Hace casi exactamente dos años, el exsenador José Obdulio Gaviria hizo pública una denuncia proveniente de un conjunto residencial ubicado en un exclusivo sector de El Poblado, en Medellín.
La denuncia de Gaviria, realizada a través de X, señalaba a un extranjero, residente de uno de los apartamentos de esta copropiedad, de organizar fiestas de manera frecuente al interior de su residencia, que no solo superaban los límites en materia de ruido, sino que presuntamente eran protagonizadas por prostitutas.
De acuerdo con lo revelado por el político y exasesor presidencial en su momento, en estas fiestas habría presencia de drogas y se habrían registrado episodios de exhibicionismo en múltiples oportunidades.
El verdadero protagonista de estas denuncias es un hombre nacido en Rusia y con ciudadanía estadounidense identificado como George Laevsky Wolfe, un abogado y empresario del sector de las criptomonedas, a quien por más de dos años señalaron de organizar fiestas, cada dos días, en su apartamento dúplex del conjunto residencial Málaga 2.
En mayo de 2024, vecinos del extranjero le relataron a EL TIEMPO que habían denunciado por sus ostentosas fiestas, pero que más allá de llamados de atención presenciales, el comportamiento de Wolfe no cambiaba.
En aquella oportunidad, este medio contactó al extranjero que fue tajante al asegurar que todas las denuncias eran completamente falsas y que estaba siendo víctima de una persecución por parte de sus vecinos.
«Yo ya he hecho denuncias contra algunos de mis vecinos, pero si siguen molestando mi privacidad voy a tener que poner más denuncias por persecución, porque estas cosas que ellos dicen son completamente falsas. Lo que ellos tienen es xenofobia«, le dijo Wolfe a EL TIEMPO.
La próxima vez que se supo de Wolfe fue el 13 de abril de 2026, cuando Migración Colombia lo expulsó del país tras la emisión de un acto administrativo enmarcado en la facultad discrecional de la entidad para tomar ese tipo de decisiones respecto a extranjeros que se encuentran en el país.
Según los expedientes del caso, Migración Colombia tomó la determinación de expulsar a Wolfe a raíz de la reiteración de las megafiestas que realizaba en el lujoso apartamento, además, por la acumulación de comparendos impuestos por la Policía Metropolitana en respuesta a las denuncias de los vecinos del extranjero. Según la entidad del Gobierno Nacional, la Policía les allegó 12 documentos que registraban sanciones por violaciones al código de convivencia.
Según lo explicó en primer momento la directora de Migración Colombia para Antioquia y Chocó, Paola Salazar, ni las multas ni los llamados de atención surtieron efecto, por el contrario, las autoridades señalaron que su actitud desafiante frente a la institucionalidad incrementó las preocupaciones por el impacto de sus megafiestas en el contexto residencial.
La intervención de Migración Colombia se produjo después de que la Policía Nacional de Colombia agotara diferentes mecanismos de «control y mediación», entre ellos un acuerdo previo para que el ciudadano mejorara su comportamiento o abandonara voluntariamente el inmueble.
Wolfe fue detenido por funcionarios de migratorios en la madrugada del pasado lunes. Posteriormente, fue procesado en la sede de Migración Colombia en Belén y, finalmente, fue escoltado hasta el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, donde fue subido por los oficiales a un vuelo que tenía como destino Miami, materializando así su expulsión de territorio colombiano por 10 años.
Sin embargo, tras ser expulsado EL TIEMPO se comunicó con Wolfe y su abogado para conocer su versión de los hechos.
‘Es una persecución’
En conversación exclusiva con este medio, el abogado Mauricio Mercado tomó la vocería y argumentó que su apoderado había sido expulsado del país en medio de un proceso repleto de irregularidades.
El jurista indicó que el proceso que se adelantó contra Wolfe se deben activar las garantías constitucionales que le corresponden al extranjero. Inicialmente, el abogado advirtió que de los 12 comparendos citados por Migración Colombia, solo en dos Wolfe sería responsable.
«No existen esos 12 comparendos, el hecho de que le endilguen una sanción no significa que usted sea responsable, de esos comparendos la mayoría los hemos ganado, a excepción de dos o tres que perdió porque no contaba con la representación jurídica adecuada, a raíz de eso se dieron las sanciones administrativas correspondientes y fueron pagadas y se tomaron las acciones correctivas a lugar», aseguró Mercado.
Además, el abogado aclaró que en los demás procesos, los policías habrían cometido errores, como la invasión de la morada del extranjero y la ausencia de un espectrómetro para medir los decibeles del ruido dentro del inmueble.
Luego, el apoderado aseguró que Migración Colombia realizó un procedimiento nulo e improvisado para su expulsión: «A George lo sacaron de su residencia, invadieron su morada, lo capturaron, lo condujeron a instalaciones de migración, le hicieron un proceso migratorio exprés, nunca se había visto un proceso migratorio más rápido, el primer proceso migratorio más rápido en toda la historia«.
Mercado también denunció que su cliente habría sido objeto de una convalidación de datos incongruente. «Los datos de George fueron convalidados con otra cédula, prácticamente se le indicó la responsabilidad penal de haber falsificado ese documento. Nosotros ya allegamos un derecho de petición a la Registraduría Nacional por este hecho».
—Respecto a lo anterior, EL TIEMPO conoció en exclusiva que durante un procedimiento que se le realizó a Wolfe hace alrededor de 15 días, cuando se le realizaron tres comparendos (porte de arma cortopunzante, estupefacientes y ruido) el extranjero se habría identificado con una cédula colombiana legítima que presentaba sus rasgos morfológicos pero con una identidad colombiana. Además, este documento aseveraría que el extranjero nació en Mahates, Bolívar.—
Por otro lado, tanto Wolfe como su abogado fueron críticos con el alcalde de Medellín, la Policía Metropolitana y Migración Colombia, señalando que se habrían comportado como particulares y habrían adelantado un proceso improvisado.
«Nosotros ya empezamos a realizar las acciones legales correspondientes con el fin de lograr el retorno de George al país. Sabemos que tenemos las herramientas jurídicas para hacerlo», señaló Mercado.
Tanto Wolfe como su abogado denunciaron que tendrían pruebas de que en al menos una ocasión uniformados de la policía le habrían pedido un soborno al extranjero para no imponerle un comparendo.
George Wolfe también se refirió a los señalamientos que indican que continuó alterando la convivencia en el conjunto residencial a través de fiestas desmesuradas.
«Yo hice unas modificaciones en mi casa, pusimos vidrios de tres milímetros de grosor y cámaras de aire en las paredes para que mi apartamento quedara diseñado como una discoteca en Bogotá», afirmó el extranjero.
«Además, manifestó: «Mis vecinos siempre están vigilando mis movimientos, son los peores vecinos del mundo«. Esta versión fue respaldada por la pareja sentimental de George, una mujer venezolana que le aseguró a EL TIEMPO que estaría siendo vigilada por los demás copropietarios del conjunto.
EL TIEMPO consultó nuevamente a Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia, a partir de las declaraciones del extranjero y su abogado.
‘Teníamos argumentos para expulsarlo’
«Es una decisión enmarcada en el Decreto 1067 del 2015, es un documento regulatorio de toda la normatividad en materia de relaciones exteriores. Hay un capítulo de asuntos migratorios, este entre otras cosas, regula todo lo que tiene que ver con medidas migratorias y nos habla de la facultad discrecional de Migración Colombia, sobre todo en asuntos que pueden alterar la convivencia, el orden público, la tranquilidad social, el decreto le confiere a Migración la discrecionalidad», inició explicando Salazar.
Luego, la funcionaria aseguró: «Nosotros sí que teníamos argumentos para tomar la decisión de expulsarlo y nos ratificamos en ella. Wolfe se convirtió en un problema de convivencia y tranquilidad social para la comunidad, tan es así que este ciudadano, según nos informó la Policía, no tenía problemas en pagar sanciones económicas, las autoridades operaron en sus competencias hasta donde pudieron pero llegó un momento en que no pudieron servirle más al propósito de asegurar la tranquilidad social en el marco de la Ley 1801«.
Adicionalmente, Paola Salazar respondió a las afirmaciones realizadas por el apoderado del extranjero en cuanto a las presuntas irregularidades del debido proceso: «Nosotros generamos un acto administrativo muy bien sustanciado, de manera que si el señor quiere demandar, que lo haga, pero tenemos un acto administrativo sólido, fuerte, con uso de una facultad discrecional, teniendo en cuenta todos los antecedentes policivos y donde le demostramos a cualquier autoridad que las autoridades colombianas se quedaron cortas ante la falta de voluntad del extranjero de respetarlas».
La directora enfatizó que para el acto administrativo de expulsión de George Laevsky Wolfe no tiene lugar ningún recurso, ni impugnación ni apelación.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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