La extorsión volvió a cobrar una vida en el Atlántico. Jorge Luis Rueda Lizcano, comerciante de 37 años y propietario de dos tiendas de abarrotes en el municipio de Malambo, fue asesinado a tiros luego de quedar, presuntamente, en medio de una disputa entre dos de las principales estructuras criminales que operan en la zona: ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.
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El homicidio se registró la tarde del martes 21 de abril, hacia las 5:40 p. m., en el barrio Juan XXIII. Según el reporte de las autoridades, dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta la carrera 1B con calle 20, donde funciona la tienda Donde El Cacha, y dispararon en repetidas ocasiones contra Rueda Lizcano, conocido en el sector con el apodo de ‘El Cacha’.
Gravemente herido, el comerciante fue auxiliado por habitantes del barrio y trasladado a un centro asistencial cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
Las primeras hipótesis
En medio de las labores investigativas adelantadas durante las horas posteriores al crimen, las autoridades comenzaron a consolidar una hipótesis que estaría directamente relacionada con cobros extorsivos simultáneos y el control de rentas criminales en Malambo, municipio que en los últimos meses ha sido escenario de una escalada de violencia asociada a este delito.
El hombre era conocido cariñosamente como ‘El Cacha’ Foto:Redes sociales
De acuerdo con testimonios recopilados por investigadores y personas cercanas a la víctima, Rueda Lizcano habría estado siendo víctima de extorsiones por parte de dos estructuras criminales que operan en el municipio, luego de que estas detectaran que era propietario de dos establecimientos comerciales.
Según esta versión, el comerciante venía pagando cuotas extorsivas a ‘Los Pepes’, estructura que tendría dominio criminal en el sector donde funcionaban sus negocios. Sin embargo, un presunto integrante de ‘Los Costeños’, señalado con el alias de ‘Andy’, habría comenzado a exigirle que dejara de colaborar con la organización rival.
Las advertencias, siempre según la información recopilada por los investigadores, habrían escalado a amenazas directas de muerte en caso de no acatar la orden.
Las pesquisas también permitieron conocer que, ante el nivel de presión, Jorge Rueda Lizcano habría intentado buscar un acercamiento con miembros de ‘Los Costeños’, presuntamente con el objetivo de llegar a algún tipo de acuerdo que le permitiera seguir operando sus negocios sin poner en riesgo su vida.
Jorge Rueda Lizcano, de 37 años. Foto:Redes sociales
Sin embargo, ese intento no habría prosperado. Para las autoridades, este componente refuerza la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a una retaliación interna entre estructuras criminales, en la que la víctima terminó siendo tratada como una pieza prescindible dentro de la disputa por el control territorial y las rentas ilegales.
La línea investigativa que se fortalece apunta a que el ataque fue ordenado presuntamente por un jefe de ‘Los Costeños’, como una acción de castigo y advertencia frente a lo que el grupo consideraría una colaboración con la organización rival.
Un fenómeno de no parar
Autoridades han advertido que en varios municipios del área metropolitana de Barranquilla se ha venido identificando un fenómeno de extorsión cruzada, en el que comerciantes y pequeños empresarios son obligados a pagar cuotas a más de una estructura criminal, quedando atrapados en una dinámica de alto riesgo.
El crimen se ha apoderado de muchos territorios en el Atlántico. Foto:GUILLO GONZALEZ
En estos escenarios, cualquier intento de negociación, retraso en los pagos o colaboración con una organización distinta puede desencadenar represalias violentas, como homicidios selectivos o ataques armados contra negocios y fachadas.
Precisamente, el Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla asumió el control de la investigación del crimen de Rueda Lizcano, así como de otros ataques armados registrados recientemente contra establecimientos comerciales del corregimiento de Caracolí, hechos que también estarían relacionados con disputas por cobros extorsivos.
Aunque las autoridades aseguran contar con información relevante que respalda esta hipótesis, el caso continúa bajo reserva judicial, mientras avanzan los análisis de testimonios, registros de amenazas previas y posibles vínculos entre los presuntos responsables.
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El asesinato de Jorge Luis Rueda Lizcano vuelve a evidenciar el alto costo humano de la extorsión en el Atlántico, un delito que no solo golpea la economía local, sino que ha convertido a comerciantes y ciudadanos comunes en blancos de una violencia sistemática, ejercida por estructuras criminales que se disputan el control del territorio y de las rentas ilegales.
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