En las últimas horas, el sindicato de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), liderada por el guardián Óscar Robayo, dio a conocer un video en el que se fijó posición política, asegurando que, desde esa organización, será respaldada la candidatura presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué.
El video causó el rechazo inmediato del nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien en su cuenta de X escribió que ello “no refleja la posición institucional del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Los servidores públicos no pueden participar en política apoyando campañas específicas”, explicó.
A su turno, el líder sindicalista Óscar Robayo aparece entrevistando a Cepeda y a María José Pizarro. Esto fue lo que dijo: “En nombre de los trabajadores penitenciarios, queremos expresarle nuestro total apoyo para la campaña presidencial, para continuar este gobierno progresista”.
Trino de la UTP. Foto:UTP
El Inpec, instituto donde trabaja Robayo y sus sindicalistas registrados, emitió un boletín en el que reitera que sus funcionarios tienen prohibido participar en actividades políticas, sobre todo en medio del contexto preelectoral que vive el país. La entidad recordó que esta restricción busca garantizar la imparcialidad y la transparencia del Estado.
El boletín también enfatiza que esta prohibición abarca la no participación en movimientos políticos o debates de carácter partidista, pues con ello se exponen a sanciones disciplinarias o incluso consecuencias penales. En esa línea, la entidad hizo un llamado a que los funcionarios se abstengan de utilizar sus cargos para incidir en procesos electorales.
El INPEC detalló, además, varias conductas expresamente prohibidas, como participar en debates partidistas, intervenir en política utilizando el cargo para favorecer o perjudicar a candidatos, y usar el uniforme o insignias institucionales en este tipo de actividades. Asimismo, recordó que estas conductas pueden constituir faltas gravísimas.
El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez. Foto:Cortesía
Finalmente, la entidad invitó a sus funcionarios a cumplir estas disposiciones para evitar investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. El boletín advierte que el incumplimiento podría derivar en sanciones disciplinarias, inhabilidades para ejercer funciones públicas e incluso procesos penales.
En diálogo con EL TIEMPO, el líder sindical Robayo explicó que no tienen restricción de participar en política, pues no son una entidad adscrita a la Fuerza Pública. “Podemos hacerlo basados en el principio de autonomía sindical”, concluyó en entrevista.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
@SebasCote95 en X
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