En medio del ajedrez político que se mueve con los respaldos de los partidos a candidatos presidenciales, reaparece una tensión: ¿hasta dónde llega la autoridad de las colectividades para sancionar a sus integrantes cuando se apartan de la línea oficial?
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Uno de los casos recientes es el de Fernando Niño Mendoza. El congresista del Partido Conservador decidió anunciar su apoyo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en abierta contradicción con la postura adoptada por ‘los azules’, colectividad que le dio su respaldo a Paloma Valencia.
La respuesta del partido fue la suspensión de su derecho a voz y voto dentro de la bancada y la apertura de un proceso disciplinario que podría derivar en sanciones más severas. En la práctica, la decisión implica que Niño queda marginado de las discusiones y decisiones legislativas mientras avanza la investigación interna.
Candidatos punteros reciben respaldado de partidos sin presidenciable. Foto:ARCHIVO
El representante, sin embargo, rechazó la medida. Aseguró que actuó bajo una “objeción de conciencia” que presentó ante el directorio del partido y defendió que su postura responde al “clamor” de sus electores en Bolívar. “Buscan mi muerte política”, advirtió.
Del otro lado, la colectividad estaría enviando una señal de disciplina interna y coherencia ideológica.
Para el analista político Carlos Arias, la sanción al congresista conservador es coherente con la necesidad de fortalecer los partidos. A su juicio, permitir la indisciplina interna debilita la democracia. “Los partidos son los ejes articuladores de una democracia sólida. Si cada líder actúa por su cuenta, se produce una atomización que confunde al elector y diluye la identidad ideológica”, explica.
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Otro caso es el del senador Antonio Correa, quien anunció que apoyará a Iván Cepeda, pese a que el Partido de la U decidió no acompañarlo. Es el segundo episodio de ruptura interna: antes lo hizo Julián López, quien de hecho renunció a la colectividad y no se presentó a las elecciones del 8 de marzo.
A diferencia de López, Correa repetirá curul y aún no se ha posesionado, por lo que podría enfrentar sanciones, pues ‘la U’ respalda a Paloma Valencia.
De acuerdo con el exregistrador delegado lo Electoral Alfonso Portela, “los miembros de una colectividad tienen unas obligaciones con las decisiones del partido. Dentro de esas está, precisamente, el cumplimiento —y, si se quiere, la obediencia— a lo que decida la colectividad. De eso se trata: de que haya armonía en las decisiones y de que estas se cumplan por mayoría”.
Esto es lo que dice la ley
Ley de bancadas dicta cómo funcionan las sanciones en los partidos. Foto:Paula Rodríguez. EL TIEMPO
Aunque los partidos tienen herramientas para sancionar a sus miembros, su poder no es discrecional. La Ley de Bancadas (974 de 2005) establece que son los estatutos internos de cada colectividad los que deben definir con claridad cuáles conductas constituyen faltas y qué sanciones pueden imponerse.
En ese marco, las medidas pueden incluir amonestaciones progresivas como la suspensión del derecho al voto dentro de corporaciones públicas en las que ejercen (Congreso, concejos, asambleas); o sanciones por inasistencia a reuniones de bancada o por incumplir decisiones colectivas.
Sin embargo, para que estas sanciones sean válidas debe garantizarse el debido proceso, permitirse la defensa del militante y las restricciones o lineamientos deben estar contemplados en los estatutos.
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¿De quién es la curul?
Uno de los puntos más sensibles es la titularidad de la curul. El Consejo de Estado ha señalado que la pérdida del escaño no es automática cuando se rompen las normas del partido y solo procede cuando existe un proceso disciplinario sólido, ajustado a los lineamientos vigentes.
El debate, además, remite a una discusión de fondo sobre la naturaleza de la representación política. Para Portela, los partidos tienen un amplio margen de acción, precisamente porque los congresistas acceden al poder en representación de una colectividad.
Los electos asumen un compromiso con sus votantes y con el partido. Foto:iStock
“Las curules representan a los ciudadanos que votaron por ese partido y quienes las ocupan adquieren obligaciones frente a ellos”, sostiene. En esa lógica, el incumplimiento de las decisiones colectivas puede acarrear sanciones que van desde la suspensión hasta la expulsión.
El debate sobre si aplica la objeción de conciencia
Una controversia similar sobre a quién respaldar se vivió la semana pasada dentro de la Alianza Verde. Varios congresistas no comparten el veto del partido a apoyar candidaturas como las de Claudia López, Paloma Valencia o Sergio Fajardo.
Militantes de la Alianza Verde e Iván Cepeda. Foto:Ariel Ávila
De hecho, por este desacuerdo ya se habrían planteado dos escisiones: una de Jota Pe Hernández, que ya fue aprobada, y otra impulsada por Cathy Juvinao y Angélica Lozano. Incluso, Juvinao había planteado la posibilidad de acudir a la objeción de conciencia antes de promover la escisión.
No obstante, para Portela la objeción de conciencia no puede convertirse en una vía para evadir los compromisos políticos. “La objeción de conciencia, si bien tiene componentes éticos y morales, no puede convertirse en una patente para apartarse de la ley, de los estatutos o de los compromisos adquiridos. Cuando una persona es militante de una agrupación política, existen unos estatutos que rigen su comportamiento«, indica.
Si esos estatutos permiten la objeción de conciencia, entonces esta se puede aplicar dentro de ese marco. Pero si no está contemplada como una salida válida, «no se puede asumir que el artículo 18 de la Constitución permita usarla cada vez que una decisión no guste”, agrega el exregistrador delegado.
La objeción de conciencia, en esencia, aparece cuando una norma jurídica entra en conflicto con creencias éticas, morales o religiosas. Por eso, no aplica en casos de diferencias políticas o frente a decisiones internas de un partido. Además, su uso en campañas electorales es poco común y no tiene antecedentes claros en Colombia.
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La cohesión del partido también es una estrategia política
El profesor de la Universidad del Rosario Yann Basset introduce otro elemento: el impacto estratégico de la disciplina partidista.
Y es que más allá de problemas que pueden derivar incluso en doble militancia, Basset indica que la cohesión interna permite a los partidos negociar con mayor fuerza frente al gobierno y actuar como bloques con capacidad de incidencia. “Un partido necesita una estrategia común para pensar en la orientación del poder”, explica.
Por un lado, los partidos buscan consolidar identidad, coherencia y capacidad de negociación. Por el otro, algunos congresistas reivindican su vínculo directo con los votantes para justificar decisiones que contradicen a sus colectividades.
“Cuando se trata de una decisión abiertamente contraria al partido, lo que suele esperarse es que, si no se apoya, al menos no se contradiga”, indica Portela.
Mientras tanto, Arias advierte que en Colombia los partidos suelen comportarse como “empresas electorales” que se activan cada ciclo electoral, lo que agrava la falta de cohesión. Por eso, insiste en que la disciplina no es un capricho, sino un requisito para consolidar proyectos políticos estables. En su concepto, quien no se siente representado por su colectividad debería abandonarla: permanecer y contradecirla, justifica sanciones.
«Si el Partido Conservador (o cualquiera que sea) históricamente ha estado en la oposición y hay un congresista que no se siente a gusto, no debió pedir el aval o el partido no debió otorgárselo”, concluye Arias.
Paula Valentina Rodríguez
Redacción Política
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