La Corte Constitucional le puso el acelerador a la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural.
Al resolver una demanda contra varios artículos del Decreto Ley 902 de 2017, el alto tribunal declaró ajustados a la Constitución varios de ellos, pero bajo una condición: que la competencia judicial que allí se regula se mantenga en cabeza de las autoridades actuales mientras se implementa la nueva jurisdicción. La decisión fue adoptada por unanimidad, con una votación 9-0.
En esa línea, la Corte no solo fijó reglas sobre quién debe resolver los conflictos por la tierra, sino que ordenó al Consejo Superior de la Judicatura empezar desde ya a alistar la nueva justicia agraria para que entre a operar, de forma gradual, a partir de 2027. Mientras tanto, los jueces actuales seguirán conociendo estos casos.
Corte Constitucional Foto:Cortesía
Se trata de una pieza clave en la implementación del Acto Legislativo 03 de 2023, que creó esta jurisdicción especializada con el objetivo de que los conflictos sobre propiedad, uso y tenencia de la tierra sean resueltos por jueces expertos en la materia.
Mientras los juzgados y tribunales agrarios se ponen en marcha, los jueces civiles y administrativos seguirán conociendo estos procesos, tal como lo venían haciendo, para evitar un vacío en la administración de justicia.
El fallo también exhorta al Congreso a expedir, “a la mayor brevedad”, la ley que definirá el procedimiento especial agrario, una norma clave para que esta nueva jurisdicción pueda operar plenamente.
Reforma rural Foto:Presidencia
Detrás de la decisión hay una preocupación de fondo: garantizar el derecho al juez natural y dar seguridad jurídica en este tipo de litigios, mediante los cuales se implementa la reforma rural integral, uno de los puntos clave del Acuerdo de Paz.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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