Durante la tarde del sábado comenzaron a circular en redes sociales mensajes sobre la salida del sargento viceprimero del Ejército John Anderson Hernández Vergara. Varias publicaciones presentaron el caso como una presunta retaliación por sus críticas públicas y como una muestra de abuso de poder dentro de la institución. La salida del suboficial se materializó el pasado 17 de abril.
Las publicaciones también relacionaron la salida del uniformado con un video en el que expresó inconformidades por presuntos malos tratos en la Octava Brigada, con sede en Armenia, Quindío, así como por el aumento salarial del 7 por ciento anunciado para la Fuerza Pública, este material está bajo investigación de la Quinta División del Ejército.
Información conocida por EL TIEMPO indica que la decisión no se produjo por ese episodio reciente, sino por un proceso disciplinario que llevaba varios años en trámite y que concluyó con una sanción ratificada en segunda instancia por el Comando General de las Fuerzas Militares.
Documento que sustenta el retiro del sargento. Foto:Cortesía
El documento, fechado el 29 de junio de 2023 en Bogotá, corresponde al fallo de segunda instancia dentro de la Investigación Disciplinaria No. 043 de 2020. Allí se estudió un recurso de apelación presentado por la defensa del suboficial contra la decisión adoptada el 31 de marzo de 2022 por el Comando del Batallón de Infantería No. 22 Batalla de Ayacucho.
Según la providencia, al sargento Hernández Vergara se le sancionó por “haber cometido de manera intencional la falta gravísima descrita en el artículo 76 numeral 71 de la Ley 1862 de 2017”, relacionada con injuriar o agraviar de forma grave a un superior sobre asuntos del servicio.
Los hechos analizados ocurrieron a partir de varias publicaciones en redes sociales. El expediente cita mensajes en los que cuestionaba a mandos de la unidad, utilizaba expresiones ofensivas contra superiores y formulaba críticas internas sobre el funcionamiento del batallón.
Uno de los documentos que soporta el expediente. Foto:Cortesía
Pero el documento también incorpora una publicación atribuida al suboficial en Facebook, fechada el 10 de noviembre de 2019, en la que escribió: “Invito a que las antiguas auc (…) a organizarse y organizar el país de nuevo”. Ese texto fue incluido dentro del material valorado por la autoridad disciplinaria que tomó la decisión final.
La decisión de primera instancia declaró disciplinariamente responsable al uniformado y le impuso como sanción la “separación absoluta e inhabilidad general por un término de cinco años”. Posteriormente, la defensa apeló.
No obstante, el recurso fue declarado desierto. El Comando General concluyó que la sustentación se presentó por fuera del término legal previsto en la Ley 1862 de 2017. En consecuencia, dejó en firme la decisión adoptada en marzo de 2022 y se abstuvo de estudiar de fondo los argumentos de la defensa.
soldados Foto:soldados
En la parte resolutiva, la autoridad militar ordenó devolver el expediente al Batallón Batalla de Ayacucho para ejecutar la sanción y remitir copia a las dependencias encargadas de su cumplimiento. El fallo también señaló que contra esa providencia no procedía recurso alguno. De esta manera, la documentación revisada muestra que la salida del suboficial tenía como soporte un proceso disciplinario iniciado años atrás y no una decisión adoptada tras la controversia generada por sus publicaciones recientes.
Lo que dice el suboficial
EL TIEMPO contactó al sargento Hernández Vergara quien aseguró que sus problemas disciplinarios comenzaron con el coronel Gavilán, a quien señaló de haberle abierto múltiples procesos tras varias denuncias en su contra. Según relató, cuenta con testigos de conversaciones en las que, presuntamente, se hablaba de “formalizar dinero” y de prácticas internas irregulares.
También rechazó los señalamientos de haber promovido grupos armados al margen de la ley. “Eso es falso”, afirmó y explicó que la única expresión que reconoce haber dicho surgió luego de denunciar a un teniente que, en plena pandemia, se encontraba en un bar. “Eso fue lo único que dije, no dije nada más”, sostuvo.
En su versión, Hernández Vergara indicó que dentro del Ejército se habría movido “una mafia oficialista” para que el fallo disciplinario saliera en su contra, pese a que, según dijo, su defensa jurídica cumplió con el trámite correspondiente. Afirmó que la decisión fue firmada en 2022 con el propósito de destituirlo, aunque durante cuatro años no se ejecutó porque, a su juicio, el proceso presentaba fallas. Señaló además que durante ese tiempo tampoco se le permitió ascender. “Sabían que el proceso tenía unas falencias”, manifestó al referirse al expediente.
El suboficial relacionó la ejecución reciente de la sanción con nuevas denuncias que asegura haber hecho sobre presuntos casos de maltrato, tráfico de influencias y manejo de permisos especiales para armas dentro de la Octava Brigada. También mencionó supuestos encuentros del coronel con personas interesadas en comprar armamento y entregas de regalos para oficinas internas. Según dijo, tras exponer esos hechos fue retirado de la institución sin recursos económicos y perdió su asignación de retiro. “Como un sargento fue el que denunció todas las cochinadas, me echan así”, expresó.
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Por otra parte, fuentes del Ejército le indicaron a este diario que en medio de ese recorrido jurídico de salida del sargento, la defensa interpuso acciones de tutela contra la decisión de segunda instancia, lo que, según la institución, mantuvo el proceso detenido durante un periodo. Una vez resueltos esos recursos, el expediente volvió a avanzar conforme a la Ley 1862 de 2017, régimen disciplinario militar.
Señalaron que en mayo de 2025 el batallón subsanó observaciones hechas por Coper y remitió nuevamente la documentación para la emisión de la resolución definitiva. Añadieron que ese despacho también debe revisar expedientes de oficiales y suboficiales sancionados, razón por la cual los tiempos administrativos pueden extenderse. Finalmente, la resolución quedó en firme el 17 de abril de 2026 y, según indicaron, desde ese momento la ejecución de la sanción era inmediata.
La coincidencia entre la salida del suboficial y las publicaciones que realizó en redes sociales abrió cuestionamientos sobre una posible represalia por sus denuncias. No obstante, voceros del Ejército sostienen que la decisión corresponde “exclusivamente a un proceso antiguo ya resuelto” y aseguraron que las publicaciones recientes “no originaron la sanción, aunque sí dieron paso a nuevas actuaciones internas y penales por presuntas calumnias, injurias y amenazas contra varios oficiales mencionados en los videos difundidos”.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
















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