En el expediente que estudia la Corte Constitucional sobre el Decreto 150 de 2026 —con el que el Gobierno declaró la emergencia económica por el frente frío— ya reposan varios informes técnicos.
Fueron requeridos por el magistrado ponente Miguel Polo Rosero y buscan ilustrar el alcance de la crisis, como insumo clave para el análisis jurídico del estado de excepción.
Uno fue remitido por la Federación Colombiana de Municipios (FCM), que recopiló información directamente de las alcaldías de los territorios cobijados por el decreto.
A través de un instrumento aplicado a las administraciones locales obtuvo respuestas de 35 municipios en ocho departamentos: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Decreto emergencia económica. Foto:Redes sociales.
Las cifras permiten aterrizar el impacto de la emergencia. En los municipios consultados se reportan 23.125 familias afectadas, que equivalen a 68.529 personas. Entre ellas hay 5.272 niños, niñas y adolescentes, 3.523 adultos mayores, 1.313 personas con discapacidad y 20.195 personas pertenecientes a grupos étnicos.
De los municipios que respondieron, seis ya habían declarado calamidad pública. Y 13 de los 20 que contestaron la pregunta sobre su capacidad financiera señalaron que los recursos disponibles son insuficientes para atender la emergencia con sus presupuestos ordinarios.
Entre los territorios con mayor afectación aparecen Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), con 7.500 familias y cerca de 24.000 personas afectadas; Quibdó (Chocó), con 6.090 familias y 21.315 personas; y Yolombó (Antioquia), donde se contabilizan 4.500 familias y unas 11.000 personas impactadas por la emergencia. También figuran Cotorra (Córdoba), con 3.504 familias y 8.779 personas, y San Juan del Cesar (La Guajira), con 1.208 familias y 2.957 personas afectadas.
Los reportes locales también dan cuenta de impactos en el sector productivo. Los municipios consultados informaron 3.591 hectáreas de pasturas inundadas, 2.650 animales de producción afectados, 1.157 productores pecuarios impactados y pérdidas estimadas en 1.769 millones de pesos.
Para la Federación Colombiana de Municipios, la magnitud y concentración geográfica del impacto —más de 94.000 familias afectadas, 111.000 hectáreas impactadas, precipitaciones hasta 1.600 % por encima de lo normal, un déficit presupuestal territorial cercano a los 32.715 millones de pesos y necesidades globales estimadas en ocho billones— configuran objetivamente una situación de gravedad extrema.
No obstante, en su concepto también plantea una pregunta que la Corte deberá analizar: si el ordenamiento jurídico ya ofrecía mecanismos financieros y presupuestales ordinarios —movimientos presupuestales, transferencias, créditos extraordinarios o reasignación de recursos del Sistema General de Regalías y del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo— que hubieran permitido atender la crisis sin necesidad de acudir al estado de excepción.
UNGRD recomendó al presidente Petro declarar emergencia económica y ambiental por frente frío Foto:UNGRD
Desde el frente técnico, la UNGRD defendió la excepcionalidad del fenómeno. Según su concepto, el frente frío que desencadenó las lluvias intensas constituye un evento meteorológico atípico, sobreviniente y extraordinario, que no encaja dentro de los parámetros científicos y meteorológicos utilizados normalmente en el país.
Enero de 2026, de hecho, se ubica entre los meses más lluviosos de los últimos diez eneros, según el comparativo con las normales climatológicas entre 1991 y 2020. En la misma línea, el Ideam señaló que existen criterios científicos válidos para considerar que el fenómeno fue imprevisible.
Aunque los modelos permiten analizar intensidad, duración y frecuencia de las lluvias, la magnitud exacta y la distribución espacial de precipitaciones extremas siguen teniendo un margen de incertidumbre que dificulta su previsión.
Por su parte, la Federación Nacional de Departamentos advirtió que la conjunción de estos fenómenos dejó de ser una afectación local para convertirse en una emergencia de alcance nacional, con impactos simultáneos en varios departamentos.
La Contraloría, por su parte, puso el foco en la capacidad institucional para responder a este tipo de emergencias. Según el ente de control, para la vigencia 2026 la UNGRD cuenta con un presupuesto de funcionamiento de 689.000 millones de pesos, de los cuales 668.000 millones corresponden a la atención de desastres y emergencias a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. De esos recursos, el 100 % ya estaba comprometido al 25 de febrero, aunque no registraban obligaciones ejecutadas.
Además, el organismo advirtió debilidades estructurales en la gestión fiscal del sistema de atención de desastres. En su informe señala que la UNGRD y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo acumulan hallazgos fiscales por más de 110.000 millones de pesos y han recibido calificaciones de gestión presupuestal “no razonable”, además de no haber logrado el fenecimiento de sus cuentas fiscales durante los últimos tres años.
Estas son las cinco pruebas solicitadas por la Corte en control de segunda emergencia económica Foto:Archivo
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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