La Fiscalía General de la Nación programó para el próximo 30 de abril la audiencia de imputación de cargos contra la actriz y exreina Yeimy Paola Vargas, en el marco de una investigación por presunta falsedad en documento público relacionada con su contratación en el sector cultural de Cartagena.
LEA TAMBIÉN
El caso, que ha generado atención en el ámbito local, gira en torno a los documentos académicos que la artista presentó para acceder a un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena durante la vigencia 2025. Según el ente acusador, existen inconsistencias que ponen en duda la autenticidad de una certificación que le permitió acreditar un mayor nivel de formación.
El contrato bajo investigación
Investigación señala irregularidades en certificación académica usada para contrato en Cartagena. Foto:Cortesía
De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, el proceso se centra en un contrato suscrito el 21 de marzo de 2025, cuyo objeto era la prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades relacionadas con la protección del patrimonio material e inmaterial de Cartagena.
El acuerdo tenía un valor cercano a los 55 millones de pesos y una duración de nueve meses. Para cumplir con los requisitos exigidos, Vargas presentó documentación en la que figuraba como Tecnóloga Laboral en Actuación y Teatro, condición que incidía directamente en la remuneración pactada.
Sin embargo, durante las verificaciones posteriores, las autoridades detectaron irregularidades que derivaron en la apertura formal de la investigación penal.
Las inconsistencias detectadas
Audiencia clave será el 30 de abril para definir el rumbo judicial del caso contra Vargas. Foto:Cortesía
Entre los elementos probatorios recolectados, la Fiscalía identificó tres aspectos clave que sustentan la imputación.
El primero tiene que ver con una alteración tipográfica en el documento presentado, específicamente en el nombre de la beneficiaria, cuya fuente no coincidía con el resto del formato oficial.
LEA TAMBIÉN
El segundo corresponde a la inexistencia de registro académico. Tras consultas realizadas por las autoridades, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga certificó que la actriz no aparece en sus bases de datos ni en listados de egresados.
El tercer elemento apunta a una posible falsedad material, dado que el formato del diploma entregado no coincide con los modelos institucionales utilizados por esa entidad.
Estos hallazgos llevaron a los investigadores a concluir, de manera preliminar, que el documento habría sido alterado o no correspondería a un título legítimo.
Segundo contrato y reacción del Distrito
Autoridades indagan posible uso de título falso para acceder a contrato por $55 millones. Foto:Cortesía
Pese a la controversia generada por el primer contrato, este fue suspendido tras aproximadamente seis meses de ejecución, luego de que se hicieran públicas las denuncias.
No obstante, en 2026 la Alcaldía de Cartagena otorgó a Vargas un nuevo contrato por cerca de 18 millones de pesos. En esta ocasión, la artista presentó su hoja de vida sin incluir la certificación académica cuestionada y fue vinculada bajo el perfil de bachiller.
Desde la administración distrital se ha señalado que esta contratación se realizó bajo el principio de presunción de inocencia, al no existir, hasta ahora, una inhabilidad legal vigente que impidiera su participación en procesos contractuales.
Alcance de la investigación
Caso también involucra revisión a funcionarios por fallas en control de contratación pública. Foto:Cortesía
La Fiscalía no solo busca establecer la eventual responsabilidad penal de Vargas, sino que también anunció que el caso avanzará hacia la vinculación de terceros.
En particular, se examinará el rol de los funcionarios del IPCC encargados de la revisión de documentos y del proceso de contratación, con el fin de determinar si hubo fallas en los controles o posibles omisiones en la verificación de requisitos. Este componente amplía el alcance del expediente, al poner bajo la lupa los mecanismos institucionales de validación en la contratación pública.
Dentro del material probatorio también figura una certificación incluida en la hoja de vida de la actriz, relacionada con un curso sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Este documento ahora hace parte del análisis que adelantan las autoridades.
De acuerdo con la legislación colombiana, el delito de falsedad en documento público contempla penas que pueden ir de cuatro a nueve años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y del grado de responsabilidad que se establezca en el proceso.
Lo que viene
Sede del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Foto:Ipcc Cartagena.
La audiencia de imputación será clave para definir el rumbo judicial del caso. En esta diligencia, la Fiscalía expondrá formalmente los cargos y las pruebas iniciales, mientras que la defensa podrá presentar sus argumentos.
Por ahora, el proceso se mantiene en etapa preliminar, y será la justicia la encargada de determinar si hubo o no responsabilidad penal en los hechos investigados.
Este video le puede interesar:
Deja una respuesta