En una rueda de prensa convocada por las directivas de la Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma), la institución fijó una postura contundente frente al complejo panorama judicial que rodea a la exrectora Silvia Gette Ponce.
El actual rector, Jorge Senior, y el jefe de la defensa jurídica, Rafael Pacheco, explicaron las razones por las cuales consideran que el fallo del Juzgado Segundo Penal Municipal, que ordenaba reintegrar a Gette a la rectoría, carece de sustento legal y constitucional, además de representar un riesgo inminente para la estabilidad financiera y administrativa del alma mater.
Hilo 🧵
Ayer ofrecí una rueda de prensa sentando posición institucional sobre el caso Gette vs Vargas que pertenece al pasado lejano pero afecta el presente por decisión de un juez. Acatamos los fallos judiciales pero interponemos recursos para defender institucionalidad. pic.twitter.com/Jhd98bZc5r— Jorge Senior UAC (@JorgeSeniorUac) April 21, 2026
La controversia se centra en el auto proferido el pasado 8 de abril, el cual pretendía aplicar el restablecimiento de derechos a favor de Gette, basándose en hechos ocurridos en 2013 relacionados con la sucesión rectoral de Ramsés Vargas Lamadrid. Sin embargo, la administración actual subrayó que dicho proceso ha sido suspendido gracias a una acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que actúa como víctima en el proceso penal.
El acatamiento de la ley y los recursos de defensa
El rector Jorge Senior inició su intervención deslindando a la actual administración de los conflictos históricos de la universidad. «Estos hechos de 2013 nada tienen que ver ni con Jorge Senior ni con la administración actual. Esa es la primera claridad que hay que hacer», enfatizó. No obstante, reconoció que, aunque la institución acata las decisiones judiciales, el sistema legal permite controversiar fallos que consideran erróneos.
Jorge Senior rector de la Universidad Autónoma del Caribe Foto:Redes sociales
«Podemos analizar el fallo porque es controversial, pero debe quedar claro que esta rectoría acata los fallos de los jueces. Lo que pasa es que el sistema judicial también permite recursos para cuando uno no está de acuerdo», señaló Senior, justificando la impugnación de la medida que buscaba retrotraer la situación institucional a hace más de una década.
Las denuncias de la defensa
Por su parte, el abogado Rafael Pacheco fue enfático en señalar que el juez de primera instancia incurrió en múltiples errores técnicos al aplicar el Artículo 22 del Código de Procedimiento Penal. Según Pacheco, el restablecimiento del derecho no puede ser utilizado de manera arbitraria para revertir situaciones que el tiempo y la ley ya han consolidado.
«El restablecimiento del derecho es una figura constitucional… pero esa norma dice que se puede restablecer cuando las circunstancias lo hacen posible. Retrotraer el problema al año 2013 no lo permite el derecho; no es una máquina del tiempo jurídica«, afirmó el jurista.
Pacheco explicó que, tras la apelación de la universidad, el juez concedió el recurso en efecto devolutivo, lo que en teoría habría permitido el ingreso inmediato de Gette a la rectoría. No obstante, la intervención del Ministerio de Educación fue determinante. Un juez constitucional, al admitir una tutela del MEN, dictó medidas provisionales que suspendieron los efectos de la restitución.
Inhabilidades y deudas pendientes
Además, la defensa sacó a relucir la condena por abuso de confianza calificado y agravado que pesa sobre Gette por el desvío de un millón de dólares. «No puede haber resocialización cuando tú no has pagado la multa ni has devuelto el millón de dólares», sentenció Pacheco, haciendo referencia a que la deuda con la universidad sigue vigente y que el proceso de cobro ejecutivo se vería seriamente viciado si la deudora asume nuevamente el control de la entidad acreedora.
Silvia Gette y Ramsés Vargas Foto:Archivo ET
«¿Qué pasaría con el cobro del millón de dólares? Si ella entra a la rectoría, ¿reiniciaría el proceso ejecutivo contra sí misma? Con seguridad total, yo creo que no», cuestionó el abogado ante los medios de comunicación.
El rol del Ministerio de Educación como víctima
La Uniautónoma destacó que el Ministerio de Educación no solo ha intervenido mediante la tutela, sino que es reconocido como víctima del presunto delito que Silvia Gette denunció contra Ramsés Vargas. La defensa sostiene que el juez de control de garantías carecía de competencia para anular resoluciones administrativas del Ministerio sin un análisis profundo de las normas de inspección y vigilancia que rigen a la educación superior en Colombia.
El juzgado de tutela que suspendió la medida coincidió preliminarmente con esta visión, señalando que el juez de garantías podría haber desbordado sus funciones al intentar modificar la estructura administrativa de una universidad que actualmente se encuentra bajo medidas preventivas del Gobierno Nacional.
Aspectos generales de la rueda de prensa. Foto:Redes sociales
Mientras el proceso avanza hacia una decisión de segunda instancia, la universidad intenta mantener su operación académica. Según datos presentados en el contexto del litigio, la población estudiantil ha sufrido una reducción drástica en la última década, pasando de 14.000 estudiantes a menos de 7.000, sumado a pérdidas operativas que en 2024 rondaron los 10.000 millones de pesos.
Para la actual rectoría, el regreso de Gette representaría un retroceso en los esfuerzos de estabilización que se adelantan bajo la supervisión de la Ley 1740 de 2014 (que regula la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia).
Por ahora, Silvia Gette no podrá retomar sus funciones y deberá esperar a que el recurso de apelación sea resuelto por el superior jerárquico, en medio de un ambiente de máxima tensión jurídica y administrativa en la capital del Atlántico.
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