Una delegación del partido Centro Democrático sostiene una agenda internacional en Washington D. C. para denunciar lo que consideran una grave crisis de seguridad y de garantías democráticas en Colombia, con énfasis en las amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia y la oposición en general.
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La comitiva, integrada por los congresistas José Jaime Uscátegui y María Angélica Guerra, así como por Marelen Castillo y el abogado Víctor Mosquera, se presentó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y, según fuentes cercanas a la comitiva también se reunirán con el congresista estadounidense Bernie Moreno en los próximos días.
En la línea de denunciar lo que consideran amenazas a la democracia del país, también solicitaron audiencias ante el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia para exponer la situación.
Las denuncias por el control territorial de grupos armados
Comitiva del Centro Democrático presentó informe de violencia política ante la CIDH. Foto:Prensa José Jaime Uscátegui
En el documento presentado ante la CIDH, la delegación advirtió sobre posibles condicionamientos al voto en territorios con presencia de grupos armados y economías ilícitas. Según el informe, «en los 126 municipios examinados se concentraron 2’423.844 votos, equivalentes al 54,9% de la votación total nacional de esa fuerza política, ocupando el primer lugar en 65 territorios y el segundo en otros 19, con presencia destacada en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Norte de Santander, donde el conflicto armado ha incidido directamente en la movilidad, la participación política y las condiciones de seguridad de la población civil».
El texto también cuestiona decisiones adoptadas en el marco de la política de ‘paz total‘, como la suspensión de órdenes de captura y la excarcelación de líderes de organizaciones armadas en momentos cercanos a procesos electorales. Aseguran que estas medidas podrían facilitar presiones sobre el electorado en algunos territorios.
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En materia de seguridad, la comitiva citó cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE) que evidencian un aumento de municipios en riesgo extremo por fraude y violencia, pasando de 49 en 2022 a 81 en 2026. También mencionaron datos de la Defensoría del Pueblo sobre violaciones a los derechos humanos con fines electorales y el asesinato de líderes políticos en los últimos años, destacando el caso del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay como uno de los hechos más críticos.
Y sobre el tema de la seguridad electoral, la Defensoría del Pueblo advirtió que solo se ha cumplido el 42% de sus recomendaciones.
Centro Democrático presentó informe de violencia política ante la CIDH Foto:Prensa José Jaime Uscátegui
«A esto se le suma que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tenía conocimiento desde abril de 2024 de las amenazas específicas contra Miguel Uribe Turbay y no adoptó las medidas necesarias, configurando una omisión que facilitó la consumación de un perjuicio irremediable», se lee en el documento.
Agregan que el ‘Plan Democracia‘, la respuesta del Gobierno ante las alertas de inseguridad, tuvo una efectividad limitada por «la estricta temporalidad de las medidas, las cuales finalizan al día siguiente de las elecciones y dejan a los candidatos no electos en una situación de vulnerabilidad».
Inequitativo acceso a medios públicos y campañas de odio en redes
Sistema de Medios Públicos -RTVC. Foto:RTVC
Adicionalmente, denunciaron un desequilibrio en el acceso a medios de comunicación entre el Gobierno y la oposición. Señalaron que, pese a lo establecido en la Ley 1909 de 2018 y a fallos de la Corte Constitucional, no se han garantizado los espacios en radio y televisión para los partidos opositores, lo que —afirman— afecta la equidad de cara a las elecciones de 2026.
Esta situación llevó al Centro Democrático a interponer una tutela. Pese a que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-347 de 2023 y el Auto 601 de 2025, ordenó garantizar estos espacios, persiste el incumplimiento.
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«La Corte Constitucional amparó los derechos del partido mediante la Sentencia SU-347/23.12 En esta providencia de unificación, el Alto Tribunal determinó de forma categórica que la sostenibilidad fiscal no puede ser invocada como excusa para restringir la protección de derechos fundamentales, ordenando a las autoridades realizar las gestiones inmediatas para asignar dichos espacios», señala el documento.
La Defensoría del Pueblo advirtió, de hecho, que esta omisión genera una desigualdad de oportunidades para la oposición, limitando su capacidad de difusión del control político y poniendo en riesgo la equidad democrática.
“La situación actual impide una competencia política equilibrada y distorsiona la libre formación de la voluntad ciudadana”, concluye el documento presentado por el partido ante la CIDH, en el que se advierte que, sin medidas de fondo, los comicios de 2026 podrían no reflejar de manera auténtica la voluntad democrática.
Partido dice la voluntad democrática se podría ver restringida. Foto:iStock
El texto sostiene que la retórica oficial en Colombia se ha convertido en un factor de estigmatización, promoviendo ataques contra prensa y oposición; en 2023, funcionarios públicos habrían sido responsables del 27% de las agresiones a periodistas, señala el informe con base en un un reporte de la Flip.
Además se habla del uso de redes y “comportamiento inauténtico coordinado” para amplificar discursos de odio y hostigar a líderes como Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay.
También denuncia estrategias como “bodegas” digitales y supuesto financiamiento a influenciadores desde entidades públicas como el Dapre o RTVC para promover propaganda y sin ninguna función pedagógica para atacar a la oposición, junto con un aumento de desinformación electoral.
El documento añade que el presidente Gustavo Petro habría debilitado la confianza en las instituciones electorales al advertir sobre fraude.
En conjunto, estas prácticas —según el documento— distorsionan la información, afectan la equidad democrática y podrían derivar en una crisis de legitimidad electoral y mayor violencia política en 2026.
Paula Valentina Rodríguez
Redacción Política
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