La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General de la República encendió las alarmas en Colombia por la cascada de contratos que firmaron los gobiernos locales, departamentales y nacional antes de entrar a regir las restricciones de la Ley de Garantías. Uno de los datos más relevantes es que el gobierno de Gustavo Petro, en enero pasado, firmó acuerdos públicos por más de 14 billones de pesos, muy por encima de los 8 billones de pesos de la era Duque en su último enero como presidente.
El último mes de enero para todos los gobiernos es clave, pues es el último periodo en que pueden hacer contrataciones públicas. Según la Ley 996 de 2005, desde el pasado 31 de enero hasta mitad de año la contratación estará restringida, en línea con el calendario electoral. La idea principal de la denominada Ley de Garantías es proteger la contratación pública de hechos de corrupción, justo en temporada de campañas y promesas electorales.
En número de contratos, la diferencia también es marcada entre administraciones nacionales. Mientras que en el último enero del gobierno de Gustavo Petro se firmaron un total de 164.813 contratos, en el mismo periodo de la administración de Iván Duque la cifra fue de 107.971. Según informó la Contraloría, las entidades del orden nacional que contrataron por más valor fueron el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con 1,72 billones; luego están el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con 1,26 billones, y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con 0,76 billones.
Contraloría y Bienestar Familiar.
Foto:Archivo
En diálogo con EL TIEMPO, Andrés Felipe Cifuentes, director del Diari de la Contraloría, explicó que tal cantidad de dinero lleva a la entidad a tomar cartas para investigar. “Nuestro trabajo es empezar a hacer cruces de información, mallas contractuales, a ver si podemos encontrar algo que realmente evidencie alguna concentración de los recursos premeditadamente. Por ahora solo tenemos información que nos va a esa línea y vamos a seguir trabajando en eso”, explicó Cifuentes.
Asimismo, las entidades de orden territorial, como alcaldías y gobernaciones, tuvieron su propio ranking de contratación pública de forma directa. El primero lo ocupó el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla con 1,33 billones. En segundo lugar, entre las entidades territoriales, se ubicó el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con 880.000 millones. Y al final, el Distrito Especial de Santiago de Cali con 540.000 millones.
Barranquilla está entre los distritos con más contratación. Foto:Alcaldía de Barranquilla
La Contraloría agregó en su informe que “el consolidado estatal (nacional y territorial) registra bajo la modalidad de Prestación de Servicios (OPS) un total de 501.423 contratos por un valor de $ 22,34 billones, equivalentes al 96,2 % del total de contratos” en enero.
La prestación de servicios, según la Ley 80 de 1993, se define como una labor de carácter transitorio que las entidades estatales celebran para desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad, pero únicamente cuando dichas funciones no pueden realizarse con personal de planta o requieren conocimientos especializados.
A diferencia de un empleo formal, el contratista por prestación de servicios es un trabajador independiente que debe asumir el pago total de su seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) sobre el 40 % del valor mensual del contrato. Esta es la forma más común de vinculación en el Estado, la cual, paradójicamente, ha sido criticada por Petro. Ahora la Contraloría iniciará indagaciones más profundas para determinar hallazgos fiscales.
Edificio de la Contraloría General de la República, en Bogotá. Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO
Sebastián Cote – @JusticiaET – jhocot@eltiempo.com
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