Luego del ‘parrandón’ vallenato en la cárcel de Itagüí, que destapó violaciones de los protocolos de seguridad y el trato preferencial a capos recluidos en el pabellón de extraditables —algunos en negociaciones de paz con el Gobierno—, salieron a flote otros episodios, como una supuesta fiesta en La Picota. EL TIEMPO conoció que estas condescendencias del sistema penitenciario también salpican a las guarniciones militares, donde suelen estar recluidos los llamados procesados de ‘cuello blanco’, quienes gozan de permisos que no tienen los presos comunes.
En la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde están detenidos desde Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, hasta la enjuiciada por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Sandra Ortiz, y, recientemente, el congresista acusado por este escándalo Wadith Manzur, hay todo un portafolio de flexibilidades por el que, según fuentes enteradas, son ‘robados’ los cupos. Este diario conoció que las alertas también apuntan a cobros y tráfico de influencias para acceder a este sitio y para mantener los beneficios.
Domicilios, megavisitas familiares (incluso con menores de edad) y hasta mascotas. El rosario de indulgencias de quienes están recluidos en Carabineros —la mayoría por riesgos a su seguridad— incluye el uso de dispositivos como celulares y televisores con plataformas de streaming, alimentación a la carta, peluqueros y controles débiles o nulos que convierten a Carabineros en un resort codiciado, por el que abogados defensores se mueven con enlaces políticos para que sus clientes logren ‘celda’. Todos estos beneficios, a la vista de quienes se encargan de su custodia, que se pasan la responsabilidad entre el Inpec y las Fuerzas Militares.
La exconsejera Sandra Ortiz se encuentra en la Escuela de Carabineros de la Policía. Foto:Archivo particular
EL TIEMPO conoció el caso de Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El Pastuso’, una de las fichas del entramado de corrupción de la UNGRD, condenado tras un preacuerdo, quien cuando estuvo recluido en Carabineros logró el permiso para tener un perro. “No debería tenerlo”, explicó la fuente. Sin embargo, señaló que tras varias peleas con el personal por la conducta del animal, apareció un certificado de mascota de “asistencia emocional”.
Otras denuncias de personal de la Escuela hablan de visitas sin control en el ingreso de elementos prohibidos y en grupos numerosos. “Pueden durar toda la tarde o incluso hay casos en los que terminan pasando la noche”, agregó el informante. También mencionan el ingreso de estilistas para procesados como Sandra Ortiz, y hasta el libre tránsito de personas externas por fuera de las celdas.
Luis Eduardo López Rosero. Foto:Fiscalía
Fuentes oficiales le contaron a este diario que en Carabineros, la asignación de cupos pasa por la revisión del director de la Policía Nacional, quien trabaja de la mano con su secretario general. Por la custodia y vigilancia de los reclusos en la unidad policial, el Inpec no gira ningún recurso, sino que hace parte de un convenio que, no obstante los escándalos, se ha mantenido. La única transferencia es para la alimentación de los presos, y lo hace la Uspec con su presupuesto anual.
Ese convenio de alimentación, sin embargo, no es usado por algunos presos. Otra de las polémicas tiene que ver con las comidas rápidas y otros platos que los reclusos piden a través de plataformas de domicilio, o que les preparan cocineros a los que les pagan sueldo. El privilegio del menú personalizado tendría como cómplices a los agentes a cargo de la seguridad quienes, según una fuente, reciben pagos por omitir este tipo de controles.
Escuela de Carabineros de Bogotá Foto:Escuela de Carabineros
Estas comodidades, enquistadas desde hace décadas en el sistema de reclusión en guarniciones y en abierta contravía del reglamento penitenciario, según fuentes de la institución, son conocidas por el Inpec, que investiga cuando salen a la luz ciertos episodios, pero rara vez sanciona estas transgresiones.
De hecho, actualmente ‘Epa Colombia’ está bajo investigación disciplinaria, luego de que se conociera supuestas quejas en su contra por su comportamiento en la Escuela, donde cumple la pena de cinco años de cárcel por instigación al terrorismo. Además de usar el celular sin restricciones, se investigan dos denuncias. Una por un altercado con Margareth Chacón, condenada por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y otra por el estacionamiento durante horas, incluso días, de un mini cooper morado, propiedad, según fuentes del batallón, de una de las visitantes invitadas por Barrera.
Sobre ‘Epa’ también pesan serias dudas sobre su traslado, petición que hizo públicamente el presidente Gustavo Petro en varias alocuciones y consejos de ministros televisados.
Si bien el 11 de junio la defensa de Barrera, liderada por los penalistas Francisco Bernate y Víctor Mosquera, había radicado una solicitud ante el Inpec —con copia al presidente Gustavo Petro— para pedir el envío a una guarnición militar por razones de seguridad y salud, EL TIEMPO conoció por fuentes cercanas al proceso que se habla de irregularidades que lo habrían impulsado.
Margareth Lizeth Chacón. Foto:Archivo particular
De hecho, dos meses después, en medio de choques con su defendida, aparentemente por este y otros episodios irregulares, ambos penalistas renunciaron al caso.
Su defensa quedó en manos del penalista Darío Rendón, quien ha sido abogado de Jorge Eliécer Díaz, alias ‘Castor’, el cabecilla de ‘Los Costeños’. Y actualmente la lleva el abogado Robert Cifuentes.
Según fuentes cercanas, ‘Epa’ atribuye su salida del Buen Pastor a una serie de llamadas que habría hecho a “poderosos”.
Otra de las denuncias gira alrededor de supuestos cobros para lograr el traslado de algunos detenidos a ese centro de reclusión.
Fuentes consultadas señalaron que entre abogados comentan que para conseguir cupo se necesita dinero o de la intermediación de altos funcionarios o un padrino político con influencias ante el Ejecutivo.
Domiciliarios en moto en Bogotá Foto:Archivo EL TIEMPO
Una guarnición que no fue pensada como cárcel
El espacio donde permanecen algunos de los detenidos es descrito como una casa reducida, con cuatro o cinco habitaciones, adaptada para recibir a varios internos. Allí han pasado exfuncionarios, contratistas, políticos regionales y personas vinculadas a investigaciones por corrupción.
La Escuela de Carabineros no fue diseñada originalmente como cárcel. Por eso, las denuncias abren preguntas sobre controles, competencias y condiciones reales de custodia en un lugar que, según las fuentes consultadas, terminó siendo visto por algunos reclusos como un destino preferido frente a otros centros penitenciarios.
Uno de los testimonios conocidos por este diario proviene de un exfuncionario con conocimiento de lo que estaría ocurriendo en esas instalaciones. Según relató, cuando asumió funciones encontró quejas contra un mayor encargado del sitio.
De acuerdo con su versión, decidió remover al oficial y reemplazar al grupo que manejaba la custodia. “Yo lo único que hice fue cambiar todo ese grupo”, dijo. Sin embargo, sostuvo que después el nuevo personal también fue retirado y que eso habría permitido retomar antiguos manejos. “Al parecer, ese personal lo sacaron para poder seguir haciendo los arreglos que ellos querían”, afirmó.
Una cárcel del Inpec Foto:Cortesía Laultima.com.co
EL TIEMPO consultó a la Policía sobre el tema y desde la oficina de prensa se aseguró que la institución “no tiene la función de custodia directa de personas privadas de la libertad ni la supervisión de sus condiciones de reclusión”, una responsabilidad que —se precisó— recae en el Inpec de acuerdo con la Constitución, la Ley 65 de 1993 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En ese sentido, se explicó que la permanencia de detenidos en la Escuela de Carabineros “opera bajo la Resolución 02144 de 2020”, que regula los Centros Especiales de Reclusión, incluidos aquellos que funcionan en instalaciones policiales.
Frente a posibles irregularidades, la institución se indicó que “ante hechos de indisciplina conocidos públicamente, la Policía ha informado al Inpec para que adelante las investigaciones disciplinarias correspondientes”. Sobre los cuestionamientos por presuntos privilegios, reiteró que “el régimen interno y las autorizaciones sobre ingresos, visitas o beneficios son competencia exclusiva del Inpec”, en línea con lo establecido en la Ley 65 de 1993.
Finalmente, la Policía enfatizó que “los traslados y asignación de cupos son ordenados por la autoridad judicial”, por lo que son los jueces de ejecución de penas quienes supervisan el cumplimiento de las medidas y garantizan los derechos de las personas privadas de la libertad. Con ello, la institución subrayó que su rol en estos espacios está limitado a lo dispuesto por el marco legal vigente.
Este diario consultó al Inpec, pero hasta la publicación de este informe no se había obtenido una respuesta oficial.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
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