El conflicto jurídico y social en torno al peaje Papiros, ubicado en la Vía al Mar entre Barranquilla y Puerto Colombia, entra en una nueva fase. El Consejo de Estado deberá resolver una apelación presentada contra la reciente sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, que reconoció la vulneración de derechos colectivos, pero no ordenó el desmonte definitivo de la caseta.
El recurso fue interpuesto por el abogado Víctor Ríos, quien busca que el alto tribunal revise a fondo los alcances del fallo y determine si procede la eliminación total del peaje, una de las principales exigencias de la comunidad afectada.
Según pudo conocer EL TIEMPO, la apelación se centra en lo que el jurista considera vacíos sustanciales en la decisión judicial, particularmente en lo relacionado con los derechos de los usuarios y el impacto económico que sigue generando la operación del peaje.
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Un fallo que reconoce afectaciones, pero deja dudas
El Tribunal Administrativo del Atlántico concluyó que el funcionamiento del peaje Papiros sí generó afectaciones a derechos colectivos, lo que representó un avance importante dentro del proceso impulsado mediante acción popular.
Sin embargo, la sentencia no accedió a una de las principales pretensiones: el desmonte total de la infraestructura. En su lugar, otorgó un plazo de un año y nueve meses para que las entidades responsables ajusten la caseta a las normas técnicas vigentes.
Para el abogado Ríos, esta decisión resulta insuficiente. “Es una decisión que respetamos, pero no compartimos, puesto que dejó inconclusas las pretensiones de la ciudadanía”, señaló.
Uno de los puntos más cuestionados, según explicó, es que el fallo no abordó de manera integral el derecho colectivo de los consumidores, argumento que fue presentado por la parte coadyuvante dentro del proceso.
Cobros vigentes y controversia por operación parcial
Fallo reconoció afectaciones, pero no ordenó desmontar caseta en Vía al Mar. Foto:ANI
Aunque actualmente los vehículos particulares están exentos del pago, el peaje continúa cobrando la tasa de transporte a vehículos de carga, lo que, en criterio de los demandantes, mantiene vigente la afectación económica.
“Esto resulta especialmente relevante porque la operación no se ha suspendido completamente, a pesar de que se identificaron incumplimientos en la norma técnica”, explicó Ríos.
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la continuidad del servicio mientras se ejecutan los ajustes ordenados por el tribunal. Según el recurso, si se reconoció que la infraestructura no cumple con los estándares exigidos, debió contemplarse una suspensión total mientras se corrigen las fallas.
EL TIEMPO pudo establecer que este será uno de los puntos clave que analizará el Consejo de Estado, en la medida en que podría sentar un precedente sobre la operación de este tipo de infraestructuras bajo condiciones técnicas cuestionadas.
Incertidumbre sobre el futuro del peaje
Comunidad cuestiona continuidad de cobros a vehículos pesados en el peaje. Foto:Vanexa Romero/ET
La apelación también plantea interrogantes sobre lo que ocurrirá una vez venza el plazo otorgado por el tribunal. En particular, no hay claridad sobre las consecuencias jurídicas si la concesión no logra adecuar la infraestructura a los requisitos técnicos dentro del tiempo establecido.
“Quedaron múltiples dudas y los derechos colectivos sin una respuesta clara”, insistió el abogado.
Además, el recurso advierte que permitir la adecuación del peaje sin resolver de fondo las reclamaciones ciudadanas podría derivar, a mediano plazo, en la reactivación plena de cobros, lo que reabriría la controversia.
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Uno de los argumentos centrales es la cercanía entre esta caseta y el peaje de Puerto Colombia, ubicados a menos de 14 kilómetros, lo que, según los demandantes, configura una carga económica desproporcionada para los usuarios frecuentes de esta vía.
Un conflicto con impacto regional
Recurso busca aclarar vacíos sobre derechos colectivos de usuarios afectados. Foto:Vanexa Romero/ET
El caso del peaje Papiros ha sido uno de los más sensibles en el Atlántico en los últimos meses, no solo por su dimensión jurídica, sino por su impacto en la vida cotidiana de miles de personas.
Habitantes, comerciantes y transportadores han denunciado afectaciones en la movilidad, el turismo y la economía local, lo que ha derivado en protestas y un debate amplio sobre la legalidad y conveniencia de esta infraestructura.
En ese contexto, la decisión que adopte el Consejo de Estado será determinante para definir el futuro del peaje y, en general, para establecer criterios sobre la protección de derechos colectivos frente a proyectos de infraestructura vial.
Por ahora, el caso sigue abierto y bajo análisis. La expectativa está puesta en si el alto tribunal opta por mantener la línea del fallo inicial o introduce cambios de fondo que respondan a las demandas de la comunidad.
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