Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y quien por más de un año fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro, prendió el ventilador. Aunque aún sigue en un poderoso cargo, el Fondo de Adaptación frente al cambio climático, decidió salir los medios a denunciar un supuesto esquema para el saqueo de las arcas del Estado a cuya cabeza pone a Juliana Guerrero, la joven cercana al primer mandatario y cuyo nombramiento como viceministra de la Juventud se cayó por el escándalo de títulos falsos.
Alejada de Petro, según ella por una conspiración en su contra, Rodríguez encendió un nuevo escándalo de fuego amigo en la administración cuyas repercusiones podrían tener consecuencias penales, dada la gravedad de las afirmaciones. Salida de las filas del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, en el Dapre Angie Rodríguez terminó aliada con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien hasta ahora ha estado a salvo de sus afirmaciones. Además de Guerrero, la ex Dapre salpica al jefe de la UNGRD, Carlos Carrillo, y al actual jefe de Despacho, José Raúl Moreno.
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«Este es un concierto para delinquir, hay más de 20 personas identificadas»
Angie Rodríguez aseguró en entrevista con Blu Radio que supuestamente había un entramado para sacarla del Fondo de Adaptación y de esta manera hacerse con el alto presupuesto de la entidad, que equivale a más de 1,2 billones de pesos.
Asimismo señaló una supuesta red para extorsionarla. “Este es un concierto para delinquir, hay más de 20 personas identificadas. Y él que me escribía siempre me hablaba de Carrillo y de Juliana Guerrero”. Sobre Guerrero fue más allá y aseveró que es el poder detrás del trono, pues estaría en control del Dapre, el Fondo Colombia en Paz, una millonaria cuenta para temas del posconflicto, y el Ministerio de la Igualdad.
Rodríguez aseveró que la actual directora del Dapre, Nhora Yhanet Mondragón Ortíz, es ficha de Guerrero y sería parte del esquema de poder que tendría la joven, que llegó al gobierno Petro como parte de la unidad de cumplimiento y que escaló hasta concentrar el dominio sobre varios cargos a pesar de estar enredada en varios escándalos, entre ellos el de la falsedad por que el fue imputada por la Fiscalía.
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«Quien denunció que Juliana Guerrero no tenía los títulos fui yo»
Como parte de sus denuncias contra Guerrero, Rodríguez aseveró en diálogo con la Revista Semana que fue ella la que denunció inicialmente el tema de los títulos falsos de la Universidad San José. De igual manera apuntó que la controvertida joven decía que tenía nexos con el Eln. Además, dijo que expresamente le advirtió al presidente Petro que no cumplía los requisitos para el cargo, a pesar de lo cual la designación siguió adelante hasta que el escándalo de la Fundación San José se hizo público.
“Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad»
Uno de los nombres que Angie Rodríguez involucra en este entramado es el de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Según la exdirectora del Dapre, el funcionario supuestamente habría infiltrado a un supuesto “espía” en el Fondo de Adaptación con el fin de grabarla y, presuntamente, traficar información.
Ese “espía” sería Miguel Ángel Ospino Romero, quien se desempeñó como asesor en el Fondo. Rodríguez también denunció haber recibido mensajes intimidatorios.
“Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad. Era un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que luego me llevé al Fondo (…) Lo habría utilizado para que me grabara, me tomara fotos y así poder traficar, presuntamente, la información”, explicó.
De igual forma, dice recibió un video de una conversación fechada el 18 de diciembre de 2025 en la que Carrillo habría afirmado: “La acción del caballo de Troya siempre funciona”. En ese intercambio, el presunto implicado le consultó si el director de la Ungrd contaba con otra persona adelantando labores similares cerca de “las oficinas principales”. Según el material, Carrillo le habría respondido: “De momento solo te tengo a ti, y te lo digo con honestidad; por eso me interesa que te sostengas allá, en ese cargo”.
El director de la UNGRD señaló esta mañana que las declaraciones de Rodríguez son muy graves y deben sustentarse con pruebas. Según Carrillo, la directora del Fondo de Adaptación buscaría generar una “tormenta mediática que impacte al Gobierno (…) es un desespero ante un relato que se le está cayendo”, afirmó. Carrillo es, en todo caso, un duro crítico de Rodríguez y del ala de Armando Benedetti y a lo largo de los últimos años ha sido la voz crítica en el gobierno Petro.
El capítulo de Wilmer Mejía
Así como salpicó a algunos funcionarios, sobre otros prefirió guardar silencio o limitarse a comentarios generales. Uno de ellos es Wilmar de Jesús Mejía, exdirector de inteligencia estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia y, hasta hace poco, nombrado director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), quien ha sido señalado por supuestos enlaces con disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes al mando de alias Calarcá.
Al ser consultada por su nombre, Rodríguez evitó profundizar en detalles y optó por una respuesta cautelosa, marcada por la desconfianza. “Ay, Dios mío, sí, yo sé quién es. Nunca me inspiró confianza. No me parecía (…) No quiero entrar en muchos detalles, pero no, nunca me inspiró confianza (…) Quiero dejar ese tema ahí porque, reitero, yo acá he contado una mínima parte y también temo por mi vida”, expresó.
Un Presidente aislado
Angie Rodríguez volvió a la tesis que han dado otros funcionarios de que el presidente Gustavo Petro está aislado del acontecer de su gobierno. En este caso responsabilizó al actual jefe de despacho, José Raúl Moreno.
Las implicaciones penales de las declaraciones
EL TIEMPO consultó a varios abogados penalistas quienes pusieron la lupa sobre las declaraciones y las eventuales implicaciones penales. Así las cosas, el penalista Fabio Humar advirtió que en las declaraciones de la exdirectora del Dapre existen varios aspectos que, desde el ámbito jurídico, generan dudas. “¿Ella denunció penalmente cuando se enteró de la falsedad de los títulos de Juliana Guerrero?, ¿ha denunciado todas las conductas que, según ella, han ocurrido? Por ley, debió hacerlo”, cuestionó el abogado.
Humar agregó que, según el relato conocido públicamente, se describen hechos que podrían constituir conductas ilícitas. “De lo narrado por ella se desprenden múltiples actuaciones evidentemente ilegales y delictivas. Es esencial que denuncie y que las autoridades avancen tan pronto como sea posible. Y, desde luego, esto desdice gravemente de la unidad y armonía del Gobierno en sus más altos niveles. No queda duda de que no hay equipo, sino una guerra civil al interior del Gobierno”, afirmó.
Para el penalista Francisco Bernate, las declaraciones de Rodríguez también podrían revelar la comisión de un delito. “Habría un posible constreñimiento ilegal en su contra, porque no le están pidiendo dinero”, señaló.
A su turno, el abogado Sócrates Saavedra sostuvo que corresponde una reacción inmediata de las autoridades judiciales. “La Fiscalía debe iniciar de inmediato una indagación de oficio para determinar la responsabilidad de particulares y funcionarios en posibles delitos contra la administración pública u otros”, indicó.
Entre tanto, el abogado Julián Quintana manifestó que lo expresado por Rodríguez podría abrir nuevas actuaciones de oficio en la Fiscalía y la Procuraduría, así como fortalecer procesos ya existentes. “Resulta fundamental que las autoridades la llamen a declarar y adelanten las diligencias necesarias para verificar sus afirmaciones y convertir esos señalamientos en elementos materiales probatorios”.
Y añadió: “Si sus denuncias llegan a corroborarse, podrían plantearse hipótesis como concierto para delinquir, amenazas, uso indebido de información reservada, falsedad en documentos y posibles delitos contra la administración pública, además de faltas disciplinarias por injerencia indebida en nombramientos o decisiones oficiales. Lo relatado sugiere la posible existencia de una estructura organizada al interior del Gobierno orientada al uso irregular del poder y de los recursos públicos. También serían especialmente delicados los señalamientos sobre presuntos vínculos o referencias a grupos armados ilegales como el Eln, asunto que exigiría una investigación rigurosa e independiente. La gravedad de lo expuesto amerita esclarecimiento institucional y sanciones ejemplares en caso de comprobarse responsabilidades”.
REDACCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA
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