En medio de denuncias sobre amenazas a candidatos presidenciales, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó su más reciente informe sobre violencia. Si bien se resalta la reducción de la violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, aumentaron los ataques contra los líderes políticos en el ciclo electoral entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo del presente año, cuando se llevaron a cabo las legislativas y las consultas interpartidistas.
De hecho, en medio de esta contienda presidencial se registró el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, reviviendo el fantasma de los magnicidios que no vivía el país hace más de 30 años.
Sepelio Miguel Uribe Turbay. Foto:MILTON DÍAZ
El informe de la MOE señala que en ese periodo se registraron 435 agresiones, lo que representa una reducción del 25,3 por ciento frente al ciclo electoral de 2022, cuando fueron 582 hechos. Pero aquí no hay señales de progreso como tal con respecto a la violencia y las alarmas están prendidas de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, donde hay denuncias de amenazas a Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda, los tres principales candidatos de esta contienda y del cual, según todas las encuestas, saldrá el próximo presidente de Colombia.
“Esta disminución no implica una mejora sustancial en las condiciones de seguridad. Más bien, lo que hay es una transformación en la dinámica de la violencia que se orienta hacia el control territorial y a emplear modalidades de agresión más focalizadas y estratégicas”, explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Alejandra Barrios, directora de la MOE. Foto:MOE
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En otras palabras: hay menos ataques, pero son más deliberados y más concentrados en quienes tienen mayor visibilidad política.
Quienes más sufrieron esa violencia fueron los líderes políticos: concejales, candidatos al Congreso, gobernadores, alcaldes, que concentraron casi dos tercios de todas las agresiones registradas en el periodo. Entre ellos, los concejales en ejercicio fueron los más golpeados, con 57 ataques registrados.
No es casual: son la primera línea de representación política en los municipios, muchos de ellos en territorios donde los grupos armados disputan el control territorial.
Lo que sí cambió de forma dramática fue la modalidad de los secuestros. En el ciclo electoral de 2022, la MOE documentó un solo caso. En el de 2026, esa cifra llegó a catorce, un aumento del 1.300 por ciento que, según la organización, no es una anomalía estadística, sino una señal de que los actores armados están usando el secuestro como herramienta de presión política de manera sistemática.
Preconteo en el puesto de votación de Corferias. Foto:Mauricio Moreno EL TIEMPO
La geografía de la violencia no es aleatoria. El Cauca fue el departamento más afectado del país, y no solo en número de ataques: fue también el territorio con más asesinatos de líderes y con la mayor concentración de secuestros.
Antioquia y Norte de Santander completaron el podio de los departamentos más violentos. En el caso de Norte de Santander, la violencia se concentró especialmente en el Catatumbo, zona que vivió una de sus peores crisis humanitarias en los últimos años por enfrentamientos entre el Eln y facciones de las disidencias de las Farc.
Un capítulo especialmente crítico del informe es el de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Estas son zonas creadas tras el acuerdo de paz de 2016 para garantizar representación política en territorios históricamente excluidos y afectados por el conflicto armado. La idea era que tener escaños reservados en el Congreso ayudaría a integrar esas regiones a la vida democrática del país. Sin embargo, el informe muestra que esas mismas zonas concentraron más de la mitad de todos los asesinatos de líderes registrados a nivel nacional durante el periodo.
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La violencia ejercida directamente por grupos armados ilegales también se disparó. La MOE contabilizó más del doble de hechos atribuibles a estas organizaciones frente al ciclo electoral anterior, con Cauca, Antioquia y Norte de Santander como epicentros. En el Cauca, el informe reportó incluso el uso de explosivos lanzados desde drones, una táctica que se utiliza con mayor frecuencia por los grupos ilegales.
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto:Campañas
En cuanto a filiación política, el Centro Democrático, con 31 ataques, fue la colectividad más afectada. Le siguen el Partido Liberal, con 31; Partido Conservador, con 15; y Cambio Radical y el Pacto Histórico, cada uno con 13 ataques.
Hay un dato que el informe destaca con particular preocupación: los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el organismo estatal encargado de custodiar a líderes amenazados, se han convertido en objetivos de los grupos armados. Los vehículos y las armas asignadas a escoltas han sido robados o atacados, lo que no solo debilita la protección de quienes dependen de esos esquemas, sino que los convierte en un blanco visible. Dos personas protegidas fueron secuestradas en el Cauca mientras contaban con un esquema de seguridad activo.
“Este contexto no solo debilita la efectividad de los esquemas de protección, sino que puede aumentar la exposición al riesgo de los beneficiarios. De hecho, dos personas protegidas fueron víctimas de secuestro en el Cauca –un diputado y una candidata a las curules de paz–, lo que evidencia la capacidad de los actores armados para vulnerar estos dispositivos y refuerza la necesidad de ajustes urgentes”, dice la MOE.
Respecto a las mujeres lideresas, el panorama tuvo un comportamiento distinto al del resto: los ataques bajaron de forma significativa frente a 2022. Sin embargo, el informe llama la atención sobre una modalidad que se registró por primera vez gracias a una ley aprobada en 2025: la violencia vicaria. Cuatro de los seis casos de violencia contra mujeres en política documentados en el periodo corresponden a ese tipo de violencia.
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Ante este panorama, la organización pide que gobernadores y alcaldes asuman un papel más activo en la protección de líderes, en lugar de dejar esa responsabilidad exclusivamente en manos del Gobierno Nacional. También propone rediseñar los esquemas de seguridad para hacerlos menos predecibles, cambiar rutas, vehículos, uniformes y crear sistemas de alerta comunitaria en los territorios más afectados.
Para la campaña presidencial, que ya está en marcha, recomienda establecer protocolos de movilidad segura para candidatos en zonas de alto riesgo, especialmente en corredores como la vía Panamericana.
María Alejandra Moreno Flórez
Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO / Redacción Política.
@male.flowers en IG / flomor@eltiempo.com
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