El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, confirmó que el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) pasará de 411 a 580 cámaras, gracias a un convenio con Fonsecon (Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) que permitirá ampliar la cobertura tecnológica en el departamento.
El funcionario precisó que el proyecto ya surtió su fase de socialización con diputados de la Asamblea del Atlántico y con los alcaldes de los 18 municipios donde serán instaladas las cámaras de videovigilancia, y que actualmente se encuentra en etapa previa al inicio de su ejecución en territorio.
“El proyecto SIES ya está listo para entrar en fase de instalación. Hemos hecho la socialización con diputados y con los alcaldes de los 18 municipios, y en pocas semanas comenzará la instalación de las cámaras en todo el departamento. Con la ampliación a 580 dispositivos, vamos a fortalecer de manera significativa nuestra capacidad de vigilancia y reacción”, afirmó el secretario.
Más monitoreo
Esta ampliación representa un salto estratégico en la capacidad de monitoreo del Atlántico, al permitir una mayor cobertura en zonas críticas y una integración más robusta con sistemas de analítica y atención de emergencias.
El secretario del Interior, José Antonio Luque, confirmó que se pasará de 411 a 580 cámaras. Foto:Gobernación
“Este es un proyecto estructural para la seguridad del departamento. No solo aumenta la cobertura, sino que mejora la inteligencia, la articulación institucional y la capacidad de anticiparnos al delito”, agregó Luque.
El proyecto hace parte de una inversión que supera los 184.000 millones de pesos en seguridad, orientada a fortalecer la presencia operativa, la inteligencia y el uso de tecnología para enfrentar las estructuras criminales.
Más control en las cárceles
No obstante, durante el Consejo de Seguridad Ministerial, que se cumplió el pasado viernes en el municipio de Baranoa y que contó con la presencia del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el secretario insistió en que los avances tecnológicos deben complementarse con medidas estructurales a nivel nacional, especialmente frente al control en los centros penitenciarios.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez. Foto:Cortesía
“Buena parte de la criminalidad que hoy afecta al departamento, especialmente fenómenos como la extorsión, se sigue articulando desde las cárceles. Es fundamental avanzar en medidas más estrictas de control, aislamiento y vigilancia para cortar esas cadenas de mando criminal”, enfatizó.
El Ministro de Defensa aseguró que el Gobierno Nacional ya viene intensificando acciones en este frente.
“Ya se han realizado 48 allanamientos en centros carcelarios del país, donde se han incautado celulares y otros elementos utilizados para coordinar actividades delictivas. Vamos a seguir avanzando con medidas como traslados y aislamientos para neutralizar estas estructuras desde el interior de las cárceles”, señaló el Ministro.
El Consejo de Seguridad Ministerial permitió alinear esfuerzos entre el nivel nacional y territorial, con el objetivo de avanzar en respuestas concretas frente a extorsión, el homicidio y la operación de estructuras criminales que continúan afectando la seguridad en el Atlántico.
Frente a este panorama, el Gobierno Nacional definió medidas como:
- Refuerzo del Gaula Militar y Policial.
- Asignación de un pelotón adicional del Ejército Nacional.
- Fortalecimiento de inteligencia y policía judicial.
- Incremento de recompensas contra actores criminales.
Intervención focalizada en Baranoa, Sabanalarga y Sabanagrande.
Además del componente operativo, el Consejo de Seguridad priorizó acciones de prevención del delito, especialmente en niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación con el ICBF, la Fiscalía y autoridades locales.
Según el ministro Sánchez se avanza también en el fortalecimiento del sistema judicial, la restricción de comunicaciones desde centros carcelarios para frenar la extorsión y la inversión de $45.700 millones en videovigilancia y convivencia ciudadana.
“Enfrentamos escenarios complejos en los que, en algunos casos, jóvenes entre 15 y 16 años están siendo instrumentalizados para cometer estos hechos. Por eso, además de la acción contundente de la Fuerza Pública, es fundamental avanzar en la prevención y en la construcción de una cultura de legalidad”, puntualizó Sánchez.
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