La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión inmediata de las licencias de tres empresas tras detectar la pérdida de 393 armas de fuego que estaban bajo su custodia.
EL TIEMPO conoció que las compañías involucradas —Águila de Oro, Laucris Security y Helam— compartían, mediante un acuerdo de colaboración empresarial, a un mismo coordinador de activos: Elkin David Polanco Pérez, quien tenía acceso directo al armamento de las tres firmas. Ese tipo de convenio no es permitido, lo que activó de entrada las indagaciones administrativas de la Supervigilancia.
Inspección de armas de empresas de seguridad (foto de referencia). Foto:Supervigilancia.
Polanco Pérez estaba vinculado contractualmente desde el 1 de junio de 2012 y entre sus funciones tenía la custodia del armamento, control de los libros de registro, verificación del estado de las armas, mantenimiento y reporte de novedades. En la práctica, era el responsable de supervisar el inventario y garantizar su trazabilidad.
El coordinador salió a descanso el 31 de diciembre y debía reintegrarse en enero de este año, pero no volvió a responder llamadas ni requerimientos. Ante la falta de información sobre los libros de control de salidas de armas, las empresas iniciaron una verificación interna que derivó en el hallazgo más crítico: solo en Águila de Oro faltaban 275 armas, avaluadas en cerca de 550 millones de pesos.
La situación se replicó en las otras compañías. En Helam se reportó la pérdida de 104 armas y en Laucris, 14 más. En total, 393 armas cuyo paradero hoy es desconocido.
Inspección de la Supervigilancia (foto de referencia). Foto:Supervigilancia.
Aunque las empresas alertaron sobre la ausencia del funcionario desde enero, fue una visita de inspección de la Supervigilancia en febrero la que terminó de destapar la magnitud del caso. La investigación penal ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el proceso administrativo podría extenderse hasta por tres años, que es el término máximo para una decisión de fondo.
Según la Supervigilancia, 31 empresas han sido objeto de esta medida, aunque no todas por posibles vínculos con ilegalidad. En varios casos se trata de inconsistencias administrativas, como direcciones que no coinciden, fallas en sistemas de control como el SARLAFT o incumplimiento de requisitos formales.
Superintendente de Vigilancia, Larry Álvarez. Foto:Supervigilancia.
El superintendente Larry Álvarez aseguró que las actuaciones buscan proteger la legalidad del sector. “Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad. El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”, explicó.
El caso también revive un debate más amplio sobre el control de armas en el país. Hace un año, el presidente Gustavo Petro habló de más de 67.000 armas supuestamente perdidas. Sin embargo, tras un proceso de depuración, la Supervigilancia precisó que de ese total hay 55.589 armas reales registradas, de las cuales el 95 % no están extraviadas y pertenecen a cerca de 430 empresas.
Juan Diego Torres
Dielas@eltiempo.com
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