Los seis magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declararon impedidos para tramitar al menos cinco demandas contra el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, con el que el Gobierno derogó la prima especial de servicios de los congresistas, reduciéndoles 16 millones de pesos mensuales.
¿La razón? El salario de los magistrados está indexado a esa base y, por lo tanto, el decreto también redujo su sueldo. El de ellos y el de jueces, profesionales de despacho, procuradores y buena parte de la pirámide de la Rama Judicial. Por esta razón, diferentes sindicatos de la Rama fueron autores de esta ‘demandatón’.
Consejo de Estado Foto:Consejo de Estado
Sin embargo, en marzo pasado, el Gobierno expidió un nuevo decreto que aumentó en 7 % el sueldo de jueces y funcionarios judiciales en 2026 (con efecto retroactivo desde enero) y redefinió la prima técnica y especial, con base en el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992.
No obstante, el decreto que redujo el salario de los congresistas, de todas formas, tiene un efecto expansivo en la Rama. Por esta razón, las demandas contra esta norma que cursan en el Consejo de Estado terminaron en manos de los conjueces Héctor Santaella, Carlos Mario Isaza y Juan Pablo Araujo Ariza.
«En este orden de ideas, la remuneración de los miembros del Congreso constituye la base para determinar la asignación salarial de los magistrados de las altas cortes; por lo tanto, cualquier análisis y eventual decisión que se adopte en este asunto podría incidir en el régimen salarial y prestacional del cual somos beneficiarios, en nuestra condición de consejeros de Estado, por lo que podríamos estar incursos en la causal de recusación prevista en el numeral 1.° del artículo 141 del CGP, razón por la que solicitamos ser apartados del conocimiento del presente asunto», argumentaron los magistrados en el impedimento colectivo.
Actualmente, el conjuez ponente, Héctor Santaella Quintero, corrió traslado por el término de cinco días a las partes —la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Dapre y la Función Pública— para que expongan sus argumentos frente a la solicitud del demandante de suspender los efectos del decreto.
El presidente Gustavo Petro reaccionó al trámite de la demanda, un proceso ordinario en las altas cortes, y reiteró en su propuesta de una asamblea nacional constituyente.
El presidente Gustavo Petro. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO
«Increíble tratar de quitar la competencia del presidente de derogar decretos de anteriores presidentes. Es por esta intención de no querer autoreformar instituciones en las que se necesita una asamblea nacional constituyente. El sueldo de los congresistas debe bajar«, dijo el Presidente a través de su cuenta de X.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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