La vicepresidenta del Concejo de Cali, María del Carmen Londoño Sanna, junto a líderes comunitarios y cabildantes, denunció la posible presencia de trazas de mercurio en los ríos Pichindé y Felidia debido a la explotación minera ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones.
Esta situación genera una amenaza directa sobre el suministro de agua potable de la planta de tratamiento Río Cali, la cual abastece a más de 600 mil personas en la zona urbana de la capital del Valle del Cauca.
La advertencia fue emitida tras una reunión en la zona rural con habitantes de los corregimientos de La Leonera, Los Andes y Pichindé, representantes del Gobierno Nacional y organismos locales.
Líderes de corregimientos de Cali advierten sobre el avance de la minería ilegal en Los Farallones. Foto:Policía Metropolitana de Cali
Exigencias de control y bioseguridad
Ante la gravedad de los hechos, la concejal Londoño Sanna instó a las secretarías de Seguridad y Justicia, Salud y Gestión del Riesgo a coordinar acciones urgentes.
Entre las peticiones fundamentales se encuentra la ejecución de operativos conjuntos con la Policía y el Ejército para desmantelar las minas ilegales en los sectores de Los Andes, Pichindé y La Leonera.
Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Salud la implementación de protocolos de bioseguridad y la certificación técnica del estado del agua que ingresa a la bocatoma de las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
Londoño Sanna subrayó la necesidad de un debate de control político excepcional, argumentando que la problemática se ve agravada por la presencia de actores armados en la zona rural.
Reincidencia y expansión del impacto ambiental
Fabián Muñoz, vocero del corregimiento de Los Andes, señaló que esta problemática es recurrente, citando antecedentes similares registrados en 2018.
Según la comunidad, los esfuerzos del Ministerio de Defensa y el Ejército han sido insuficientes para frenar el avance de la minería, que actualmente se extiende desde los picos de Jamundí y Pance hasta la parte alta de La Leonera.
Habitantes de zona rural de Cali señalan que varias minas ilegales cerradas en 2024, reabrieron. Foto:Policía Metropolitana de Cali
El pasado 13 de abril de 2026, la comunidad formalizó una solicitud de intervención ante 20 organismos del Estado, incluyendo la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo e incluso instancias internacionales como la ONU.
Los habitantes demandan la presencia permanente de una mesa de trabajo y controles estrictos por parte del Batallón de Alta Montaña para impedir el acceso a las zonas protegidas donde nacen las vertientes hídricas.
Próximas acciones
En el encuentro también participaron los concejales Rodrigo Salazar Sarmiento y Sergio Mauricio Zamora Betancur, quienes respaldaron la urgencia de proteger el ecosistema de los Farallones que vincula a los municipios de Cali, Dagua y Jamundí.
Se ha programado una nueva reunión para el próximo 25 de abril en el Centro Cultural de La Leonera, donde se espera evaluar el avance de los compromisos adquiridos por las autoridades locales y nacionales.
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Gobierno Nacional y autoridades locales activan plan de choque contra minería ilegal
En el marco de una reunión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (Conaldef) celebrada el viernes17 de abril, la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y el Ministerio de Medio Ambiente concretaron un plan de acción para frenar la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Los Farallones.
El encuentro, realizado en el sector de ‘El Arbolito’ (corregimiento de Los Andes), respondió a las denuncias de la comunidad de La Leonera sobre nuevas actividades extractivas y la posible apertura de una bocamina en la zona, estableciendo una estrategia de control territorial y judicial para los próximos dos meses.
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Refuerzo del control territorial
Como medida inmediata, las autoridades acordaron la instalación de un puesto de control del Ejército Nacional en el corregimiento de La Leonera.
Esta nueva unidad militar reforzará los dos puntos fijos de vigilancia que actualmente opera la Policía Nacional para supervisar los accesos al área protegida.
Mesa de trabajo entre Ministerio de Medio Ambiente y gobiernos locales Foto:Alcaldía de Cali
La Ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad (referida como Ministra Vélez en la fuente), enfatizó que la presencia estatal será permanente y coordinada mientras se activa un plan de choque integral.
«Vamos a seguir avanzando en los procesos de fiscalización y en la articulación de todas las entidades», aseguró la funcionaria durante la jornada de trabajo.
Seguimiento a denuncias y cierre de socavones
El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés, informó que los organismos de inteligencia ya verifican la existencia de una presunta nueva bocamina en La Leonera, reportada por los habitantes.
Garcés destacó la efectividad de las intervenciones previas en la parte alta del parque, reportando el cierre de:
- 12 bocaminas clausuradas.
- Aproximadamente 40 socavones inhabilitados.
- Monitoreo constante para evitar la reapertura de túneles antiguos.
Estrategia preventiva e investigativa
Por su parte, el Director de la Policía de Carabineros, general Carlos Germán Oviedo Lamprea, detalló que la estrategia institucional se divide en dos ejes fundamentales.
El primero consiste en patrullajes y puestos de control las 24 horas del día en las zonas de mayor riesgo ambiental.
El segundo eje se centra en la labor investigativa, con el objetivo de identificar y capturar a los determinadores detrás de la instrumentalización de personas para la minería ilegal.
Según el General Oviedo, no solo se busca detener la actividad en el sitio, sino desmantelar la estructura financiera y logística que impulsa estos crímenes ambientales en la región.
Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Alcaldía y Concejo de Cali. Además, contó con la revisión del periodista y un editor.
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Detalles sobre la decisión judicial. Foto:
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