Una encuesta publicada por la organización cívica Hagamos Democracia reveló que el 71,4 por ciento de las personas en Nicaragua cree que las presiones de Estados Unidos al mando de Donald Trump podrían “desembocar en una transición democrática en Nicaragua», mientras el 28,6 por ciento cree que no.
Esta organización civil tiene su sede en Costa Rica por cuenta de la persecución y presión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que ha obligado a cientos de opositores, ONG e incluso miembros de la iglesia a vivir en el exilio.
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Las encuestas se realizaron de forma telemática a través de Whatsapp y Signal, entre el 24 y el 31 de marzo, con una población de 400 personas en 40 municipios del país centroamericano.
Daniel Ortega y Rosario Murillo Foto:x
El informe también revela que el 78,2 por ciento de los encuestados respalda una eventual negociación política con la dictadura, siempre y cuando sea acompañada y avalada por Washington.
Para el diario independiente La Prensa, cuya redacción también vive en el exilio, esto pone en evidencia «que la gente tiene confianza en EE. UU.» y, además, confirma lo que han demostrado otras encuestas y señalan casi todos los representantes de la oposición: «Que los nicaragüenses no quieren más violencia, que prefieren el diálogo, la negociación y los acuerdos».
Desde el regreso de Donald Trump al poder, Estados Unidos puso la mirada nuevamente en la región. Un claro ejemplo es el caso de Venezuela, donde el pasado 3 de enero emprendió un operativo militar que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro.
A esto se suma la presión que actualmente ejerce Washington sobre el régimen castrista en Cuba. Hace meses la isla enfrenta una crítica situación energética que, si bien venía de años anteriores, se ha agravado por cuenta del bloqueo estadounidense al ingreso de petróleo. Esto ha derivado en la apertura de negociaciones entre La Habana y Estados Unidos.
Protesta contra el régimen de Nicaragua. Foto:Onda Local
Otro caso, aunque lejano, es la actual guerra que libra la administración Trump en Oriente Medio contra Irán y que ha derivado en una profunda crisis económica global por cuenta de las amenazas sobre el suministro del petróleo.
Otros casos son la presión de Trump sobre las elecciones en Honduras, los acuerdos con El Salvador para la deportación de migrantes, la alianza con Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, los ataques a supuestas lanchas de droga en aguas del Caribe y el Pacífico e incluso los choques diplomáticos con Colombia por cuenta de las diferencias con el presidente Gustavo Petro.
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Y, si bien Donald Trump no ha puesto la mirada sobre Nicaragua, la administración sí ha tomado medidas para elevar la presión y recrudeció el discurso contra el régimen de Ortega. Tan solo la semana pasada Estados Unidos sancionó al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por participar en «graves violaciones de los derechos humanos«, una acción que Washington realiza en recordación de los cientos de víctimas tras las protestas de abril de 2018 en el país centroamericano.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió en un comunicado que «hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen».
«Hoy, para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados en la represión posterior, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, en virtud de la Sección 7031(c), por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos», añadió Rubio.
Bajo la sección 7031(c), la designación de Cañas Novoa incluye restricciones de visados y la prohibición de entrada a Estados Unidos.
Además, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra dos hijos de Ortega y Murillo, y cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto:Getty Images via AFP
Las medidas también abarcan a siete empresas mineras, que como el resto de los señalados, han estado involucrados en la extracción de oro en el país centroamericano y su comercialización.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que todas estas entidades e individuos «ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua» y están «involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua» ligadas al sector aurífero.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato.
Washington ha acusado al Gobierno de Ortega-Murillo de reprimir a los disidentes de su gestión. En marzo pasado, la misión estadounidense en Managua denunció que la «crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable» y criticó que mantengan detenidas a personas ancianas y enfermas.
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De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una declaración con ocasión del octavo aniversario de las protestas, condenó las continuas violaciones a los derechos humanos y urgió al Estado de Nicaragua a restablecer el Estado de derecho, poner fin a la represión, liberar de manera inmediata a encarcelados por motivos políticos, y cesar la impunidad generalizada.
Desde el 18 de abril de 2018 hasta el 31 de julio de 2019 la CIDH contabilizó 355 muertes. Foto:Getty
«La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región, en un contexto en el que se ha consolidado una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo», alertó ese órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
Según la CIDH, persisten diversos patrones de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y persecución política y religiosa, perpetradas incluso más allá de las fronteras; así como restricciones y afectaciones a garantías y libertades fundamentales, y violaciones bajo custodia estatal en condiciones inhumanas y degradantes.
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