Una de las imágenes más icónicas de la emergencia del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, en 2018, además de la inundación de la casa de máquinas, fue lo que sucedió aguas abajo en el río Cauca: las alteraciones del flujo del agua, y la reducción del caudal, terminaron en una mortandad de peces nunca vista en el país.
Un número incalculable de bagres, bocachicos y dorados perecieron a las orillas de lo que quedó del río, en medio de un contexto de altas afectaciones a los recursos naturales, provocadas por quienes operaban y construían, entonces, Hidroituango. Las consecuencias de esas decisiones, además de resultar en un grave daño patrimonial al Estado, también son penales, pues la Fiscalía está preparando un juicio contra tres directivos para intentar condenarlos.
Así quedó la casa de máquinas de Hidroituango tras su inundación como medida de contingencia. Foto:EL TIEMPO.
EL TIEMPO conoció el escrito de acusación, y por ende la teoría completa del caso, en contra del ingeniero Jorge Ignacio Castaño, entonces director ambiental del Proyecto Ituango; el ingeniero Santiago García Cadavid, entonces director contractual del Consorcio CCC Ituango (el contratista); y el ingeniero Álvaro Aravi Castro, para la fecha de los hechos representante legal del Consorcio Ingetec y, por tanto, gerente de la interventoría del proyecto Hidroituango. De acuerdo con la Fiscalía, todos serían responsables de los daños a los recursos del suelo, atmosférico, flora, fauna y social producto de la emergencia en la obra. A Álvaro Aravi y a García Cadavid, incluso, el ente investigador también le acusó el delito de peculado por apropiación, es decir, por presuntamente quedarse con recursos del Estado.
La Fiscalía expone que el proyecto Hidroituango, que estará listo a finales de 2027, abastecerá de energía al 17% del país y que ha tenido sobrecostos por 12,2 billones, según la Contraloría, obtuvo su licencia ambiental en enero de 2009 con la bendición del Ministerio de Ambiente. Desde el principio se expuso que las obras afectarían los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquía, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia. Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomó posesión del proyecto una vez se obtuvo la licencia y entre sus primeras decisiones, dice la Fiscalía, estuvo obtener el aval del constructor y el interventor para implementar una serie de obras que modificaran el diseño licenciado, con el objetivo de desviar el río Cauca. Ello para construir el muro de presa.
“Con ocasión del desfase programático para la que debía ser la única desviación del río y el interés por cumplir la fecha sobre generación de energía, EPM, junto con el constructor de obras principales y el interventor, decidió la implementación de un Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y a construcción de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD)”, se lee en la acusación.
Sin embargo, la Fiscalía reprocha que esas eran obras que modificaban el diseño original, que iban a tener un impacto en la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra autorizada. Según el ente investigador, en febrero de 2014 se hizo el primer desvío del río, sin las compuertas y sin mecanismos de control, en total contravía de lo licenciado. Es decir, debieron haber solicitado al Ministerio de Ambiente una modificación la licencia, lo cual no sucedió.
Hidroituango puso en operación la primera turbina en diciembre del 2022 Foto:EPM
Según la Fiscalía, la nueva construcción, así contratada, se reconoció como “obra extra”, sin que existiese pronunciamiento previo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la cual hubiese tenido la posibilidad de determinar la existencia de impactos ambientales adicionales. “La decisión fue conjunta, pues, el constructor representado por Santiago García ejecutó las obras sin licenciamiento, y el interventor representado por Álvaro Aravi , las aprobó, en representación y con la anuencia de EPM, quien las contrató”, se lee en el escrito. El Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) entraron en funcionamiento en septiembre de 2017. Desde entonces, el río Cauca se desvió, sin que estuviese en los diseños ambientales iniciales, hasta el 28 de abril de 2018.
Justamente, ese 28 de abril es un día hito en este expediente, pues desde entonces se produjo el taponamiento que dio inicio al colapso del GAD y posterior emergencia, que obligó a las autoridades del proyecto a inundar la casa de máquinas, para evitar el colapso total del proyecto. Las consecuencias ambientales fueron impresionantes, según la Fiscalía. Sobre el recurso suelo, el ente investigativo acusó que la implementación del sistema de desviación generó la degradación de las condiciones geológicas de firmeza del macizo rocoso perimetral, afectando la estabilidad general del lugar. La Fiscalía acusó que ello ocasionó “un daño acumulativo por socavamiento y erosión interna de las galerías de desvío”.
En cuanto al daño al recurso hídrico, la Fiscalía acusó que el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación aceleró la construcción de un muro de presa, para evitar la debacle del proyecto. Ello terminó con el desvío del agua por la casa de máquinas, lo que significó un sistema permanente de desvío del río Cauca, que no estaba previsto en la licencia ambiental inicial. El daño ambiental se probaría por cuanto, al final, se perdió el caudal del río Cauca aguas abajo de la presa. Además, por la presunta “alteración de las condiciones físico-químicas del recurso con la consecuente disminución de nutrientes que llegan a las ciénagas, valles o llanuras que dependen de su corriente”. Todo ello causó, señala la Fiscalía, una desconexión entre ciénagas y llanuras inundables aguas abajo de la presa, con la consecuente pérdida de hábitats para los animales.
Hidroituango. Foto:Cortesía EPM
Luego de ello, la Fiscalía acusa los daños en el recurso fauna, los cuales fueron varios: “Ambiente inadecuado para el sostenimiento o supervivencia de especies y organismos asociados al ecosistema acuático; Alteró el ciclo biológico de los peces, al varias las señales ambientales que requieren para su migración y desove; Modificó el proceso de subienda (diciembre a marzo) de especies de peces migratorias como el bocachico, el bagre y el dorado. Provocó la mortandad masiva e incalculable de especies ícticas, no contemplada en los estudios de impacto ambiental; Se trata de un daño grave que disminuyó las poblaciones de especies nativas y endémicas, registradas como amenazadas y en peligro como el capaz, bocachico, bagre rayado del magdalena y el dorado”, se lee.
El delito de peculado por apropiación, acusado a Castro y García Cadavid, está relacionado con las múltiples Actas de Modificación Bilaterales (AMB) firmadas para cambiar los contratos de obras principales y de interventoría, en el marco de las transformaciones que sufrió la estructura. Esas actas, señala la Fiscalía, implicaron recursos del erario, que habrían sido apropiados por EPM en favor de los contratistas para la ejecución de las obras. “La apropiación de recursos se hizo en favor de los contratistas representados por los aquí imputados Santiago García y Álvaro Castro, respecto de quienes se infiere con probabilidad de verdad su responsabilidad por la inversión de los dineros en la construcción de una obra no licenciada, que a la postre colapsó”, se lee. El peculado sería por $330 mil millones.
Así las cosas, esa es la teoría completa del caso por peculado y daños ambientales en contra de los ingenieros Castro, Castaño y García Cadavid. Este diario conoció que la audiencia formal de acusación está para instalarse desde el año pasado, pero actualmente la Fiscalía está respondiendo a distintas solicitudes de los próximamente acusados con respecto a las pruebas que se van a tener en cuenta en juicio. EL TIEMPO verificó que son centenares de elementos materiales probatorios, dispuestos en más de 78 páginas, que deben ser aprobados uno a uno, antes de instalar oficialmente el llamado a juicio penal.
Fiscalía llevará a juicio a altos funcionarios de EPM por catástrofe ambiental de Hidroituango. Foto:Archivo Particular.
¿Qué responden desde los altos mandos?
EL TIEMPO consultó al ingeniero Santiago García Cadavid, imputado como miembro del grupo contratista que construyó Hidroituango. Explicó que, para empezar, la emergencia fue producto de una contingencia: tras haber construido un túnel, siguiendo los diseños de EPM, las autoridades de la obra notaron que el agua pasaba a unas velocidades muy altas y la estructura no podía soportar esa potencia. “Ese túnel colapsó y se generó una emergencia de un tamaño descomunal, porque la hidroeléctrica estuvo a punto de romperse. Para que eso no sucediera se hicieron acciones de emergencia, para evitar lo que pudo ser la peor tragedia en la historia de la ingeniería de la humanidad. Todo se hizo pensando única y exclusivamente en salvaguardar todas las vidas de las personas que dependen del río Cauca”, señaló.
Con respecto a la modificación de la licencia ambiental, la cual está ausente según las pruebas de la Fiscalía, García Cadavid aseguró que ese trámite sí se realizó por parte de EPM. “Yo no me quisiera tomar la atribución de nadie, pero las dos personas que también son objeto de acusación son absolutamente inocentes. Ahora bien, por parte del consorció en el que trabajé, ya un tribunal arbitral concluyó que no fuimos responsables de la contingencia y, por tanto, tampoco de las consecuencias o los supuestos daños ambientales”, explicó. García Cadavid se refiere a un laudo emitido por la Cámara de Comercio de 2023, el cual fue solicitado para su admisión como prueba dentro del juicio.
Con respecto al delito de peculado, García Cadavid señaló que no tiene ningún tipo de sentido en el marco de la investigación. “Aquí nadie se robó un centavo. Al consorcio para el que yo trabajaba le pagaron los precios acordados por un túnel y solamente le pagaron cuando el túnel estuvo. cada parte del túnel estuvo ejecutada y recibida a plena satisfacción del dueño. Sobre los supuestos dineros apropiados, esos $330 mil millones, hay que decir que estuvieron representados en obras correctamente ejecutadas, a valores ciertos, a valores correctos, a valores pactados y siguiendo todas las normas de contratación de Empresas Públicas de Medellín. Y la obra sí se hizo. Hidroituango funcionará. No es como en el caso Centros Poblados”, concluyó.
Fiscalía llevará a juicio a altos funcionarios de EPM por catástrofe ambiental de Hidroituango. Foto:Archivo particular.
Más afectaciones detectadas
Los impactos sobre los ecosistemas aledaños a Hidroituango han sido profundos, especialmente en el río Cauca, cuyo equilibrio natural se ha visto alterado por decisiones operativas y contingencias técnicas que se agudizaron tras las crisis de 2018 y 2019. La situación ha quedado en evidencia, por ejemplo, en la sentencia 17 de junio de 2019 del Tribunal Superior de Medellín, en la que se reconoció al río como sujeto de derechos, al advertir la magnitud del daño causado por esa decisión. “No existe duda en torno a la existencia de una crisis sin precedentes que afectó el ecosistema de fauna y flora que depende directamente del buen estado del río”, se lee en el fallo.
Además, EPM reconoció la muerte de 64.758 peces en 2019. Esta mortandad masiva afectó principalmente especies no comerciales, pero dejó en evidencia el impacto sobre el recurso íctico y la cadena ecológica. Organizaciones como el Movimiento Ríos Vivos Colombia han advertido desde antes de la construcción del proyecto sobre sus consecuencias, y han denunciado impactos acumulados como inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación y contaminación, que han deteriorado tanto los hábitats acuáticos como terrestres.
Las autoridades también han documentado irregularidades. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sancionó en 2018 a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango por otras afectaciones como el vertimiento de sedimentos al río San Andrés, procesos erosivos y daños a nacimientos de agua. Asimismo, en 2019 la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones preliminares por posibles responsabilidades en materia ambiental. Desde el Ministerio Público se advirtió que el daño al río Cauca podría ser, en parte, irreparable. “Prácticamente se secó el río Cauca y eso ha generado un daño que muchos sostienen que es irreparable”, señaló en su momento el entonces procurador general Fernando Carrillo.
Incluso la propia EPM ha reconocido que el establecimiento de hidroeléctricas genera efectos negativos en las poblaciones de diferentes especies terrestres en la zona de influencia. Sin embargo, varias de estas consecuencias, como la mortandad masiva de peces, no estaban contempladas en los estudios de impacto ambiental iniciales. Ahora, la Fiscalía intenta desde lo penal encontrar responsabilidades individuales por la catástrofe ambiental paralela a la emergencia de Hidroituango, a la que se suma una página por presunta apropiación de dinero, que será definida en juicio durante los próximos años. El megaproyecto, por su parte, será rentable hasta dentro de tres décadas, según la Contraloría.
Jhoan Sebastián Cote – Justicia
Natalia Peláez – Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO
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