“Lo que encontramos no es un problema menor, es un riesgo real para la vida de los pacientes”, advirtió el diputado Alfredo Varela en la Asamblea del Atlántico, al exponer los resultados del debate de control político sobre la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), sustentado en la auditoría forense de la Superintendencia Nacional de Salud.
La sesión, realizada este martes, estuvo marcada por la ausencia de la interventora Maryury Díaz Céspedes, quien no acudió al llamado de la corporación. En una comunicación, argumentó una “inviabilidad jurídica”, al considerar que no está obligada a comparecer por no ser funcionaria pública, sino auxiliar de la justicia.
Fachada del Hospital Cari, en Barranquilla. Foto:Archivo/EL TIEMPO
El hecho generó cuestionamientos entre los diputados, en medio de un contexto de creciente preocupación por la situación de la red hospitalaria del Atlántico. Varela sostuvo que la discusión no es solo jurídica, sino de responsabilidad institucional frente a una crisis que compromete la prestación del servicio de salud en el departamento.
El debate se dio además en un momento en que el modelo adoptado tras la liquidación del sistema anterior vuelve a ser objeto de críticas.
Según Varela, la reorganización buscaba frenar pérdidas cercanas a $80.000 millones o $90.000 millones, pero en pocos años ha mostrado un deterioro acelerado en sus indicadores financieros y operativos.
Las fallas en la atención
La auditoría de la Supersalud de 2025 concluyó que la ESE presenta incumplimientos generalizados en estándares de habilitación, con deficiencias en infraestructura, dotación y gestión clínica. Entre los hallazgos más sensibles se reportan condiciones inadecuadas en salas de parto, donde se evidenció el uso de camas compartidas, así como la falta recurrente de insumos médicos esenciales.
La red hospitalaria del Atlántico atraviesa serios problemas financieros. Foto:Redes sociales
También se identificaron medicamentos vencidos en servicios asistenciales, fallas en la cadena de frío y ausencia de equipos de control ambiental. La entidad, además, registra equipos biomédicos en mal estado, sin mantenimiento o almacenados en condiciones inadecuadas.
El informe advierte que estas fallas configuran un “riesgo elevado e inmediato para la salud y la vida de los pacientes”, especialmente en poblaciones vulnerables como mujeres gestantes, niños y adultos mayores.
Un modelo que duplicó las pérdidas
Varela viene cuestionando el desempeño del modelo de salud implementado tras la liquidación de la red anterior.
Según explicó a EL TIEMPO, en su primer año registró pérdidas por $18.000 millones, en el segundo por $59.000 millones y en el tercero por $61.000 millones, a lo que se suma un resultado cercano a $21.000 millones o $22.000 millones en el último año.
Aspecto actual del interior del Cari con la presencia del personal de la salud. Foto:Carlos Capella /EL TIEMPO
“Se creó una nueva entidad para corregir, pero en tres años ya duplicó las pérdidas del modelo anterior”, afirmó el diputado, quien advirtió que no se han adoptado medidas estructurales para revertir la tendencia.
Déficit, deudas y dudas contables
El análisis financiero de 2025 muestra que la ESE UNA solo retiene 9,72 pesos por cada 100 facturados. Para generar ingresos por $126.537 millones, la entidad tuvo que asumir costos por $114.234 millones, lo que deja un margen limitado de sostenibilidad.
El déficit operativo se ubicó en $21.664 millones, mientras que los pasivos crecieron en $35.134 millones, alcanzando los $147.762 millones. Las cuentas por pagar suman $144.189 millones, lo que refleja presión sobre proveedores y riesgos de liquidez.
A esto se suman inconsistencias contables por cerca de $19.957 millones entre inventarios físicos y registros financieros, así como la decisión de la revisoría fiscal de abstenerse de emitir opinión sobre los estados financieros por errores materiales.
Contratos millonarios y pagos sin control
Uno de los puntos centrales del debate fue la contratación. La auditoría revisó un contrato farmacéutico por $241.840 millones, con una duración de 15 años, en el que se evidenciaron medicamentos vencidos, fallas en almacenamiento y deficiencias en inventarios.
Hospital universitario de Barranquilla. Foto:Vanexa Romero EL TIEMPO
En paralelo, contratos de mantenimiento por más de $2.267 millones no se reflejan en mejoras visibles en la infraestructura hospitalaria, donde persisten techos con humedad, pisos deteriorados y áreas clínicas en condiciones inadecuadas.
Varela también cuestionó el esquema de pagos. “Por cada 100 pesos que factura el sistema, 90 se van a terceros”, afirmó, al señalar que existen pagos automáticos a contratistas sin verificación del cumplimiento de metas ni indicadores de desempeño.
Ausencia de la interventora
La no asistencia de Maryury Díaz Céspedes fue uno de los puntos más discutidos. Varela consideró que la postura de la interventora limita el ejercicio de control político en un momento crítico.
“Cuando uno tiene compromiso con las instituciones, lo que quiere es buscar soluciones”, afirmó el diputado, quien insistió en la necesidad de revisar el modelo actual y adoptar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad financiera y la calidad del servicio.
El debate dejó en evidencia una crisis que combina fallas asistenciales, desequilibrios financieros y cuestionamientos al modelo de gestión, mientras crece la presión política para adoptar decisiones de fondo en la red pública hospitalaria del Atlántico.
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