La Sierra Nevada de Santa Marta volvió a tensarse. En las últimas semanas, el Estado —a través del Gaula de la Policía y el Ejército— ha intensificado operaciones contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, una estructura armada señalada de controlar economías ilegales como la extorsión y el narcotráfico en esta zona estratégica del Caribe colombiano.
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Según las autoridades, los golpes han sido contundentes. La inteligencia militar sostiene que miembros con roles clave dentro de esta organización estarían utilizando fincas y viviendas de la población civil para coordinar actividades ilícitas. Esa hipótesis ha llevado a operativos en predios rurales, inspecciones de celulares, registros en viviendas y capturas selectivas.
En uno de estos procedimientos recientes, fue detenida una persona señalada de colaborar con el grupo armado. Para la Fuerza Pública, se trata de acciones necesarias para recuperar el control territorial. Para las comunidades, la historia es otra.
La Sierra bajó a protestar
En las últimas horas, la tensión acumulada se convirtió en protesta. Campesinos, cafeteros y líderes comunales de 23 veredas descendieron desde Minca hasta el sector de Mamatoco, en Santa Marta. Bloquearon la Troncal del Caribe en la zona que conecta a Santa Marta con La Guajira. La movilidad colapsó y en su mensaje los manifestantes exigían respeto.
Las comunidades de Minca protestaron por garantías y seguridad. Foto:Redes sociales
“Nosotros no estamos en contra de que hagan operativos, pero que los hagan bien, respetando a la gente”, afirmó Gustavo Becerra, uno de los voceros de la movilización.
Durante cerca de media hora, el bloqueo paralizó una de las principales arterias viales de la ciudad. Conductores atrapados, rutas alternas y una ciudad que miraba hacia la Sierra intentando entender qué estaba pasando.
“Entraron a las casas, hubo disparos y miedo”
Los testimonios de los habitantes revelan momentos de temor y disgusto. Las denuncias apuntan a operativos en zonas como Los Moros y Aguas Lindas, donde, según los campesinos, se habrían presentado procedimientos desproporcionados.
Varios líderes denunciaron abuso de autoridad durante intervenciones del Gaula en el territorio. Foto:Redes sociales
Alcira Martínez, lideresa de la zona, relató uno de los episodios más delicados: “entraron a mi casa, hicieron disparos, hubo amenazas. Mi hija de 11 años estaba ahí. La intimidaron, le dijeron que si no hablaba me llevaban presa”.
La mujer también denunció que la persona capturada fue su hermano, quien según ella es cafetero afiliado a cooperativas, cuya situación jurídica —asegura— sigue sin claridad.
“¿Por qué atacan a los campesinos y no a los grupos armados?”, cuestionó en medio del plantón.
Otros habitantes coinciden en el mismo patrón: irrupciones en viviendas, inspecciones sin explicación clara y una sensación de indefensión frente a los procedimientos.
La posición de protesta se genera, según la comunidad, por las afectaciones que sufrieron durante el operativo realizado en la madrugada del sábado. De acuerdo a sus relatos, disparos, toma de fincas y presencia masiva de uniformados se presentaron en las veredas. Desde entonces, el miedo se instaló como rutina.
“Uno ya no sabe qué hacer cuando llegan. Si correr o quedarse. Estamos en la mitad de todo”, dijo un habitante que pidió reserva de su identidad.
Estigmatización y reclamos históricos
La protesta no solo respondió a los operativos recientes. También puso sobre la mesa una denuncia de fondo: la estigmatización del campesinado.
La Troncal del Caribe permaneció bloqueada por campesinos de la Sierra. Foto:Redes sociales
De acuerdo con los líderes, existe una percepción histórica que vincula a los habitantes rurales de Minca con estructuras criminales, lo que —aseguran— ha derivado en señalamientos injustos.
Ese fue uno de los argumentos que explicó la alta consejera para la Paz y el Posconflicto del Distrito, Jennifer del Toro, quien medió en la protesta.
“Dos razones principalmente argumentaron los líderes: presuntos abusos de autoridad en operativos y una estigmatización histórica hacia el sector rural”, señaló.
A esto se suma un tercer elemento: el impacto en la imagen turística de Minca, un destino clave para Santa Marta que hoy también carga con el peso del conflicto.
La mediación y los acuerdos
La intervención institucional de la alcaldía permitió desactivar el bloqueo. Jennifer del Toro, junto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, abrió un espacio de diálogo con los líderes comunitarios.
“Lo primero fue escuchar. Abrimos un canal de comunicación con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y establecimos una mesa de trabajo con 27 líderes”, explicó.
De ese encuentro surgieron compromisos concretos: campañas contra la estigmatización, fortalecimiento de la promoción turística y acompañamiento jurídico a las personas que se consideren afectadas por los operativos.
Sin embargo, la funcionaria fue enfática en mantener el respaldo a la Fuerza Pública.
“El distrito reitera su apoyo a los operativos para recuperar el control y luchar contra la extorsión. Pero estos deben hacerse respetando los derechos de la población civil”, afirmó.
Un conflicto sin resolver
La raíz del problema, según Del Toro, va más allá de los operativos. Apunta a un proceso de paz inconcluso.
“Hay unos diálogos sociojurídicos que se quedaron en el papel. No hay resultados concretos y eso ha generado incertidumbre y permisividad frente a los grupos armados”, advirtió.
Mientras tanto, las comunidades piden una mesa de diálogo de alto nivel con la Gobernación del Magdalena y el Gobierno Nacional. Quieren garantías, claridad y presencia institucional que no se limite a los operativos.
Lo que ocurre en Minca refleja una tensión estructural: un territorio en disputa donde convergen operaciones militares, economías ilegales y comunidades que dependen de la tierra para sobrevivir.
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La Fuerza Pública insiste en que las operaciones continuarán hasta neutralizar las estructuras armadas. Las comunidades, en cambio, lanzan un mensaje que resume el momento que vive la Sierra: Quieren seguridad, pero con respeto y garantías para todos.
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Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
















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