Lo que comenzó como una alerta por presuntas amenazas de una estructura criminal contra estudiantes de tres colegios oficiales del suroccidente de Barranquilla dio un giro sustancial en las últimas horas.
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Las investigaciones preliminares de las autoridades indican que el panfleto intimidante que circuló en redes sociales no habría sido emitido por la banda ‘Los Pepes’, sino que tendría origen en un conflicto entre estudiantes, asociado a disputas internas en un canal de WhatsApp.
El mensaje, que declaraba como “objetivo militar” a estudiantes de las instituciones I.E.D. Cultural Las Malvinas, Colegio Bolivariano del Sur e I.E.D. La Esperanza del Sur, generó temor inmediato en la comunidad educativa y motivó el despliegue de unidades de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, así como la activación de protocolos de seguridad por parte de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Aunque la reacción institucional fue inmediata y se mantiene vigente, el foco de la investigación cambió tras las primeras verificaciones técnicas del caso.
Este sería el verdadero origen del panfleto
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el panfleto amenazante habría sido difundido desde un canal de WhatsApp denominado “Boletas”, integrado por más de 2.000 personas, en su mayoría estudiantes. El mensaje no correspondería a una acción de crimen organizado, sino a una represalia interna contra los administradores de ese canal.
Este fue el panfleto que empezó a circular. Foto:Redes sociales
A las autoridades les llamó la atención, desde un inicio, el formato del documento. Según ellos, a diferencia de los panfletos utilizados históricamente por grupos delincuenciales, el mensaje presentaba un diseño excesivamente elaborado, organizado y con buena ortografía, rasgos que no coincidían con los patrones habituales de este tipo de amenazas criminales.
Ese análisis llevó a profundizar en el rastreo digital del contenido, lo que permitió establecer que el mensaje no salió de canales asociados a estructuras armadas, sino de un entorno virtual vinculado a la comunidad estudiantil.
La investigación apunta a que el origen del panfleto estaría relacionado con disputas dentro del canal “Boletas”, donde, según las autoridades, se difundían contenidos ofensivos contra estudiantes, incluyendo insultos, injurias y señalamientos que afectaban su buen nombre.
Las versiones recopiladas indican que algunos integrantes del grupo se habrían sentido afectados por lo que se publicaba allí y, a manera de retaliación, habrían elaborado un falso panfleto, utilizando el nombre de organizaciones criminales para generar miedo y presión, señalando a terceros como supuestos colaboradores de estructuras ilegales.
Ese uso instrumental del lenguaje y simbología del crimen organizado fue suficiente para detonar una alerta de seguridad real, alterar la rutina escolar y obligar a la intervención de varias dependencias del Distrito y la Policía.
Investigación penal y responsabilidad adolescente
Ante el giro del caso, las autoridades enfocaron sus esfuerzos en la individualización de los propietarios de las líneas telefónicas asociadas al canal de WhatsApp desde el cual se habría difundido el panfleto. El objetivo es establecer responsabilidades individuales y determinar si existen conductas que encajen en delitos como amenaza, falsa denuncia, pánico colectivo o acoso, entre otros.
Algunos integrantes del grupo se habrían sentido afectados por lo que se publicaba allí. Foto:Redes sociales
El proceso está siendo manejado bajo los lineamientos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, teniendo en cuenta que los presuntos involucrados serían menores de edad. Desde las autoridades se ha insistido en que el caso no será tratado como una travesura digital, dado el impacto social y emocional que generó en las comunidades educativas.
Al menos una de las rectorías de las instituciones afectadas estaría adelantando trámites para interponer una denuncia penal formal, con el fin de que los hechos sean investigados con rigor judicial y se adopten medidas preventivas.
Desde el sector educativo se ha advertido que el caso revela una nueva dimensión de riesgo. La capacidad de los conflictos digitales para escalar rápidamente puede llegar a producir consecuencias propias de escenarios de seguridad pública.
Un llamado a mirar más allá de lo policial
El caso ha reabierto la discusión sobre la violencia digital en entornos escolares, el uso irresponsable de redes sociales y la falta de controles efectivos en comunidades virtuales masivas.
La Policía Metropolitana mantiene el acompañamiento a las instituciones afectadas. Foto:Policía nacional
Las autoridades y el sector educativo coinciden en que la respuesta no puede limitarse a la judicialización, sino que debe incluir estrategias pedagógicas, acompañamiento psicosocial y prevención del acoso escolar.
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Desde la Policía Metropolitana se mantiene el acompañamiento a las instituciones afectadas, no solo para garantizar seguridad física, sino también para adelantar espacios de orientación sobre responsabilidad penal adolescente y uso adecuado de tecnologías.
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