Desde las primeras horas de este lunes 27 de abril, una operación judicial sin precedentes se desplegó en las principales ciudades de Colombia, teniendo como objetivo los puntos de venta y centros logísticos de la reconocida cadena de ropa interior femenina Lili Pink.
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Ese día, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con unidades especializadas contra las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación, iniciaron una serie de allanamientos y diligencias de registro de forma simultánea que buscaban recopilar evidencia sobre una presunta red trasnacional dedicada al lavado de capitales y al ingreso de mercancía ilegal al territorio nacional.
La investigación, que se venía gestando desde meses atrás, apunta a que detrás del reconocimiento comercial de la marca se habrían ocultado maniobras financieras irregulares. Los reportes de las autoridades indican que la marca está vinculada a la sociedad Fast Moda S.A.S., una empresa constituida a mediados de 2020 en la ciudad de Bogotá y que cuenta con activos registrados por un valor de 295.000 millones de pesos.
Lili Pink. Foto:El Tiempo / cortesía
Este proceso administrativo y penal ha generado una fuerte sacudida en el sector, dado que Lili Pink gestiona cerca de 300 tiendas bajo el modelo de franquicias en todo el país.
La SAE se pronunció sobre el megaoperativo en tiendas de Lili Pink en toda Colombia: habló del futuro de empleados
Amelia Pérez, en su calidad de presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entregó detalles sobre la participación de la entidad en las diligencias de incautación y el rol que asumirán frente al futuro de la compañía.
Según Pérez, la entidad ha estado realizando un acompañamiento constante a la Fiscalía General de la Nación bajo el marco legal de la Ley 1708, enfocándose en la intervención de la sociedad y sus subordinadas. En medio de las nuevas declaraciones, la funcionaria reveló un hallazgo que ha generado controversia respecto al comportamiento de los mandos altos de la empresa antes de la intervención de la fuerza pública.
En su pronunciamiento, la presidenta de la SAE afirmó: «Tenemos conocimiento que las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a desarrollar por parte de la Fiscalía y el acompañamiento de la sociedad de activos especiales y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas que allí se encontraban».
De igual forma, destacó que «en los lugares donde se estaban haciendo las diligencias no se encontraban los gerentes o habían sido enviados a trabajar desde casa».
La Sociedad de Activos Especiales entregó nuevos detalles de la operación en Lili Pink; revela que directivos de Lili Pink sabían de redada y destapan lo que hicieron antes de llegada de autoridades 🔽 pic.twitter.com/1F5xOpQBrD
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 30, 2026
Esta situación ha puesto en el centro de la discusión la estabilidad de la fuerza laboral, que se estima en una cifra significativa. Pérez recalcó la inquietud institucional al señalar que: «Nosotros estuvimos hoy reunidos con el Ministerio del Trabajo, ya que es una preocupación tanto del Ministerio del Trabajo como de esta sociedad, la suerte de las más de 2.000 empleadas con las que cuenta esta sociedad».
Allanamiento a Lili Pink. Foto:Fiscalía General de la Nación
La SAE ha informado que, una vez concluya el proceso de ocupación por parte de los organismos judiciales, asumirá la administración de los bienes involucrados. Para ello, se ha planteado un esquema de trabajo que incluye la solicitud de acompañamiento por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin de auditar el estado financiero, contable y contractual de la marca.
El objetivo primordial expresado por la entidad es garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos, asegurando que «el plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos».
Fiscalía reveló detalles de cómo se llevó a cabo la operación
Allanamiento a Lili Pink. Foto:Fiscalía General de la Nación
Por su parte, los directores de las unidades especializadas de la Fiscalía General de la Nación expusieron la magnitud del entramado delictivo que habría utilizado la estructura comercial de la ropa femenina para fines ilícitos.
Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los delitos fiscales, explicó que las labores de inteligencia permitieron poner al descubierto un conglomerado que funcionaba como fachada. El funcionario detalló: «La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación».
Las cifras reveladas por la entidad son contundentes respecto al impacto económico de estas actividades. Quevedo señaló que se ha documentado un lavado de activos que asciende a los 730.000 millones de pesos, sumado a un enriquecimiento ilícito de particulares que supera los 430.000 millones. Además, se reportaron decomisos de mercancía por parte de la Dian avaluados en más de 54.000 millones de pesos y un posible contrabando que excedería los 75.000 millones de pesos.
Estas acciones, según la Fiscalía, tenían como propósito «disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero» para integrarlo al sistema económico formal.
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Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de extinción del derecho de dominio, informó sobre las medidas cautelares impuestas sobre los activos de la organización. Cárdenas confirmó que un fiscal de su dependencia ordenó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre «405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales eran objeto de avalúo».
El operativo de ocupación de estos bienes contó con el soporte del Ejército Nacional y se extendió a 59 ciudades y municipios ubicados en 25 departamentos de Colombia, que es donde la cadena tiene su presencia comercial.
A pesar de la intervención judicial, las autoridades aclararon que las propiedades afectadas no cesarán sus actividades de inmediato. Cárdenas precisó que «las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces de la especialidad». En paralelo a las medidas sobre los bienes, la Fiscalía obtuvo órdenes de captura contra personas vinculadas a estas conductas, las cuales se encuentran en proceso de materialización.
Los locales seguirán operando por el momento. Foto:Fiscalía General de la Nación
Ante estos hechos, la Dirección Ejecutiva de Fastmoda emitió un comunicado oficial reconociendo que la compañía atraviesa un proceso administrativo ante entidades regulatorias, el cual calificaron como una gestión que están atendiendo de manera directa.
En su pronunciamiento, la marca hizo un llamado a la Fiscalía y a la SAE para «proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos».
LAURA NATHALIA QUINTERO.
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.
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