En la convocatoria para relevar a siete magistrados de las salas de Instrucción y de Primera Instancia, tras culminar su primer periodo de ocho años, se inscribieron 450 juristas de todos los espectros.
Las salas especializadas fueron creadas por un acto legislativo en 2018 para instaurar la doble instancia para aforados.
La Sala de Instrucción se encarga de investigarlos y la de Primera Instancia, de juzgarlos y emitir la primera sentencia. El proceso posteriormente pasa a la Sala Penal para que profiera la decisión en segunda instancia.
Desde 2018 y hasta diciembre del año pasado se han formulado 75 acusaciones. Según un derecho de petición respondido por el alto tribunal a este diario, en ese periodo había 321 actuaciones activas, de las cuales en 68 procesos se ha ordenado la apertura de instrucción o de investigación formal.
Al ser estas salas las encargadas de abrir investigaciones y formular acusaciones contra altos funcionarios del Estado, la elección del relevo de los magistrados está bajo los reflectores del país judicial.
El Consejo Superior de la Judicatura ya tiene la lista de inscritos, de la cual saldrán listas de 10 candidatos por cada vacante.
En un primer momento se tiene previsto relevar, en Instrucción, a los magistrados César Reyes, Francisco Farfán, Cristina Lombana, Héctor Alarcón y Marco Antonio Rueda (quien saldrá dos meses después). Y, en Primera Instancia, saldrían los magistrados Jorge Emilio Caldas y Ariel Augusto Torres.
La magistrada de juzgamiento Blanca Nélida Barreto y el magistrado instructor Misael Rodríguez, al haber sido elegidos después que sus colegas, permanecerán en el cargo durante algunos meses más.
Los pesos pesados
Entre los nombres llamativos aparece el del fiscal Gabriel Jaimes, conocido por controversias cuando fue delegado ante la Corte Suprema. Tuvo un rifirrafe con la magistrada Cristina Lombana por los procesos en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, que derivó en una investigación —archivada a su favor— en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
En este rol, Jaimes también solicitó la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Tras el cambio de jurisdicción y quedar la investigación en manos de la Fiscalía, el exmandatario fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda.
También aparece el exvisefiscal general Wilson Martínez, especializado en temas de narcotráfico y lavado de activos. Fue fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz y coordinador del Área de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Fue uno de los asesores y ‘hombres de confianza’ de la exfiscal general Viviane Morales.
Otra de las curtidas fiscales aspirando en Instrucción es la exdirectora contra el lavado de activos Luz Ángela Bahamón, quien fue llamada a responder por presuntas irregularidades en un caso de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez, que terminó anulado por la justicia.
La magistrada Marcela Márquez, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, también busca un asiento en Instrucción. Esta Sala tiene fama de ‘empollar’ a los próximos magistrados de la Corte Suprema.
El fiscal del caso del ‘carrusel de la contratación’, Jaime Zetien, es otro de los aspirantes. Por este proceso fueron enviados a la cárcel el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y los hermanos Manuel y Guido Nule, excontratistas del Distrito.
Y, aunque en 2017 el fiscal Zetien recibió señalamientos de la abogada Julie Reina de supuestamente haber recibido una coima de Emilio Tapia, ‘cerebro’ del entramado, la abogada se retractó y la investigación se cerró a su favor, tras comprobarse que las acusaciones eran falsas.
Otro de los ‘pesos pesados’ es el actual fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Leonardo Augusto Cabana, quien obtuvo reconocimiento durante su paso por Justicia y Paz. Así mismo, María Lourdes Hernández, la exjefe de gabinete de la exprocuradora Margarita Cabello.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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