Una nueva alerta sobre posibles irregularidades en la contratación pública encendió las alarmas en el sector de infraestructura del país. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, denunció que estructuras vinculadas a Emilio Tapia estarían intentando acceder a procesos de contratación estatal mediante la figura de consorcios, pese a las sanciones que pesan en su contra.
Según explicó la funcionaria, el caso se detectó durante la licitación del proyecto vial La Llanada–Sotomayor. Allí, el equipo jurídico del Instituto Nacional de Vías identificó que en el consorcio denominado Caminos Estratégicos participaba una empresa vinculada a Tapia, la cual se encuentra inhabilitada por su relación con el escándalo de Centros Poblados y, además, está en proceso de liquidación judicial.
De acuerdo con la ministra, el problema radica en vacíos de la normativa vigente que permiten a firmas sancionadas participar indirectamente en procesos contractuales. Explicó que, aunque la ley impide que estas empresas se presenten de manera individual, no bloquea su participación cuando lo hacen a través de consorcios. “Si fuera la que directamente se presentara, la ley no lo dejaría, pero como no es directamente, sino consorciada, la ley lo deja”, señaló.
En el caso puntual, se evidenció que la empresa involucrada no contaba con la autorización obligatoria de su liquidador para presentarse al proceso. Ante la detección de documentos contrarios a la ley y sin los avales requeridos, la audiencia de adjudicación tuvo que ser suspendida de manera inmediata.
La ministra también advirtió que esta práctica no sería un hecho aislado. Indicó que las estructuras relacionadas con Tapia estarían intentando participar en al menos cuatro licitaciones y que esta modalidad podría estar replicándose en otras entidades del Estado. Por ello, hizo un llamado a reforzar los controles y a revisar de forma rigurosa la composición de los consorcios que se presentan a los procesos contractuales.
Para el Gobierno Nacional, este caso evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal en materia de contratación pública. Según Rojas, actualmente no existen herramientas suficientes que impidan de manera contundente que empresas con antecedentes de corrupción se asocien con otras para seguir participando en la ejecución de obras públicas.
Ante este panorama, el Ministerio de Transporte emitió una alerta formal a todas las entidades estatales para que extremen la vigilancia en los procesos de contratación y eviten que actores con historial de irregularidades puedan recuperar acceso a recursos destinados a la infraestructura vial del país.
REDACCIÓN EL TIEMPO
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