Ha pasado una semana desde que la exfiscal Claudia Carrasquilla revelara imágenes de la parranda vallenata con Nelson Velásquez en el pabellón segundo de la cárcel de Itagüí (Antioquia), en el cual participaron, entre otros reclusos, líderes de las bandas criminales que operan en el Valle de Aburrá. Los hechos, que motivaron indignación ciudadana por los beneficios a los que acceden estos capos, quienes negocian la paz con el gobierno, también motivaron la apertura de investigaciones penales y disciplinarias por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, respectivamente. En diálogo con EL TIEMPO, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, responde a los cuestionamientos.
¿Qué responderles a los colombianos sobre las actuaciones del Inpec ante el escándalo de la parranda vallenata de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí?
Hemos venido trabajando muy fuerte. Aquí tenemos una lucha constante contra el comportamiento de las personas privadas de libertad, para evitar que haya fugas, que haya escándalos, que haya excesos, o que entren licores. Hemos hecho un trabajo incansable con los funcionarios penitenciarios, porque aquí hay una gran lucha para que los privados de la libertad no hagan este tipo de hechos, pero también el trabajo coordinado y articulado con los funcionarios para que no haya indolencia, para que trabajen de una manera más comprometida, entendiendo las dificultades.
Se dice que nos faltan funcionarios, que nos falta infraestructura, que nos faltan cámaras, pero es que no tenemos la autonomía de decir: «Itagüí no tiene luces, ni tiene cámaras, entonces invirtamos esto en luces, invirtamos esto en vehículos blindados, invirtamos esto en cámaras, invirtamos esto en malla. O si se nos presenta una fuga en La Picota, invirtamos en muros perimetrales”. La verdad es que no tenemos la autonomía porque eso lo maneja la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec),
El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez. Foto:Cortesía
A todas esas cosas hay que sumarle que tenemos estructuras criminales que están privadas de libertad, lo cual genera un impacto en términos de riesgo para los funcionarios. Y por eso el año pasado y antepasado aumentaron las amenazas, los homicidios, precisamente por generar un control fuerte.
Pero más allá de la mirada general, ¿Qué responder sobre Itagüí?
Vemos la indolencia de funcionarios que permiten que eso pase. No se puede ocultar el ingreso de camionetas, de tarimas, de artistas, de personas. Ahora mismo estamos haciendo un trabajo importante con la Policía y con la Fiscalía para determinar de quién son esos vehículos que ingresaron ese día, que son aproximadamente veinticinco vehículos. Hay que aclarar también que no hay vehículos oficiales. Sí hay vehículos que pertenecen a algunos funcionarios de la guardia y otros administrativos, y de hecho creo que a unos médicos, pero que no son institucionales.
¿Se tomaron nuevas medidas de seguridad?
Se tomó la decisión, en conjunto con las autoridades regionales, de militarizar el perímetro de la cárcel de Itagüí, teniendo en cuenta que las personas a trasladar hacen parte de los principales grupos criminales que delinquen en el Valle de Aburrá.
Cárcel de Itagui Foto:Archivo
Desde hace tres años no están en funcionamiento las cámaras de seguridad, lo que va a entorpecer la actividad investigativa de la Fiscalía y la Procuraduría, ¿Qué responder ante ello?
Bueno, desafortunadamente, como decía hace un momento, hay establecimientos como Itagüí que llevan varios años sin cámaras de seguridad. No tenemos esa capacidad que permite también un control. Y ahí es donde viene otra vez esa falta de autonomía y ahí es donde se le ha exigido también a los directores de establecimientos que pueden hacer convenios interadministrativos con los alcaldes del país.
Director, para precisar, ¿Cómo queda entonces la estructura de la dirección de la cárcel?
Primero, debo aclarar que el mayor Edgar Iván Pérez Ortega, quien es el director en propiedad, cuando se presentan los hechos no se encuentra de servicio en la cárcel. Por eso, él no hace parte de la investigación, porque la pesquisa está netamente enfocada a los hechos que se presentaron que violaron el régimen penitenciario. Aun así, se ordenó el apoyo del director regional, Guillermo González, que también tiene que cumplir una función de supervisión y control del establecimiento, y de todos los de esa zona del país. Él asume de manera temporal el control y la supervisión, así como el acompañamiento del mayor Pérez, que sigue siendo el director.
¿Qué va a pasar con los traslados?
En ocasiones donde se han presentado hechos en contra de la transparencia y contra del régimen penitenciario, lo primero que se ha hecho son traslados, precisamente para evitar esas zonas de confort. Afortunadamente nuestro señor presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de estas personas privadas de libertad. Estamos a la espera de los trámites administrativos para hacer el traslado y ubicarlos en otra cárcel del país, para que no se vuelva a presentar ningún hecho que afecte la transparencia, ni la buena imagen institucional, ni mucho menos los reglamentos institucionales.
Los traslados serán un mensaje ejemplarizante para funcionarios y también para personas privadas de libertad, las cuales también están siendo investigadas por transgredir el régimen penitenciario.
Daniel Gutiérrez, director del Inpec. Foto:Mauricio Moreno/El Tiempo
¿Qué le ha dicho el presidente Petro?
Siempre he recibido mensajes por parte del Ministerio de Justicia y de Presidencia con respecto a que debemos tener un control permanente y ser contundentes en contra de actividades que vayan diferentes al régimen penitenciario. No podemos permitir que sigan pasando. Y también unas recomendaciones constantes frente a la seguridad en términos de que evitemos cualquier tipo de fuga, evitemos cualquier riesgo en contra de la vida de los funcionarios y también de las personas privadas de libertad.
Carlos López y Sebastian Cote Lozano
SECCIÓN JUSTICIA
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