Carlos Ramón González, antigua mano derecha del presidente Gustavo Petro, completa más de un año en Nicaragua, adonde viajó luego de ser sindicado por la Fiscalía como el supuesto cerebro de la «empresa criminal» que se montó en la UNGRD para entregar coimas y contratos a congresistas, a cambio de apoyar las reformas del Gobierno.
A pesar de que el ente acusador ha solicitado en dos ocasiones a Interpol que expida una circular roja con la que se lo puede ubicar en más de 190 países, este organismo con sede en Lyon, Francia, se negó a hacerlo. El rechazo definitivo fue revelado esta semana por Noticias RCN, y en él se hace alusión a que el procesado recibió un asilo de Nicaragua, lo que lo blinda de tener una orden de captura internacional en su contra.
De hecho, fuentes le dijeron a este diario que incluso puede salir a cualquier país -excepto volver a Colombia- sin problema alguno.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y del DNI. Foto:César Melgarejo EL TIEMPO
La mención de González en este escándalo, el que más ha golpeado al Ejecutivo en materia de corrupción, se dio luego de que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad, decidieron prender el ventilador contando qué altos funcionarios del Gobierno participaron de encuentros para ‘aceitar’ al Congreso a punta de contratos.
Entre ellos estuvo González, un miembro de la Alianza Verde que por su cercanía llegó a ocupar el Dapre. En 2023, habría dado instrucciones a Olmedo López y Sandra Ortiz para que ofrecieran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y la Cámara, a cambio de que apoyaran las reformas sociales de Petro. Esa negociación se materializó en 4.000 millones de pesos en efectivo, presuntamente repartidos entre los dos legisladores.
Carlos Ramón González. Foto:Archivo Particular
Ante esos señalamientos, la Fiscalía le imputó a González el año pasado en el Tribunal de Bogotá los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado y lavado de activos. «En la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ubicada en el Palacio de Nariño, a mediados de septiembre de 2023, González Merchán ordenó a Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero y 10.000 millones de pesos para el segundo, que previamente les había ofrecido», se lee en el expediente contra González.
Para esa época, sin embargo, él ya se encontraba por fuera de Colombia. El ente acusador rastreó la IP del investigado y dio con que se conectaba desde un punto cercano a Managua, capital del país dominado por el régimen de Daniel Ortega. Desde entonces se empezó a poner la lupa sobre su salida al extranjero.
Fiscales Andrea Muñoz y María Cristina Patiño. Foto:Fiscalía
La confirmación de que le dieron un asilo se dio después de que se reveló que González estuvo en una fiesta organizada en Managua. Documentos oficiales certifican que la Embajada de Colombia le ayudó en su estancia en Centroamérica, lo que generó un revuelo y hasta anuncios de investigaciones disciplinarias.
La historia de las dos solicitudes
La primera solicitud de la Fiscalía a Interpol para que emitiera una circular roja fue el 4 de julio del año pasado, poco después de que se concedió la orden de captura en contra del exjefe del Dapre.
«Usualmente, Interpol a solicitud de las distintas autoridades no demora más de tres días en montar una orden, eso pasó con César Manrique. Con Carlos Ramón todo es muy raro, la Fiscalía pasó inmediatamente la solicitud de circular roja, y el 7 de julio desde Interpol le pidieron unas aclaraciones», le dijo una fuente a este diario.
Carlos Ramón González, excabeza del Dapre y el DNI. Foto:Archivo particular
Las solicitudes, añadió una persona enterada del tema, las aclaró el ente acusador, pero Interpol nunca notificó a la Policía u otra autoridad colombiana si había quedado o no en firme la circular.
Finalmente, la orden de captura internacional se colgó en el sistema de Interpol el 16 de septiembre, y a Colombia la notificaron el 22 de ese mes. Sin embargo, el 2 de abril, en plena Semana Santa, el ente acusador fue notificado de que por decisión del control fichero de Interpol -una especie de auditoría que dicta órdenes de obligatorio cumplimiento- se había bajado la información de Carlos Ramón González.
El argumento fue que la Fiscalía supuestamente expuso información reservada del investigado, lo cual fue contestado por la entidad aduciendo que se trataba de datos básicos que siempre se relacionan.
Interpol nunca contestó formalmente, pero en Colombia las autoridades tenían dos vías: pedir que se reconsiderara la medida del control fichero con nuevos argumentos, o presentar una nueva petición. La Fiscalía tomó esta última ruta, pero tampoco prosperó su objetivo.
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Las autoridades se enteraron de que el retiro de la circular roja se debe al asilo, lo que lo blinda de ser detenido por fuera de Colombia hasta que Nicaragua reevalúe ese beneficio que le concedió. Pese a ello, el proceso penal en Bogotá contra González sigue su curso en la Corte Suprema.
Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
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