La nueva escalada de violencia en el suroccidente del país que deja 20 muertos y más de 45 heridos, puso en evidencia la crisis del orden público en el país y suma argumentos contra la ‘paz total’, que en su primera etapa fue aprovechada por ‘Iván Mordisco’ (señalado de estar detrás de la ola de ataques), y su banda criminal para expandirse y consolidar su poder en el suroccidente de Colombia.
En menos de 48 horas se registraron al menos 31 acciones terroristas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en una secuencia que incluyó ataques simultáneos, explosivos en corredores viales y acciones armadas que obligaron al desplazamiento del ministro de Defensa y de la cúpula de la Fuerza Pública. El atentado de Cajibío, en la vía Panamericana, puso de nuevo la mirada en Cauca, ha sido el peor de los atentados contra civiles desde el perpetrado en el club El Nogal en 2003.
Varios analistas han coincidido en un punto: estos hechos reflejan no solo una debilidad estratégica de las Fuerzas Militares, sino también una menor capacidad de anticipación por parte de la inteligencia, tanto militar como estratégica.
20 muertos, 35 heridos y 16 vehículos destruidos. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
Frente a ese cuestionamiento, el ministro de Defensa ha insistido en que el terrorismo es una amenaza silenciosa, que se camufla con facilidad en medio de la población civil, y ha subrayado que la clave de la inteligencia sigue siendo la información, muchas veces dependiente del apoyo de la comunidad. Incluso reconoció que hubo personas que identificaron señales de amenaza, pero guardaron silencio.
La escalada violenta, según la propia Fuerza Pública constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad como homicidios en persona protegida, lesiones en persona protegida, terrorismo, zozobra y utilización de medios y métodos de guerra de uso ilícito.
Los organismos internacionales han enfatizado que estos actos constituyen una violación directa al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y han reiterado la necesidad de proteger a la población civil en zonas de conflicto. Una de estas reacciones provino de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, que además de rechazar el hecho señaló que los atentados constituyen graves infracciones al DIH.
20 muertos, 35 heridos y 16 vehículos destruidos. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
“Exigimos a los grupos armados ilegales cesar de inmediato toda afectación contra la población civil y respetar, sin dilaciones, el Derecho Internacional Humanitario (DIH), cumpliendo la obligación de garantizar siempre la vida”. Asimismo, indicaron que es necesario que las autoridades refuercen la presencia institucional y avancen con celeridad en las investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron el atentado, expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familias, e instaron al Estado a adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones de protección, así como a investigar y sancionar a los responsables. Con estos pronunciamientos, queda en evidencia que la comunidad internacional mantiene su atención sobre la escalada de violencia en Colombia que sigue afectando a la ciudadanía.
Redacción Justicia
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