Durante esta semana, de manera reservada se llevaron a cabo dos audiencias con las que la defensa de la exconsejera Sandra Ortiz buscaba información clave, de cara al juicio que se avecina por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La primera cita se desarrolló el martes, y la segunda se hizo este viernes ante un juzgado de Bogotá. El penalista Mauricio Camacho, defensor de Ortiz, la solicitó en busca de obtener datos financieros y crediticios de un exsenador y prestamista que ha sido testigo dentro del escándalo de corrupción que salpica a exfuncionarios del gobierno Petro y excongresistas.
La audiencia se instaló para solicitarle al despacho que permita el acceso a esta información reserva del prestamista Pedro Castro, un excongresista liberal del Valle del Cauca que aparece mencionado en el expediente como la persona que le prestó 4.000 millones de pesos a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, para que en octubre de 2023 le fueron entregados a Iván Name y Andrés Calle, congresistas presos presuntamente comprados para ayudar a pasar las reformas que le interesaban al Gobierno Nacional.
Audiencia preparatoria en el caso de Sandra Ortiz. Foto:ARCHIVO PARTICULAR
El exsenador y los $4.000 millones
Pedro Castro ha comparecido ante la Corte Suprema de Justicia ha hablar de este caso en calidad de testigo. Los 4.000 millones de pesos que prestó los iba a recibir aparentemente en tres pagos con intereses mensuales del 2,3 por ciento.
Esa plata fue la que según la fiscal María Cristina Patiño recibió Sandra Ortiz para, actuando como emisaria de Carlos Ramón González, hacerla llegar a Name y Calle en Bogotá y Montería. En la capital del país la entrega de 3.000 millones se habría hecho en dos tandas en una maleta negra; mientras que a la ciudad cordobesa habrían llegado 1.000 millones a través de un giro.
Los 4.000 millones de pesos en efectivo se habrían fijado luego de que ni pudieron adelantar la entrega de varios contratos por 60.000 millones de pesos para los excongresistas. Debido a la premura que tendrían Name y Calle, desde el Ejecutivo al parecer se optó por dar una coima de manera directa.
Exsenador Pedro Castro Foto:Suministrada
Solicitud denegada
La Fiscalía acusa a Sandra Ortiz, oriunda de Boyacá, por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, cargos de los que ella se ha declarado inocente. Según fuentes allegadas al proceso, la intención de su defensa era acceder a los datos de Pedro Castro para desvirtuar la tesis de que el dinero del que se habla tiene algún origen ilícito.
En la diligencia, el martes habló Camacho y el viernes las otras partes del proceso. Sin embargo, el juzgado rechazó el acceso al historia crediticio del prestamista. De acuerdo con fuentes, la decisión fue apelada y tendrá que volverse a estudiar.
Andrés Calle e Iván Name, presos por orden de la Corte. Foto:Archivo
A la par de la diligencia reservada, el penalista Camacho le solicitó a una jueza especializada de otro despacho que precluya la investigación contra Sandra Ortiz por el evento de supuesto tráfico de influencias. Según el abogado, la Fiscalía se ha equivocado al atribuirle responsabilidad a su clienta con un supuesto interés indebido para la adición de un contrato en Repelón, Atlántico. Su hipótesis se basa en en que el convenio fue suscrito muy lejos de ese municipio, en Girón, Santander, por lo que no cuadran los señalamientos.
La decisión de si se precluye o no este evento se dará a conocer a inicios de marzo, cuando la jueza retome la audiencia que, en el papel, estaba prevista para que fuera una preparatoria de juicio por ambos cargos. La exconsejera seguirá por el momento detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía de Bogotá.
Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
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