Santos. Foto:CARLOS ORTEGA
En cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, el informe analizó los avances y rezagos en materia de garantías de seguridad, reincorporación y reforma rural integral.
Sobre el primer punto se informa que el período se caracterizó por persistentes problemas de seguridad para los excombatientes, las comunidades y los líderes políticos y sociales. La Misión verificó el asesinato de cuatro excombatientes —uno de ellos afrocolombiano— en los departamentos del Putumayo, el Caquetá, el Huila y el Cauca, así como nueve intentos de homicidio (entre ellos los de una mujer y dos hombres indígenas).
Estos incidentes elevaron a 491 el número de personas asesinadas desde la firma del Acuerdo Final de Paz (entre ellas 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos) y a 179 el número total de víctimas de intento de homicidio (entre ellas 20 indígenas y 17 afrocolombianos, y de las cuales 18 eran mujeres), mientras que 57 personas han sido dadas por desaparecidas (entre ellas una mujer).
Entre el 27 de diciembre y el 20 de marzo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó el desplazamiento forzado masivo de 8.404 personas y el confinamiento de otras 23.039 en 26 municipios de 8 departamentos (el 11 % de las víctimas pertenecen a comunidades afrocolombianas). Las principales causas de los sucesos se debieron a la presencia de grupos armados ilegales y a los enfrentamientos entre ellos.
El desplazamiento forzado. Foto:Efe
Frente a la reincorporación, además de pronunciarse sobre la participación de Comunes en las elecciones del 8 de marzo, hace saber que en el período analizado se adjudicaron otras 212,5 hectáreas de tierra con fines productivos a cooperativas que operan en los departamentos del Valle del Cauca y el Tolima, lo que eleva a 18.859 hectáreas el total acumulado de tierras entregadas con fines de reincorporación desde la firma.
De acuerdo con el informe, el Consejo Nacional de Reincorporación siguió siendo el principal mecanismo de coordinación y seguimiento entre el Gobierno y los excombatientes, con el apoyo de la Misión. En febrero, el Consejo definió sus prioridades para 2026 e hizo hincapié en mejorar el acceso a la tierra y la vivienda, aumentar la sostenibilidad de los proyectos productivos y reforzar la seguridad de los excombatientes. La Misión destacó la necesidad de incrementar el apoyo a los excombatientes que se encuentran fuera de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación —que actualmente son el 85 % del total—.
Sobre la reforma rural integral, el organismo volvió a hacer un llamado al Congreso para que se avance en el trámite de la Jurisdicción Agraria y Rural para resolver los conflictos relacionados con la tierra en la Colombia rural. «Su puesta en marcha se ha retrasado debido a la falta de una ley que regule su funcionamiento. El Congreso tiene un papel importante que desempeñar en la tramitación de este importante proyecto de ley».
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta mediados del mes de marzo se habían entregado a campesinos, mujeres rurales y víctimas 323.579 hectáreas del total de 3 millones de hectáreas fijado como objetivo en el Acuerdo Final de Paz, y se habían expedido títulos definitivos de propiedad para 86.000 de esas hectáreas. «Será necesario redoblar los esfuerzos para proporcionar seguridad jurídica a todos los beneficiarios de la adjudicación de tierras», añade el documento.
La sesión del Consejo de Seguridad se realizará el 21 de abril de 2026 a las 09:00 a.m. (hora de Colombia), en la cual se presentará el informe.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
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