Después de siete meses de recolectar información, Asobancaria destapó esta semana el ‘cartel de la insolvencia’, el cual podría convertirse en uno de los mayores casos de fraude al sistema financiero del país en los últimos años. El presidente de la asociación, Jonathan Malagón, manifestó que se trata de una estrategia en la que los responsables difunden por redes sociales planes para que los ciudadanos se declaren en insolvencia de manera ilegal, librándose así de pagar sus pendientes con los bancos.
“Es un procedimiento criminal que consiste en que hay una persona que tiene deudas, y se le acercan unos aparentes buenos samaritanos, a veces abogados o consultores, que le dicen: tenemos una buena noticia, y es que no tienes que pagar tus deudas. Te proponemos un negocio: con las deudas que tienes o con las nuevas que adquieras, te vas a declarar en insolvencia”, dijo Malagón.
Jhonatán Malagón, presidente de Asobancaria. Foto:Asobancaria
Esta práctica de abuso a la figura de insolvencia tiene en juego cerca de un billón de pesos e incluiría la falsificación de deudas a través de empresas de papel y alianzas con centros de conciliación, en los que se queda una ‘tajada’ de la plata que deja de pagar la persona al sistema bancario.
Con el negocio se habría creado tanto poder de persuasión que incluso a quienes no están endeudados les ofrecen sacar créditos para irse de vacaciones, y después, con estrategias amañadas, los ayudan a declararse en insolvencia y les cobran un porcentaje del total.
La magnitud es tal que, según Asobancaria, hace una década había 400 procesos de insolvencia en personas naturales, pero sospechosamente el año pasado la cifra subió a 19.400, y para 2026 estipulan 35.000.
Insolvencia Foto:istock
Hay que recalcar que no todas esas personas han actuado bajo prácticas amañadas, por lo que los banqueros están depurando su sistema para separar los casos que les llamen la atención. Lo que sí resaltó Malagón es que hay una coincidencia extraña en el cambio de tendencia, ya que “no ha ocurrido en Colombia un golpe al ciclo económico o una catástrofe que haga pensar que las personas se declaran de un momento a otro en insolvencia”.
Para que las autoridades tomen cartas en el asunto y empiecen a investigar qué está pasando con la figura de insolvencia, Asobancaria radicó una denuncia en la Fiscalía, en la que se exponen nombres de abogados y de oficinas que ofrecen, por TikTok, asesorías de cómo declararse insolvente.
Tanto Malagón como Cancino afirmaron que no se puede satanizar la figura de insolvencia como algo malo, resaltando que está amparada en la Ley 1116 de 2006, que es necesaria y que ha sido una ayuda para quienes necesitan un tiempo para acomodar sus finanzas.
“La insolvencia es un negocio lícito que hay que promover. La mayoría de abogados y promotores son decentes; sin embargo, hay unos pocos que hacen mucho daño”, le dijo Iván Cancino a este diario.
Redes sociales. Foto:iStock
Son al menos dos las denuncias que en los últimos días fueron radicadas en la Fiscalía por un supuesto ‘cartel de la insolvencia’. La de Asobancaria contiene una descripción detallada de cómo, por redes sociales, hay abogados que ofrecen formas de declararse en insolvencia de manera aparentemente indiscriminada.
EL TIEMPO conoció que en la denuncia se mencionan a dos firmas de abogados y a siete personas, entre ellas un hombre de apellido Jinete. Incluye capturas de pantalla, enlaces y otros documentos que analizará la Unidad de Estafas en su Fiscalía 567 de Bogotá.
Cancino dijo que los involucrados podrían ser excluidos de la profesión y responderían por los delitos de fraude procesal, falsedad de documentos y concierto para delinquir, debido a que se trataría de un ‘cartel’ orquestado por una red que han venido detectando.
La segunda denuncia –en la que se habla de un patrón sistemático que ha afectado al sistema– la interpuso el abogado Mauricio Pava, en representación de algunas entidades financieras. En diálogo con EL TIEMPO, el penalista afirmó que pidió a la Fiscalía que asigne un grupo de tareas especiales para investigar este cartel.
“Estos temas ya han sido tratados por la Corte Suprema. El proceso que mi oficina llevó contra Molinos del Cauca es un antecedente en materia de fraude procesal y abuso de mecanismos de insolvencia. Quedó acreditado que los administradores de la sociedad presentaron información financiera falsa ante los bancos con el propósito de ser admitidos en un proceso de reestructuración, induciendo en error a la autoridad”, dijo Pava.
A las responsabilidades penales que analizará la Fiscalía, Jonathan Malagón añadió que los que incurran en esta práctica de manera desleal sufrirán reportes en el historial crediticio que podrían cerrar puertas en servicios bancarios, sin contar las sanciones que les impongan otras autoridades, porque con este tipo de modelos fraudulentos también se impacta al sistema tributario y a la Dian.
Carlos López
Redacción Justicia
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