Cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) —áreas destinadas a concentrar integrantes de grupos armados ilegales para facilitar su tránsito a la vida civil o su desmantelamiento— que el Gobierno busca dejar instaladas antes de que finalice su mandato están bajo un manto de incertidumbre por las crisis en las mesas de paz con el ‘clan del Golfo’ y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Se trata de las zonas acordadas en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba), destinadas a integrantes del ‘Clan del Golfo’; así como de otras dos pactadas en zona rural de Roberto Payán (Nariño) y una más en el área rural de Valle del Guamuez (Putumayo), previstas para la CNEB, grupo disidente de la Segunda Marquetalia.
En el caso del ‘Clan del Golfo’, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el inicio de la ubicación gradual y progresiva de sus combatientes estaba previsto para el 1 de marzo de 2026. Sin embargo, llegada esa fecha, el proceso no arrancó. Esto desencadenó una consecuencia que podría poner en jaque la negociación: la revocatoria de la resolución que suspendía las órdenes de captura contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, y otros cabecillas de la organización.
Alias Chiquito Malo. Foto:Cortesía
Los diálogos con el ‘Clan del Golfo’ se suspendieron tras el encuentro del presidente Gustavo Petro con Donald Trump, en el que mencionó a Ávila como un objetivo a neutralizar. La delegación encabezada por Álvaro Jiménez logró reactivar la mesa bajo la promesa de respetar la resolución que suspendía las órdenes de captura, siempre y cuando se avanzara en la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal, lo cual no sucedió.
Este proceso, de todas formas, es uno de los tantos espacios de conversación sociojurídica en el marco de la ‘paz total’ que están sujetos a la aprobación de la controvertida ley de sometimiento, la cual se encuentra estancada y con pocas probabilidades de avanzar en el Congreso.
De hacerse efectivas esas órdenes de captura, el proceso corre el riesgo definitivo de no prosperar, en un momento en que el ‘Clan del Golfo’ libra una guerra abierta en el norte del país con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) por el control territorial y en el que ha protagonizado duros cruces en redes sociales con el presidente Gustavo Petro.
Álvaro Jiménez, vocero del Gobierno, con los jefes del EGC. Foto:Archivo particular
“El clan del Golfo ha roto su propio acuerdo que propuso en Doha, Qatar, y debe ser objeto de desmantelamiento armado y judicial. No eliminó una sola hectárea de hoja de coca ni en el Darién ni en el Nordeste antioqueño. No desmontó su economía ilícita del oro con la que corrompe fuerzas estatales locales”, dijo el jefe de Estado.
Por su parte, la CNEB declaró en “estado crítico” el proceso con el Gobierno tras el abatimiento de Alexander Rondón, alias ‘Machaco’, integrante de la mesa de paz. Aunque la estructura atribuyó su muerte a un operativo de las Fuerzas Militares, fuentes del Ejército lo niegan y señalan que habría ocurrido en medio de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales.
Este grupo armado se encuentra al mando de José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, y hace parte también Geovani Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera, a quien Estados Unidos solicita por actividades ligadas con el narcotráfico.
Armando Novoa y Otty Patiño. Foto:Consejería Comisionada de Paz
«Ante este nuevo ataque a la mesa de paz por parte de fuerzas oscurantistas enquistadas y bajo un manto de impunidad; declaramos el proceso en estado crítico», señaló la disidencia en un comunicado.
El objetivo de la delegación encabezada por Armando Novoa es que 100 integrantes del grupo ingresen a la ZUT de Valle del Guamuez (Putumayo), en un proceso para el cual se han fijado un plazo de 10 meses.
Las dudas
Para el Ejecutivo, estas zonas representan una carta clave para mostrar resultados al cierre de su mandato en la ‘paz total’ y, al mismo tiempo, tratar de recomponer una reputación golpeada por la escalada de violencia.
Sin embargo, distintos sectores advierten que su viabilidad depende de condiciones más exigentes en terreno. El monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones de la Iglesia Católica y el Estado colombiano, señaló que las Zonas de Ubicación Temporal deben recoger la experiencia de las zonas transitorias creadas en la desmovilización de las extintas Farc. En ese sentido, subrayó que deben ser espacios donde exista una decisión clara de avanzar hacia la desmovilización y la integración al Estado social de derecho.
«Sería muy valioso contar con una ley que garantice estos procesos, pero aun sin ella, el Estado debe definir qué es viable y conveniente», señaló Henao.
Monseñor Héctor Fabio Henao. Foto:Fernando Ariza EL TIEMPO
Organizaciones étnico-territoriales del Chocó advirtieron que las zonas priorizadas para el ‘clan del Golfo’ podrían suponer riesgos de fortalecimiento de control territorial. En ese sentido, pidieron participación activa.
«Las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas deben ser actores centrales en las decisiones que afecten sus territorios, incluyendo la definición de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), así como los mecanismos de verificación y medidas de implementación», se lee en un comunicado del Foro Interétnico Solidaridad Chocó.
Aún así, las delegaciones de paz se mueven con hermetismo para evitar que los últimos acontecimientos descoloquen la puesta en marcha de estas Zonas de Ubicación Temporal.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
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