El panorama de seguridad en Barranquilla y el departamento del Atlántico ha dejado de ser una suma de hechos aislados para convertirse en un sistema engranado de criminalidad organizada.
La extorsión no es solo un delito; es hoy la renta ilegal que permite el sostenimiento de estructuras que desafían al Estado.
A pesar de los esfuerzos operativos realizados por las autoridades locales y el fortalecimiento del Gaula, el panorama actual revela una desconexión crítica entre las capturas y la condena efectiva de los delincuentes.
Mientras las autoridades locales intentan articular respuestas operativas, los datos de judicialización muestran una realidad alarmante: según cifras del Ministerio de Justicia de cada 10 capturados 9 quedan en libertad. En el mismo sentido, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo el mismo señalamiento y habló de un 94% de impunidad.
Ante la gravedad del asunto, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez, en compañía de la Cúpula Militar y de Policía, lideró un Consejo de Seguridad de alto nivel en el municipio de Baranoa, con el objetivo de articular acciones contundentes frente a la extorsión, el homicidio y las economías ilícitas que afectan la tranquilidad de los ciudadanos en el departamento del Atlántico.
El MinDefensa, Pedro Sánchez, en un bus de servicio público reparte información contra la extorsión. Foto:Mindefensa
Ante alcaldes y la alta cúpula militar del departamento, el Ministro reconoció que las principales amenazas identificadas corresponden al Clan del Golfo, los grupos Los Costeños y ‘Los Pepes’, así como 11 estructuras delincuenciales con presencia en 6 municipios, responsables de homicidios, extorsión y tráfico de estupefacientes.
Los tres niveles del orden criminal: De la transnacional a la pandilla
EL TIEMPO conoció la investigación liderada por Luis Trejos, experto en temas de criminalidad de la Universidad del Norte, que permite analizar un complejo engranaje criminal donde la extorsión se ha consolidado como el motor económico de diversas estructuras criminal.
Trejos explica que son tres niveles diferenciados por su alcance y su relación con el territorio. Esta estructura señala por qué, a pesar de las capturas, la violencia persiste.
En la cúspide (Nivel 1) se ubica el Clan del Golfo (AGC). Su rol en el Atlántico es predominantemente logístico y está vinculado al narcotráfico transnacional. Sin embargo, su estrategia para evitar el desgaste institucional ha sido la subcontratación.
Luis Trejo es el director del Centro de Pensamiento UN Caribe. Foto:Archivo particular
Trejos precisa que estas organizaciones nacionales aprendieron que combatir con los grupos locales acarrea elevados costos materiales y mediáticos. Por ello, optan por la cooptación de bandas locales, convirtiéndose en los «dueños de la franquicia» que proveen armas y recursos a cambio de control territorial en zonas estratégicas como la Vía 40 y Puerto Colombia.
En el Nivel 2 aparecen las bandas que hoy son nombres comunes en las crónicas judiciales: Los Pepes, Los Costeños y Los Rastrojos Costeños. Estos grupos son los principales dinamizadores de la extorsión y el sicariato. Su capacidad es limitada geográficamente al área metropolitana, pero su nivel de sevicia es superior.
Utilizan el terror como herramienta de marketing criminal, grabando desmembramientos para intimidar a los comerciantes.
Funcionan bajo una lógica empresarial, «vendiendo» sus servicios de custodia o cobro de deudas a organizaciones mayores mientras predan las rentas legales de los ciudadanos.
Finalmente, el Nivel 3 lo conforman cerca de 63 pandillas o «combos». Estos grupos, como Los Teletubis o Los Carambolas, son el último eslabón de la cadena. Se dedican al hurto y al microtráfico, pero lo más revelador de la investigación es que ellos mismos son sujetos de extorsión por parte de los grupos de Nivel 2. Deben pagar una «cuota de funcionamiento» para delinquir en ciertos barrios, creando una cadena de extorsión que asfixia desde el gran comerciante hasta el pequeño pandillero.
El colapso del sistema: Nueve de cada diez capturados regresan a las calles
El mayor obstáculo para frenar este sistema no es la falta de capturas, sino la incapacidad de mantener a los responsables tras las rejas.
El investigador Luis Trejos es enfático al señalar que el mayor flagelo que están padeciendo los comerciantes es la extorsión, una renta ilegal que ha venido creciendo exponencialmente y que lastimosamente las autoridades no han logrado contener.
Unas 400 tiendas han cerrado en el Atlántico por temor a la extorsión. Foto:ARCHIVO Vanexa Romero/ El Tiempo
La falla estructural se localiza en los últimos eslabones de la cadena de seguridad: la judicialización y el control carcelario. Según cifras del Ministerio de Justicia, de cada 10 capturados, 9 quedan en libertad. Esta cifra es respaldada por el gobernador Eduardo Verano, quien ha alertado sobre un nivel de impunidad que bordea el 94%.
Para Trejos, la situación es crítica porque de nada sirve que se fortalezca la policía y a sus equipos especializados, porque ellos capturan, pero no hay judicialización y en aquellos casos en los cuales se logra la judicialización del delincuente, «hemos visto entonces que la cárcel no limita su capacidad de despliegue criminal o de actividad criminal, en la medida en que las se han convertido en centros dinamizadores de la extorsión«, le dijo a EL TIEMPO Trejos.
Es decir que las cárceles locales, en lugar de ser el fin de la carrera criminal, se convierten en una oficina de despacho desde donde se ordenan los cobros que mantienen en vilo al Atlántico.
El plan de respuesta: Prevención y choque operativo
Frente a esta radiografía, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante el Consejo de Seguridad en Baranoa, trazó una línea de acción que busca atacar los focos de calor criminal en municipios como Sabanalarga y Sabanagrande. El enfoque oficial reconoce que el Clan del Golfo y las estructuras locales son las responsables de los homicidios y el tráfico de estupefacientes que financian la guerra.
El Gaula de la Policía en campañas contra la extorsión. Foto:Policía
El plan incluye una inversión de 45.700 millones de pesos en tecnología de vigilancia y el fortalecimiento de la inteligencia militar. Sin embargo, el Ministro Sánchez puso el dedo en la llaga sobre un fenómeno creciente: la instrumentalización de menores. A pesar de los resultados alcanzados, la amenaza persiste y sigue generando homicidios.
Enfrentamos escenarios complejos en los que, en algunos casos, jóvenes entre 15 y 16 años están siendo instrumentalizados para cometer estos hechos. Por eso, además de la acción contundente de la Fuerza Pública, es fundamental avanzar en la prevención y en la construcción de una cultura de legalidad, puntualizó el alto funcionario.
El desafío para 2026 es romper el vínculo entre la calle y la cárcel, asegurando que la tecnología de bloqueo de comunicaciones funcione y que el sistema judicial nacional respalde las capturas que realiza la Policía en los barrios más golpeados por la violencia de los tres niveles criminales identificados.
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Le tengo el remedio. Foto:
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