El grave problema fiscal que atraviesa el gobierno de Gustavo Petro con unos déficits elevados y una alta carga de deuda le siguen pasando factura al país. Esta semana, Colombia recibió la peor calificación crediticia de los últimos 23 años por parte de la agencia S&P Global Ratings, lo que la deja a un solo escalón del nivel considerado como altamente especulativo. Esta situación no solo tendrá impactos considerables en el financiamiento de la Nación, sino también de las empresas y de los hogares.
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Calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) . Foto:AFP
La razón principal de la calificadora para rebajar el nivel de Colombia a la categoría de BB-, la cual comparte con países de la región como Honduras, fue su preocupación por los persistentes desequilibrios fiscales que existen. En concreto, mencionó que enfrenta un elevado gasto público primario, la deuda sigue aumentando, el crecimiento per cápita es moderado, la recaudación de ingresos es inferior a la esperada y las tasas de interés son altas ante el desajuste actual y las presiones como el aumento del 23 por ciento del salario mínimo.
Además, S&P Global Ratings afirmó que si los déficits fiscales siguen en niveles superiores a los previstos y la credibilidad del Banco de la República se debilita —algo que está en veremos ante el choque existente entre el Emisor y el Gobierno por el último aumento de tasas y la posibilidad de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no acuda a la siguiente junta—, podría rebajar aún más la calificación soberana del país en los próximos meses.
Si bien el Gobierno logró reducir el déficit fiscal total en el 2025 —cerró en 6,4 por ciento del producto interno bruto (PIB), una cifra menor que el dato de 6,7 por ciento del año anterior—, el primario, el cual es la diferencia entre ingresos y gastos excluyendo el componente de intereses, se deterioró hasta la cifra de 3,5 por ciento, lo que representa el valor más alto de los últimos 30 años al quitarle periodos de crisis.
Esta situación fue catalogada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, como cada vez más preocupante para las finanzas públicas. Ante ello, pidió a las autoridades que consideren de manera “urgente” un paquete de medidas de ajuste.
“Para mejorar este año se requeriría un recorte de alrededor de 30 billones de pesos. Nos preocupa que se siga manteniendo ese déficit o que sea insostenible en el mediano plazo, lo que también volvería insostenible el endeudamiento. Tampoco hay que olvidar que existen otras presiones sobre el gasto público corriente debido al incremento del mínimo, la reforma pensional, la laboral e incluso la del sistema general de participaciones, que no permiten imaginar una sostenibilidad inmediata”, le dijo a este medio el director del organismo, Juan Carlos Ramírez.
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Imagen de referencia. Foto:iStock
A ello se suma que la proyección a futuro no es nada halagüeña. El Gobierno presentó en su plan financiero unos mejores indicadores fiscales para este año —espera que el déficit total se reduzca a 5,1 por ciento del PIB y que el balance primario mejore hasta el 2,1 por ciento—, pero ningún analista del mercado cree que vayan a ser posibles porque los consideran “poco creíbles” ya que dependen de un ajuste de gasto muy “exigente”.
“Colombia enfrenta un desafío fiscal de gran magnitud, cuya resolución requiere reformas y acciones concretas en materia de gastos e ingresos. El Plan Financiero plantea medidas de ajuste para este año, pero no especifica con precisión cómo se logrará el recorte de gastos planteado”, aseguraron en un comunicado conjunto Anif, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el centro de estudios de la Universidad Eafit y el de la Universidad EIA.
Adicional a ello, para los analistas, el paso de BB a BB- aumenta la percepción de riesgo que tienen sobre Colombia los inversionistas internacionales, una situación que llevará a que a la larga aumente el costo del capital en toda la economía.
“Es como cuando a una persona le bajan su puntaje crediticio: le prestan más caro, con más condiciones y con menos confianza. Eso mismo le pasa al país. Si a Colombia la perciben como más riesgosa, endeudarse cuesta más. Y cuando la deuda cuesta más, el Gobierno tiene que destinar una mayor parte de los recursos a pagar intereses, dejando menos espacio para invertir en salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales”, explicó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.
Esto llama la atención en un contexto en el que el saldo de la deuda pública cerró en diciembre del 2025 en 1.194 billones de pesos, un 48 por ciento más que en agosto del 2022, fecha en la que comenzó este gobierno. Además, el país está pagando unos intereses cada vez más costosos y se estima que casi la tercera parte de los ingresos tributarios que recibe la Nación van para ello.
En la práctica, Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgén, dijo que el Estado enfrentará mayores costos, así como las empresas accederán a crédito en condiciones más exigentes y los hogares sentirán tasas más altas y menor disponibilidad.
Adicional a ello, comentó que con una calificación más baja Colombia pierde competitividad frente a otros destinos y se reduce el interés por proyectos de largo plazo. “Afecta transversalmente a sectores como energía, infraestructura, industria, agro y tecnología, y también a los consumidores, porque todos dependen de financiamiento y confianza”, sostuvo.
En concreto, en sectores intensivos en capital, como energía e infraestructura, dijo que el aumento en tasas y la carga impositiva elevarán la probabilidad de aplazamiento o cancelación de proyectos. De otro lado, en los productivos señaló que se generará menor inversión, lo que a su vez reduce la productividad, limita el crecimiento y termina afectando el empleo.
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Informalidad de Colombia. Foto:Foto:Yuri Cortez / AFP
Menor PIB y más inflación
Sin embargo, esta no ha sido la única noticia económica negativa de la semana. El Banco Mundial se sumó a otros analistas del mercado que han ido rebajando sus expectativas de crecimiento de la economía para este y el próximo año. En concreto, el organismo internacional anunció que prevé que el PIB de Colombia crezca un 2,2 por ciento en el 2026, un dato menor al 2,6 por ciento de su anterior proyección. Igualmente, para el 2027 también redujo sus expectativas, del 2,8 por ciento anterior bajó a un 2,4 por ciento.
Destaca que una de las razones principales que llevaron al Banco Mundial a tomar tal decisión fue que mientras la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe volverán a ubicar la inflación dentro de sus rangos objetivo, o cerca de ellos, para el 2026 o el 2027, la principal excepción será Colombia, donde se prevé que se mantenga persistentemente por encima de la meta del banco central.
Precisamente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló esta semana que la inflación de marzo se aceleró hasta el nivel anual de 5,56 por ciento, el mayor dato registrado desde septiembre del 2024, lo que para algunos analistas refleja que el alza del 23 por ciento del mínimo de este año sigue presionando los precios.
“La inflación se aceleró de 5,29 por ciento en febrero a 5,56 por ciento en marzo. El aumento del mínimo sigue presionando y se suman alimentos y regulados. Veremos si el Ministerio de Hacienda insiste en que son ‘inventos’ del equipo técnico del Banco y analistas financieros”, manifestó el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón.
De igual manera, el exdirector del centro de pensamiento Fedesarrollo Luis Fernando Mejía señaló que las presiones inflacionarias siguen siendo significativas, en buena medida, asociadas al traspaso del incremento del mínimo y el abultado déficit fiscal. “Este comportamiento no obedece a choques de oferta ni a inflación importada. Mientras que en Colombia se ubica en 5,56 por ciento, en economías comparables como Chile y Perú está por debajo del 3 por ciento y en proceso de convergencia hacia sus metas”, opinó.
Hay que recordar que el incremento del mínimo ha generado aumentos significativos en los diferentes pronósticos de inflación desde comienzos de año. El propio equipo técnico del Banco de la República proyectó que el índice de precios al consumidor (IPC) cerraría el 2026 en 6,3 por ciento y que en ausencia de la “fuerte” subida del salario habría sido del 4 por ciento, es decir, la diferencia es de unos 200 puntos. Incluso, el propio Ministerio de Hacienda en su reciente plan financiero aseguró que cerraría en un nivel de 5,8 por ciento.
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Se aceleró la inflación de Colombia en marzo. Foto:Jaiver Nieto Álvarez / ETCE
Ante la necesidad de contener dichas presiones es que la mayoría de la junta directiva del Banco de la República tomó la decisión en enero de elevar la tasa de interés de política monetaria 100 puntos y en su última reunión de abril —la de la controversia debido a que el ministro Ávila se retiró—, otros 100 puntos, hasta el nivel de 11,25 por ciento.
Los cuatro directores de los siete totales que votaron a favor de esta decisión, según se lee en las minutas de la junta, lo hicieron para contrarrestar el aumento de las expectativas de la inflación y también pusieron sobre la mesa las nuevas preocupaciones existentes debido a la guerra desatada en el golfo Pérsico, que ya ha empezado a generar alzas sobre los precios de los combustibles, los fertilizantes y otros productos básicos.
Nueva tributaria
Por último, otro de los grandes temas económicos de la semana fue que la Corte Constitucional tumbó la emergencia económica del Gobierno de diciembre, la cual estaba suspendida y contemplaba recaudar cerca de 11 billones de pesos para tapar el hueco que tiene el Presupuesto General de la Nación de este año a través de una serie de impuestos como el del tabaco, los licores o los juegos de suerte y azar, entre otros.
No obstante, todavía está pendiente conocer qué pasará con la emergencia que el Gobierno decretó este año ante la ola invernal que afectó a diferentes departamentos como el de Córdoba. En total, se están adicionando más de 8,6 billones de pesos justo en medio de esta época electoral, la mayoría coordinados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre otros, esta establece un impuesto al patrimonio empresarial para las compañías de más de 10.000 millones de pesos.
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Inundaciones de la ola invernal. Foto:iStock
A ello se suma que hace un par de días el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno radicará una nueva reforma tributaria porque el Presupuesto de este 2026 sigue “desequilibrado” y advirtió que si el Congreso no la respalda, recurrirá nuevamente a otra declaratoria de emergencia.
Para los diferentes expertos, la opción de recurrir de manera constante a este tipo de estados de excepción es económicamente deficiente ya que se elevan las primas de riesgo soberano y se deprimen la inversión y la actividad económica. Además, alegan que una de las vías debería ser la de reducir el gasto público.
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