El presidente del gremio de los comerciantes Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expresó su preocupación por la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera parcial el impuesto al patrimonio contemplado en la última emergencia económica para las entidades sin ánimo de lucro, como universidades, pero que todavía obliga a pagar al resto de empresas de más de 10.000 millones de pesos.
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Corte Constitucional falló sobre el impuesto al patrimonio. Foto:archivo
“Aunque introduce algunas exclusiones relevantes, no corrige los graves problemas estructurales de un impuesto que consideramos altamente inconstitucional y perjudicial para el tejido empresarial del país. Se instrumentaliza el estado de emergencia para resolver un problema estructural de financiación estatal”, afirmó.
Para Fenalco, en un contexto en el que surgen cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos no resulta lógico ni justo trasladar la carga a los empresarios para compensar deficiencias fiscales de una administración percibida como cada vez más descuidada, derrochadora y con serios señalamientos de corrupción.
“El impuesto carece de conexidad material directa con la crisis declarada puesto que el Decreto no establece un cálculo claro de los recursos necesarios para atender la emergencia, lo que impide identificar con precisión el destino de los fondos recaudados”, aseguró.
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Adicional a ello, dijo que se trata de un impuesto “confiscatorio”, ya que grava una manifestación estática de riqueza sin considerar los resultados y la liquidez real de las empresas contribuyentes.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto:Archivo EL TIEMPO y iStock
“La aplicación de tarifas entre el 0,50 y el 1,6 por ciento sobre una base patrimonial no líquida puede generar cargas significativas para empresas cuyo capital está invertido en activos productivos”, sostuvo.
Por ello, hizo un llamado al próximo gobierno para que evite la imposición de este tipo tributos “confiscatorios” y garantice un entorno en el que las empresas puedan operar con un mínimo vital que asegure su sostenibilidad.
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Imagen de referencia. Foto:iStock
“En un entorno caracterizado por altos costos laborales, elevada carga tributaria, inflación y tasas de interés altas, este impuesto incrementa el riesgo de descapitalización empresarial, comprometiendo la sostenibilidad de las compañías y afectando la actividad económica en general”, sentenció.
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